Hay en Venezuela (aunque se dude de ello) una deslegitimación institucional en ascenso que es producto de la desconfianza popular en relación con la transparencia y la eficacia del Estado y a quienes conforman su estamento burocrático, en sus distintas categorías. Esto sitúa al pueblo y a aquellos que han optado por trascender el marco referencial representado por la oposición derechista y el chavismo gobernante ante la coyuntura que anticipara en su tiempo León Trotsky: “O el poder constituyente es permanente o se produce la inminente institucionalización burocrática del proceso revolucionario, es decir, su confiscación y su disolución por parte del Estado burgués”. Al pueblo -en sus variadas formas organizativas autónomas- le corresponde asumir y ejercer el poder de un modo constituyente, disolvente e instituyente, dando nacimiento a una nueva gubernamentalidad, que sea, a su vez, expresión y reflejo permanente de la democracia participativa y protagónica que se pretende construir, como condición propiciadora de una democracia directa; eliminando así toda intermediación e influencia estatista y partidista que frustre o amenace su posibilidad.

Esto implica no sólo la recuperación de las formas que den vida a la democracia sino su reformulación y/o recreación por parte de los sectores populares, convirtiendo, al mismo tiempo, en acción su voluntad política. Bajo tal orientación, se debe impulsar y lograr que las clásicas estructuras del Estado liberal burgués por eliminar (y aquellas que las reemplazarán) respondan a esa acción y a esa voluntad política de los sectores populares en vez de hacerlo -como ha sucedido siempre- según la visión y los intereses particulares de una minoría; en un proceso dialógico, de interacción y de alteridad de liderazgos. Toca, por consiguiente, definir la naturaleza del poder existente y cómo podrán (y deberán) ejercerlo realmente los sectores populares, de manera que tiendan éstos en hacer desaparecer por completo los rasgos, los procedimientos y la ideología que legitiman las relaciones jerárquicas que de tal poder se originan.

No obstante, hay una realidad que no puede pasarse por alto. Desde un punto de vista objetivo y nada sectario, es factible afirmar que en Venezuela -lejos de asentarse la construcción de una hegemonía radical y eminentemente popular, con alta incidencia en los asuntos y en la toma de decisiones del Estado- estaría instaurándose un poder burocrático corporativo, con la anuencia interesada de civiles y militares involucrados, de un modo más efectivo que lo alcanzado por adecos y copeyanos durante el período puntofijista, incluyendo sus altas cuotas de corrupción administrativa; alrededor del cual todo giraría, sin cuestionamientos ni opciones potenciales que se le opongan. Un asunto que pocos perciben y que muchos, aún envueltos por su fe en el discurso oficial, se niegan obtusamente en admitir, lo que apenas pareciera remecerse cuando el mismo gobierno revela la caída de alguno de sus “cuadros revolucionarios” por delitos de corrupción. Esta circunstancia tiende a reforzarse sobre la base de la esperanza de los sectores populares de resultar bendecidos -de una u otra forma- por las dádivas gubernamentales, lo que dificulta, en una primera instancia, que éstos capten dónde se ubica y cuál es el origen de las dificultades para que exista y se consolide, de verdad, un poder popular soberano.

En medio de este contexto, todavía cabría plantearse un programa de lucha que se trace como una de sus metas fundamentales rescatar y reconceptualizar el ámbito de aplicación y rasgos esenciales de la democracia participativa y protagónica, convertida ahora (y esa debiera ser la tendencia), por obra y gracia de la acción popular, en democracia directa. En conexión con este planteamiento, se ha de comprender -como lo expone el sociólogo mexicano Pablo González Casanova- “que la lucha popular por una democracia sin justicia y sin independencia nacional no tiene sentido. Por eso no puede lograr nada o durar nada. Mientras tanto, la lucha por una democracia soberana con justicia social tiene altas probabilidades de convertirse en la nueva alternativa histórica, y por eso es perseguida”. Aunque luzca improbable, semejante programa adquirirá forma y contenido de existir un mínimo de voluntad y de audacia teórica de parte de sus promotores. Para hacerlo viable y confiable, no deberá limitarse únicamente al campo político, como es cosa habitual entre muchos reformistas. Las condiciones objetivas (y hasta subjetivas) inducen a pensar -pese a los factores adversos existentes, reales y/o aparentes- que éste es el momento preciso para su puesta en marcha. Solo bastarían convicción y compromiso.