Para la jornada mundial contra la violencia de género, el 25 de noviembre, regresan las estadísticas, siempre más alarmantes. Los más recientes datos de la ONU dicen que en América Latina y el Caribe, no obstante los esfuerzos de algunos gobiernos, se registran los indicios de violencia contra las mujeres más altos del mundo.

En el primer puesto, México. En la capital, desde noviembre del 2016 a mayo han sido asesinadas 101 mujeres, una cada día. Desde mañana, y por 16 días ONU-Mujeres realiza una campaña mundial que adopta el color naranja o violeta. Culminará el 10 de diciembre, jornada internacional de los Derechos Humanos.

En Venezuela, ha ya partido desde principios de noviembre la campaña La Paz comienza en casa, que ha escogido el color violeta para manifestarse en todas las calles y los edificios del país.

El objetivo es aquel de discutir la creación de una Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer, un proyecto de ley que se quedó incompleto luego del giro hacia la derecha del Parlamento Venezolano, en el 2015. Sobre el plato también el balance y el fortalecimiento de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, a 10 años de su aprobación.

Al mismo tiempo se trata de abrir el debate sobre el aborto, la creación del sistema nacional de planificación familiar, la prevención y la reducción de los embarazos precoces y el cuadro de sanciones para los hombres culpables de violencia de género.

Acciones promovidas por la Ministra de la Mujer y la Igualdad de género, Blanca Eekhout como respuesta a la violencia en aumento en contra de las dirigentes populares: la “misoginia política” -como la ha definido la ministra- no ha sido erradicada ni siquiera en la Venezuela socialista. Es más, cuando más emerge el poder de las mujeres a todos los niveles de las instancias sociales, cuanto más han aumentado los feminicidios políticos y los obstáculos patriarcales, evidentes o disfrazados.

Venezuela, donde el feminicidio ha sido incluido en los delitos desde el 2014, es uno de los cuatro países de la América Latina que ha incluido la paridad de género en su sistema electoral. A dirigir el Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los cinco poderes públicos de la República Bolivariana, están cuatro mujeres. En el 2015, el CNE ha aprobado un reglamento especial para garantizar los derechos de participación política paritaria en las elecciones de las diputadas y diputados al Parlamento so pena la erogación de sanciones. Entonces las derechas protestaron y 283 candidaturas resultaron “no presentadas”.

Según un estudio del Observatorio de Género de la CEPAL, relativo al 2016, las Alcaldesas en América Latina y en el Caribe son sólo el 12,5%. Un informe conducido entre 235 Alcaldesas y consejeras comunales en el continente, ha revelado que el 46,9% de ellas ha sido víctima de amenazas o de violencia debido a “misoginia política”.

En Bolivia, donde ha sido promulgada la “Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres” se registraron muchos casos de mujeres víctimas de presiones y agresiones cumplidas por sus compañeros de partido para inducirlas a renunciar al cargo y a hacer lugar al suplente masculino.

¿Y en Venezuela? Seguramente, estadísticas e investigaciones provenientes del campo contrario (o de aquel que se define “neutral”) deben ser siempre tomadas con las pinzas. El dato de las ONG de oposición, según las que, en el 2016, los feminicidios en Venezuela habrían sido 169, es probablemente exagerado, considerando que los datos oficiales comunicados por el Ministerio Público en el 2015 indicaban 75.

La investigación realizada por la sicóloga venezolana Susana Reina, fundadora de la ONG Feminismoinc.org en cambio, podría contener indicaciones sobre las cuales reflexionar. Reina da cuenta de “una rápida investigación cumplida entre seis amigas consejeras comunales y diputadas”. Relata que “con mucha prudencia, sin hacer nombres y con mucha cautela”, cuatro de ellas han afirmado “haber sufrido este tipo de persecución política en carne propia: amenazas, robo de ideas sin indemnización, no ser convocadas a reuniones importantes, firma de acuerdos a sus espaldas, ser candidatas a condiciones de renunciar al puesto una vez electas para hacer subentrar al suplente masculino, ser dejadas fuera de la foto en presencia de los medios, uso de informaciones sobre la vida privada con fines políticos, insinuaciones, sexismo, etcétera”.

También en este cuadro nos parece poder incluir la acalorada polémica surgida alrededor de la candidatura de Erika Farias a Alcaldesa de la capital por el PSUV. ¿Estamos seguras de que se habrían elevado los mismos escudos si al puesto de Erika –que tiene todas las cartas en regla, políticas y simbólicas, para ser candidata– se hubiese tratado de un hombre?

Ciertamente, todavía son muchos los obstáculos que debe superar la mujer en política. Ciertamente, en los períodos más problemáticos no sale lo mejor, y la cuestión de género corre el riesgo de ser reducida a una cuestión más a posponer frente a problemas más importantes. La presión de las fuerzas conservadoras es siempre fuerte y el feminismo vive un chantaje más pesado aún de aquel impuesto por el comunismo.

Entre preceptos clericales y mitos originarios, llamarse feminista, en América Latina, todavía implica un cierto número de distinción o malentendidos. Y así, algunas piden que la avanzadísima Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV, 2014), entre las 21 tipologías de delitos previstos sea incluido explícitamente aquel de la “violencia política”: para evitar que el significado específico no sea diluido en aquel de “violencia institucional”, o “mediática”, o “simbólica”, o por “acoso”.

La libertad de las mujeres es la principal prueba de fuego del nivel alcanzado por una sociedad. En Venezuela, las estructuras y las leyes existen, y están a la vanguardia, en todos los niveles. A más de la LODMVLV, existe un Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, una Defensoría Nacional de la Mujer, dotado de defensores a nivel estatal y municipal e de una Defensoría Delegada Especial de la Defensoría del Pueblo para los Derechos de la Mujer, de Institutos regionales, estatales y municipales encargados de los problemas de las mujeres a nivel nacional, y una Subcomisión de la Mujer, dependiente de la Comisión Para el Desarrollo social. Existen cursos y programas específicos dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en la Universidad experimental para la policía (Unes).

El socialismo bolivariano reafirma ser “feminista y ecosocialista” y debate de estos temas también en la Asamblea Nacional Constituyente, en vigor desde agosto. Sin embargo, es necesario ir a la raíz. La violencia de género es problema estructural que llama en causa a los ejes del modelo dominante, aquel capitalista, e interroga en lo profundo también a quien se pone sobre el camino del socialismo.

Temas que, también en Italia, serán llevados a la Plaza por el Movimiento Non Una di Meno, que ha presentado el “Plan feminista contra la violencia masculina sobre las mujeres y todas las formas de violencia de género”.

“Ni una menos, Ni una más”, gritan las mujeres en Venezuela y en toda América Latina. El 25 de noviembre recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, ocurrido en el 1960 en la República Dominicana por orden del dictador Trujillo. En su país, la violencia de género todavía es altísima, mueren cada año 102 mujeres.

Pero el 2 de noviembre de este año, centenares de hombres han participado en una marcha contra los feminicidios en la capital Santo Domingo, con el slogan: “Detener la violencia de género es un deber de hombres” y “Marchamos por un masculinidad mejor”.

En Venezuela, el 25 de octubre ha sido instituida la Jornada del Socialismo Feminista, decretada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente para recordar el día en que Hugo Chávez se ha declarado abiertamente feminista y partidario de la libertad de las mujeres.

24.11.2017

(Traducción Gabriela Pereira)