“Los migrantes forzados, los refugiados y los deportados, son un ejemplo fehaciente e innegable del mundo como un escenario crónicamente desigual y estructuralmente inequitativo. En la era de la globalización los derechos humanos no se cumplen ni se respetan. Como justificar la deportación (expulsión) de miles que salieron de su país de origen buscando sobrevivir y trabajaban en arduas condiciones para salir adelante en un sitio ajeno. Es injusto llamarlos “criminales”, cuando sólo buscan la perspectiva de un futuro mejor y una vida digna”.

Urbano Arbide.

Deportados mexicanos y xenofobia

En las últimas décadas, el gobierno estadounidense que más mexicanos sin documentos ha deportado fue el gobierno de Obama, con cifras que oscilaban entre los dos y tres millones de personas; la mayoría de los migrantes deportados habían sido capturados en el intento de cruzar la frontera e ingresar a Estados Unidos (EU). Esta cifra, al igual que el número de migrantes mexicanos en situación irregular que trataban de ingresar a EU, fue bajando notoriamente con el transcurso de los años.

No obstante, con la llegada de la actual administración estadounidense, las deportaciones han aumentado otra vez y, ahora, están orientadas por un exacerbado racismo como política migratoria; donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU ha tenido un papel tan destacado en las actuales detenciones, como antes lo tuvo la Patrulla Fronteriza años atrás. De acuerdo al Pew Research Center, la diferencia entre el último año de la anterior administración de EU y el primero de la actual ha sido notoria y alarmante –pasando de poco más 110 mil a más de 143 mil-, también es drástica la creciente cifra de deportados mexicanos entre inicio del actual gobierno y la presente fecha.

A esto habría que añadir un dato importante, mientras antes la mayoría de las detenciones de los mexicanos acontecían en la frontera, ahora se dan dentro del interior del territorio de EU y muestran una política gubernamental de acoso, persecución y criminalización de los migrantes sin documentos en sus diversos lugares de trabajo, sus hogares y los sitios donde transitan y realizan su vida social. Medidas que, desde una visión sesgada y que se basa más en prejuicios estigmatizantes y ficciones discriminatorias, se justifican mediante la repetida mentira de que la mayoría de los migrantes mexicanos son “peligros criminales”.

No obstante, la realidad y muchos estudios académicos, demuestran lo contrario. La gran mayoría de los migrantes no tiene antecedentes delictivos y son individuos que, ante la falta de opciones de desarrollo socio material y frente a adversos contextos de vida, se vieron forzados a salir de su hogar, en la necesidad de buscar en otro país las oportunidades de bienestar que les fueron negadas en sus lugares de origen.

Los migrantes mexicanos, de la explotación laboral a la migración forzada

El grueso de los migrantes mexicanos sin documentos, lejos de ser “los peligrosos delincuentes” de una retórica xenófoba y desinformada, son trabajadores mal pagados que, al reducir los costos de producción de diversas mercancías y bienes, incrementan las ganancias de sus empleadores y de las corporaciones –de la agricultura, la construcción y la manufactura-, quienes se aprovechan de ellos y su necesidad de trabajo. Más que ladrones y delincuentes, las centenas de miles de migrantes generan más riqueza y aceleran los procesos de acumulación de capital.

Considerando que, por lo general, los mexicanos en situación irregular en EU reciben un menor salario, se encuentran en condiciones precarias de trabajo y carecen de seguridad social y derechos laborales plenos, son claramente trabajadores explotados y en situaciones de marginación social. A estas adversas condiciones de vida que ya estaban presentes desde años atrás, ahora se suman las agresivas políticas del actual gobierno de EU que, al criminalizarlos y estigmatizarlos por carecer de documentos migratorios, los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y de una clara exposición a vejaciones y violaciones de sus derechos laborales y humanos, tanto por las autoridades como por los grupos xenófobos.

A pesar de que no tienen las dimensiones de los primeros años de la anterior administración, en el actual gobierno de EU las deportaciones ya han afectados a más de cien mil mexicanos que habitaban en EU y fueron forzados a regresar a México; muchos de los cuales ya tenían hecha su vida en aquel país. Las deportaciones tienen que leerse, más que como una suerte de migración de retorno y dada la violencia y agresión que actualmente implican, como una migración forzada que, contraria a la voluntad de los deportados, obliga a estos mexicanos a volver a un país del que tuvieron que salir por diversas razones. Por ello, son doblemente expulsados y marginados, primero de su país de origen cuando años atrás salieron en busca de un futuro mejor, y, ahora, del país de destino que los fuerza a salir contra su decisión por carecer de documentos migratorios. No pocos de los migrantes, tras años de vivir en EU, habían fincado ya su hogar y familia en aquel país.

Además, las deportaciones no sólo afectan a los propios deportados, sino también a los núcleos familiares y las redes sociales de las que formaban parte. Son miles de hogares los que han quedado separados y divididos, expuestos a procesos de fractura socio familiar y contextos de stress psicológico y de precariedad material; además de un número mucho mayor de familias que viven en la zozobra de ser blancos potenciales de las deportaciones.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

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