Cada día nuevos aspectos de nuestra vida incorporan las tecnologías digitales, con innovaciones que, a menudo, nos facilitan la vida o nos permiten hacer cosas antes inalcanzables.  Así, Internet ya es mucho más que el espacio donde nos comunicamos y nos informamos.  Pero, a su vez, con cada paso que damos en el mundo cibernético, vamos dejando rastros, a sabiendas o no.

Estos rastros son los datos –de nuestra identidad, de gustos e intereses, de ubicación y desplazamientos, de hábitos y mucho más—que son el maná del cual se alimentan –y generan enormes riquezas– las grandes empresas del sector digital (por no hablar de las agencias de seguridad, grupos criminales y otros).  En efecto, los datos, que entregamos a cambio de unos servicios aparentemente gratis, son la materia prima de la nueva economía digital, que son monetizados mediante la venta a anunciantes o el desarrollo de servicios que incorporan algoritmos o sistemas a base de inteligencia artificial.

Para garantizar su hegemonía en la economía digital, las grandes transnacionales digitales, que ya son prácticamente monopolios, impulsan su agenda, de la mano de sus gobiernos, a través de los tratados de libre comercio (lo hicieron con el ya abandonado Tratado Transpacífico -TPP- y el de servicios -TISA-, cuya negociación está suspendida; sin embargo, los textos de ambos siguen vivos) y ahora lo trasladan a la Organización Mundial del Comercio, donde proponen abrir negociaciones sobre el “comercio electrónico” para la próxima reunión ministerial en Buenos Aires (diciembre).

Esta agenda corporativa, disfrazada bajo un discurso de “beneficio para el desarrollo y las PYMES”, en la práctica, significaría mayor dependencia tecnológica, comercial y económica de nuestros países, anulando la posibilidad de regular en beneficio de los intereses nacionales y en particular de la ciudadanía y la economía popular.  Apunta a asegurar el libre flujo (extracción) de datos, sin impuestos y con regulaciones mínimas, sin exigencias de transferencia tecnológica, ni almacenamiento local de los datos, ni tribunales de defensa de los consumidores.

Ante este poder desmedido de los grandes monopolios de Internet, cabe preguntarnos: ¿qué pasa con la Internet ciudadana? esa esfera de innovación, creatividad, nuevos medios, compartir conocimientos, tecnologías y espacios libres…  Para buscar respuestas comunes a esta pregunta, se organizó en Quito el Encuentro “Diálogos por una Internet Ciudadana: NuestrAmérica Rumbo al Foro Social de Internet” (27-29 de septiembre), del cual FCINA fue co-convocante.  El encuentro produjo un debate fértil y una rica gama de propuestas, tanto de iniciativas ciudadanas como de políticas públicas nacionales y regionales, apuntando hacia el Foro Social Mundial de Internet. Aquí destacaremos dos temas: el llamado a sumarnos a la movilización para rechazar la propuesta de negociar el comercio electrónico en la OMC; y la necesidad de compartir información y desarrollar iniciativas legales y otras para la protección de nuestros datos.

Para más información sobre el Encuentro y el seguimiento ver: internetciudadana.net