La puesta en marcha del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado entre la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Estado colombiano que tuvo una duración de más de cincuenta años ha enfrentado múltiples obstáculos. El primero el revés tras la derrota del SI en plebiscito convocado y llevado a cabo el 2 de octubre del año 2016 que dejó debilitado el proceso y dio nuevos aires a quienes se han opuesto a las negociaciones y a parte de lo pactado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla y que se tradujo en un Acuerdo Final alrededor de cinco puntos: reforma agraria integral, reformas políticas, sustitución de cultivos ilícitos y tratamiento de salud pública y disminución del daño al consumo de sustancias psicoactivas, víctimas y reincorporación de cerca de 12 mil guerrilleros a la vida civil.

Todas las evaluaciones acerca de los avances y cumplimiento de los acuerdos estiman que apenas se ha cumplido un 20% de lo acordado, un bajo nivel de cumplimiento. De atrasos e incumplimientos los más graves están relacionados con las alternativas productivas y de ingresos que den estabilidad y permitan las condiciones para la reincorporación de los excombatientes a la sociedad. Precisamente uno de los problemas actuales que fue puesto en evidencia por los embajadores de tres países europeos que señalaron el atraso en la puesta en marcha de las alternativas productivas como también presuntos malos manejos y corrupción en los organismos estatales y en el manejo de los programas que tienen ese objetivo. Inicialmente el Gobierno de Juan Manuel Santos negó esos señalamientos, pero, con el correr de los días y ante la abundante evidencia, el propio presidente de la República tuvo que reconocer que no solo hay atrasos sino que el manejo de los recursos tanto del presupuesto nacional como de los donantes internacionales estaba plagado de clientelismo, falta de transparencia en las adjudicaciones.

El mayor problema como se ha señalado está relacionado con la puesta en marcha de los proyectos productivos y la generación de alternativas económicas para los excombatientes. El Gobierno públicamente asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de un manejo ágil y transparente tanto de los fondos provenientes de las donaciones internacionales como de recursos públicos destinados al financiamiento de la puesta en marcha de los acuerdos. Como medidas inmediatas para cumplir con este propósito el Gobierno despidió a la responsable en la presidencia de la República del manejo de cuatro fondos en los que se habrían presentado los mayores problemas. Así mismo el Gobierno adquirió el compromiso de imprimirle celeridad a la aprobación de los proyectos presentados por los excombatientes al tiempo que el proceso de aprobación sea transparente y público. Corresponde ahora una responsabilidad tanto del Gobierno como de las propias FARC a este nuevo compromiso así como la labor fundamental de veeduría ciudadana que deberá hacerse a los fondos destinados al financiamiento del proceso de Paz.

La detención de Jesús Santrich

Sin salir de las denuncias por los malos manejos que acrecienta la desconfianza tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil colombiana al proceso de paz y a su implementación sobrevino otro hecho de la mayor gravedad, a un proceso que sigue enfrentando una virulenta oposición de por parte de las fuerzas política enemigas de la Paz, el día lunes 9 de abril la Fiscalía General de la Nación allanó la casa y detuvo al exjefe guerrillero Seuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, por cuenta de una investigación de agentes federales de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quienes habían obtenido una orden de detención internacional de la Interpol  en contra de este exjefe guerrillero acusado de presuntamente negociar el envío de 10 toneladas de  cocaína a los Estados Unidos. La investigación habría sido coordinada con la Fiscalía Colombiana que sigue sin dar explicaciones de porque no se habían puesto en marcha mecanismos en Colombia para denunciar a Santrich ante las autoridades colombianas y más aún porque como lo exige la ley no se había dado información ni se habían emprendido las acciones judiciales pertinentes ante la recién instalada Jurisdicción Especial para la PAZ, JEP, que según la legislación vigente es quien debería haber conocido y tramitando en primera instancia la orden internacional de detención.

La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, Patricia Linares señaló que se habían enterado por los medios de comunicación y aún hoy no se sabe si las supuestas pruebas ya fueron enviadas a la Sala de Revisión de la JEP quien legalmente deberá establecer si los presuntos delitos se cometieron después del primero de diciembre del año 2016 y si es así entonces el organismo competente para la revisión de la solicitud y de sus soportes debe ser la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este organismo en comunicación pública del miércoles 11 de abril señaló con claridad lo que no hizo el Fiscal Néstor Humberto Martínez, dijo la Corte que en primera instancia quien debe conocer de la solicitud y debe resolver es la Sala de Revisión de la JEP.

En Colombia ya se empiezan a conocer las supuestas pruebas que tendría la justicia de los Estados Unidos. La Fiscalía reveló conversaciones telefónicas, fotografías y videos que evidenciarían la participación de Jesús Santrich en la supuesta negociación para el envío del alijo de cocaína que tendría como destinatario al cartel de Sinaloa. Aunque la totalidad de las supuestas pruebas no se conocen, lo que está en claro es que los señalamientos en contra de Santrich son muy graves y de probarse sus supuestos vínculos con la operación de narcotráfico, podría enfrentar la extradición a los Estados Unidos.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, ha rechazado la detención de Santrich y ha señalado que se trataría de un supuesto montaje de la Fiscalía Colombiana y de DEA y ha reclamado por el cumplimiento de los Acuerdos señalando que a quien corresponde resolver esta denuncia es a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. El día miércoles se produjo una reunión de la dirección de la FARC con el presidente de la República y otros altos dignatarios del Gobierno para considerar esta grave situación, al término de la misma Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe político de la FARC señalo que el presidente Santos se habría comprometido a garantizar un debido proceso a Santrich y a que funcionen los mecanismos tanto jurídicos como políticos para resolver esta difícil situación. Londoño reitero que la FARC honrarían los acuerdos y que se mantienen firmes en el cumplimiento de los mismos pese a los incumplimientos del Gobierno.

Ahora bien en todo este proceso lo que se muestra una vez más es la animadversión del Fiscal General de la Nación no solo con el proceso de Paz del cual ha sido un crítico permanente sino también con la JEP. El manejo que dio a este hecho así lo demuestra. Con el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte, Martínez Neira está obligado a trasladar el proceso a la Sala de Revisión de la JEP y es a esta instancia a la que corresponde evaluar las pruebas y decidir si da traslado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien debe resolver sobre la solicitud de extradición si como aparentemente lo muestran los hechos éstos ocurrieron después del primero de diciembre del año 2016.

Ahora bien la JEP haría bien si examina el acervo probatorio que acompaña la solicitud de extradición lo cual sentaría un precedente judicial muy importante dado que actualmente la Corte Suprema de Justicia no examina de fondo las pruebas que sustentan las solicitudes de extradición en Colombia. La Corte se limita a comprobar que las solicitudes de extradición provengan de autoridad competente sin entrar a valorar las pruebas que acompañan esas solicitudes de extradición. Pero además la JEP debe valorar si es conveniente para garantizar los derechos de las víctimas que proceda la extradición en este caso de un dirigente de las FARC.

Desde el punto de vista político la detención de Santrich da argumentos a la oposición pero también a los defensores del proceso. A la oposición que ha señalado que los nexos de las FARC con el narcotráfico se mantienen y a los que defienden el proceso que muestran que no habrá impunidad y que no se negoció la impunidad en los Acuerdos de La Habana. Por ahora los más perjudicados son las FARC y aún podrían ser más perjudicados puesto que arriesgan con perder la curul de Santrich en la Cámara de Representantes. Ya veremos cómo resuelve la JEP esta papa caliente que le cayó literalmente en las manos.

Bogotá 12 de abril de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/la-crisis-del-proceso-de-paz-en-colombia/