A los senadores de los partidos Revolucionario Institucional y al grupo de Acción Nacional que maneja el expresidente Felipe Calderón, les entraron las prisas por aprobar la Ley de Seguridad Interior que legaliza, por debajo de la Constitución, el protagonismo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, cuando fueron capacitados para combatir enemigos.

Los legisladores del abogado están empeñados en mostrar que al periodista Álvaro Delgado le asiste la razón en los hechos que documenta en El amasiato: el pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas. Tampoco es casualidad que Margarita Zavala como candidata “ciudadana”, cuando trabajó y vivió del PAN, forme parte de la estrategia del grupo gobernante para fragmentar el voto del Frente por México y del Movimiento Regeneración Nacional.

Los senadores de Calderón Hinojosa dan por hecho que la próxima semana “contaremos” con Ley de Seguridad Interior porque, juran, se discute “desde hace 10 años” y el “Ejército que participó en el rescate de damnificados es el mismo que combate al crimen organizado”.

La nueva portadora de la Medalla Belisario Domínguez que entrega precisamente el Senado y frente a Enrique Peña Nieto, el promotor más distinguido de la militarización de México en los últimos cinco años, desmintió a los senadores mencionados al solicitarles “abrir un debate profundo e incluyente” en torno la impugnada iniciativa de ley.

Julia Carabias Lilo, bióloga y ambientalista, propuso que el debate “reconozca la labor realizada por las fuerzas armadas e intente reconstruir la seguridad y revertir la espiral de la violencia”. Mas no dejó margen para la duda: “Al mismo tiempo que esto impulse alternativas en la procuración civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonancia con nuestra Constitución”.

En tanto que Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó “su profunda preocupación” por el contenido de la minuta y recuerda que en el Senado “la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone” porque “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Más claro ni el agua, convertida en negocio de trasnacionales. Y enlistó las observaciones preliminares de la ONU-DH sobre la Minuta: ambigüedad de conceptos; violación al principio de necesidad; papel indebido de las fuerzas armadas; sometimiento de la autoridad civil al mando militar; ausencia de controles; ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones; indebida regulación del uso de la fuerza; indebida protección y garantía de los derechos humanos; afectaciones a la protesta social; ausencia de transparencia; lesión a la autonomía; inconstitucionalidad e inconvencionalidad; ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y ausencia de explicitud de los principios rectores.

Concluye Jan Jarab con un llamado al Senado a no aprobar la Minuta como Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

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