La renegociación del Acuerdo de La Habana continúa en el Congreso de la República como producto de la decisión de la Corte Constitucional que habilitó al Congreso de la República para introducir cambios y para votar artículo por artículo de los proyectos que se están tramitando por la vía del fast track. Si lo que pretendía la Corte como argumentan algunos analistas era dotar de mayor consenso político a las normas que buscan la implementación del Acuerdo tal ampliación no se ha visto y por el contrario la decisión de la Corte abrió un boquete para que los parlamentarios hagan todo tipo de exigencias burocráticas al gobierno que ve como sus mayorías se diluyen y cada vez le resulta más difícil lograr el quórum y más difícil aún lograr los votos que se requieren para aprobar las leyes que se tramitan.

La clase política ha mostrado en esta legislatura la pequeñez de sus intereses y el clientelismo del que se alimenta para reproducirse. Los opositores al proceso de Paz encabezados por el Partido Centro Democrático que lidera el hoy senador y ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, mantiene la misma estrategia y en nada cambio de actitud aún con la demanda que presentó uno de su senadores ante la Corte Constitucional y que dio pie al fallo mencionado. Su estrategia es el obstruccionismo y la oposición sin alternativas. Asisten a los debates, presentan proposiciones sustitutivas para entorpecer el trámite de los proyectos y al momento de votar se retiran de las sesiones. Así pues la decisión de la Corte no contribuyó a dotar de mayor legitimidad a las normas modificadas de los Acuerdos en el Congreso; lo que se ha visto por el contrario es un Congreso ausentista, negociando por debajo de cuerda cuotas burocráticas, levantando modificaciones absurdas y aprobándolas a la luz pública sin mayores argumentos jurídicos. La oposición de derecha en este proceso lo único que ha hecho es obstruir y reiterar su rechazo a todo lo acordado entre las FARC y el Gobierno.

En la agenda sometida al trámite rápido se hundieron el proyecto de reforma rural integral, el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el proyecto de sometimiento de las estructuras paramilitares, estos no alcanzaron a ser tramitados. La alternativa que ha planteado el gobierno es la presentación de los mismos con mensaje de urgencia, pero, el problema no son los tiempos sino el boicot que sectores de Cambio Radical y del Partido Conservador aunados al Centro Democrático vienen practicando con relación a estos proyectos. Las mayorías con que contaba el Gobierno al momento de aprobar el 30 de noviembre del año 2016 en el Congreso los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno se han diluido y este es el problema principal. Por tanto Santos tendría que replantear su coalición, ajustar los apoyos con que cuenta y barajar ahí si las alternativas y mecanismos o excepcionales como el uso de los Estados de Conmoción o la vía parlamentaria para apurar su aprobación pues algunos de ellos son vitales para la estabilización y el avance del proceso. Son urgentes el proyecto de cultivos de uso ilícito pues las normas deben despenalizar a los pequeños cultivadores para poderlos incluir en el Plan de Sustitución de Cultivos y esto que está en marcha es urgente toda vez que según informes del propio Gobierno se han inscrito en el programa 115 mil familias que esperan poder incorporarse a la economía legal pero para ello requieren dos cosas que no están garantizadas: marco legal y dinero. Lo propio habría que decir del proyecto de sometimiento de las estructuras paramilitares que mejoraría enormemente la seguridad en regiones en que tienen presencia y también la seguridad de los guerrilleros de las FARC reinsertados. La urgencia es evidente y por eso duele la indolencia con la que los congresistas acuden a la dilación, a la oposición irresponsable cuando cientos de miles de familias dependen de sus decisiones.

El proyecto de reforma política fue hundido. Brevemente digamos que este proyecto prescindió de las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, MEE, creada a instancias de los Acuerdos de La Habana. Desde el comienzo se presentó un proyecto muy corto en sus expectativas que se limitaba a reformar el Consejo Nacional Electoral, CNE, que separaba las personerías jurídicas de los partidos de los umbrales, que establecía la lista cerrada y la eliminación del voto preferente a partir de las elecciones de 2022, establecía el financiamiento preponderantemente estatal y establecía unos mejores mecanismos de control a las finanzas de las campañas electorales, pero, con el paso por el Congreso el proyecto se fue llenando de propuestas que nada tenían que ver con los Acuerdos de La Habana: restablecía el transfuguismo electoral con lo cual debilitaba la disciplina y las bancadas, establecía la posibilidad de que los Partidos Pudieran hacer alianzas para resolver problemas coyunturales que enfrentan algunos partidos. Pero además en su paso por el Senado de la República los contenidos empeoraron. Para muestra un botón: la Cámara estableció que las cinco facultades de derecho mejor calificadas del país elaboraran 9 ternas para de allí elegir en el Congreso en pleno a los 9 consejeros del CNE, esta propuesta garantizaba avanzar en la garantía de una autoridad administrativa autónoma, independiente, que garantizara transparencia en los procesos electorales que es una necesidad de la democracia pues el actual Consejo Nacional Electoral es un organismo politiquero, ineficaz, al servicio de los intereses de los partidos que son los que los eligen. Eso por lo menos le daba un contenido mínimo pero progresista al proyecto. Cuando llegó al Senado de la República se cambió completamente la propuesta ahora el presidente de la República postularía cinco ternas, los partidos de la oposición dos ternas y los partidos independientes dos ternas, con lo cual volvemos a lo mismo. Pero además se negó las listas cerradas. La crítica que se levantó en la sociedad civil, la oposición pública de las FARC a estos contenidos llevó a que finalmente con 68 votos el proyecto fuera archivado. Eso era lo correcto frente al orangután que habían creado en el Congreso. Así pues uno de los temas centrales del Acuerdo que era la aprobación de una reforma política para profundizar la democracia ha sido incumplido. Este como lo hemos dicho fue uno de los motivos para el alzamiento armado de las FARC y de otros grupos insurgentes.

Ahora bien dos proyectos siguen en trámite a la espera de que los informes de conciliación sean aprobados en Cámara y Senado. Nos referimos por una parte al proyecto de Acto Legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz para beneficiar a los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado entre el Estado y las FARC. Allí la Agencia Nacional de Renovación del Territorio viene adelantando la preparación de 16 planes de desarrollo con Enfoque Territorial. Estos municipios fueron golpeados de manera muy significativa por la confrontación y en ellos las FARC tenían efectivamente un dominio territorial y ligado a ello sus economías estaban muy relacionadas con los cultivos de coca y a la minería ilegal. No podría ser de otra manera pues estas eran las principales fuentes de financiamiento de ésta insurgencia.

Para incorporar estas regiones el Acuerdo acertadamente desde mi punto de vista plantea la realización de planes de sustitución, la puesta en marcha de los planes de desarrollo que deberán estar listos en el primer trimestre de 2018 y un aspecto muy importante darles visibilidad política organizando 16 circunscripciones especiales de paz para que puedan elegir a 16 representantes a la Cámara. Pero la oposición y la mezquindad de la clase política no tienen límites. La derecha ha descubierto que esas zonas tienen cultivos de uso ilícito y minería ilegal, que allí existen organizaciones que eventualmente simpatizaban con las FARC que ejercieron dominio y establecieron un orden social allí, y por ello, es en esas zonas en donde se ha asesinado al 46% de los líderes sociales que ya suman 196 desde enero de 2016 y que aún el gobierno niega la sistematicidad de los mismos y el señor Fiscal muy ocupado en entorpecer y poner trabas al proceso de Paz no da resultados en su deber de investigar estos crímenes como el de los 7 campesinos masacrados al parecer por la policía antinarcóticos en Tumaco el 5 de octubre del presente año. Ahora vienen a descubrir que esas son las características básicas de esos 170 municipios y es precisamente por eso que son importantes los planes de desarrollo, el programa de sustitución de cultivos y las curules en el Congreso, para eso se hizo la paz, para que esos territorios sean incorporados al país, a la legalidad, al desarrollo y es allí donde se debe hacer un gran esfuerzo para construir vías terciarias, escuelas, puestos de salud y por supuesto el Ejército Nacional y la Policía, deben asegurar el dominio sobre estos territorios cosa que tampoco han hecho. De eso se trata la paz.

Finalmente el otro proyecto es el que reglamenta el Acto Legislativo que creo la Jurisdicción especial de Paz. Como ya se dijo el fallo de la Corte Constitucional debilita el sistema integral de Justicia para la Paz al decidir que los terceros responsables y los aforados constitucionales podrán acudir voluntariamente pero el Tribunal de la JEP no tiene competencia para juzgarlos e investigarlos. La Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria y resolvió de manera adecuada, a mi juicio, algunos de los temas más polémicos que había establecido el Senado de la República.

Quienes incumplan las obligaciones como decir toda la verdad o reincidan en delitos pierden de inmediato los beneficios.

Los listados de los miembros de las FARC quedan cerrados, es decir, que no se pueden incluir más personas sino aquellos que ya han sido acreditados por el Gobierno Nacional.

Para efectos de los terceros responsables y los Agentes del Estado que no pertenecen a la Fuerza Pública, se establece un procedimiento para que decidan si acuden o no voluntariamente a la JEP, se crean barreras para que los procesos no queden en suspenso y evitar así las prescripciones.

En los llamados delitos de ejecución permanente como por ejemplo el narcotráfico, cualquier acto de continuidad del mismo, que haya sido ejecutado a partir del 1 de diciembre de 2016, dará lugar a la pérdida de los beneficios de la JEP.

Los miembros de las FARC tienen garantizada su participación política en las próximas elecciones. La Cámara determinó que los excombatientes podrán ser elegidos al Congreso, posesionarse y mantenerse en sus curules, cumpliendo algunas condiciones, entre las que se cuentan presentarse ante la JEP. Los miembros de las FARC que sean condenados mientras ejercen su labor en el Congreso, deberán dejar las curules en caso de que las penas deban cumplirse en establecimientos penitenciarios.

Los Jueces de la JEP evaluarán en qué condiciones se pueden hacer compatibles la sanción y el ejercicio de los derechos políticos. Si no se confiesa toda la verdad no se podrán ejercer derechos políticos.

Las víctimas deberán tener especial protección de sus vidas y podrán declarar libremente ante la JEP. La Cámara determino que las víctimas, testigos e intervinientes puedan acceder ante el programa de la Unidad Nacional de Protección para garantizar sus derechos.

Las inhabilidades de los magistrados de la JEP son las mimas de los magistrados de las Altas Cortes. La Cámara tumbó el mico que había aprobado el Senado que buscaba inhabilitar a los defensores de derechos humanos que fueron elegidos en la JEP. Esto era como se ha señalado abiertamente inconstitucional.

Quienes se sometan a la JEP podrán recusar a los magistrados que estén conociendo de los procesos así como los propios magistrados podrán declararse impedidos para determinados casos por considerar que han tenido injerencia en el mismo.

Los militares y miembros de la Fuerza Pública concurrirán a la JEP.

Los perpetradores de delitos sexuales contra menores quedarán excluidos de los beneficios de la Justicia Especial de Paz y serán juzgados por la Justicia Ordinaria. Y los condenados en esta jurisdicción perderán todos los beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos en la JEP. Este último artículo es un agregado y modifica al Código Penal y además no fue discutido en todos los debates por lo cual se puede caer en la Corte Constitucional.

La JEP ahora queda pendiente de la conciliación de los Proyectos aprobados en Cámara y Senado y finalmente este texto irá a revisión de la Corte Constitucional. Es importante que aún con las limitaciones establecidas por la Corte y por el Congreso finalmente se pueda poner en marcha este que es el mecanismo para brindar justicia a las víctimas.

Bogotá 29 de noviembre de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur

https://www.sur.org.co/sin-reforma-politica-una-jurisdiccion-paz-recortada/