Los últimos días han sido intensos para el debate. Pronto termina el primer período constitucional para el cual, en el año 2013, Nicolás Maduro Moros resultó electo y ya se celebraron las elecciones de Presidente para el periodo constitucional que inicia en enero de 2019. El clima político está determinado por algunos temas centrales: los precios, el contexto internacional y las medidas otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su Comisión de la Verdad, a ochenta ciudadanos que estaban siendo juzgados o cumplían penas por actos relacionados con las guarimbas de 2014 y 2017.

Sobre este último tema han existido en el seno del chavismo las más amargas discusiones pues hay quienes consideran que esta decisión política puso en jaque el anhelo de justicia de la gente, otros, que no todas las víctimas fueron debidamente consultadas o aseguraron que a partir de ahora los que ya cometieron crímenes de odio, regresarían repotenciados por un anhelo de venganza por los tiempos que estuvieron encarcelados.

No es mi estilo jugar a suposiciones y en este tema, decidí no publicar ninguna opinión en caliente porque un asunto tan grande no puede abordarse solamente explicando los tecnicismos. Claro que era importante –y lo sigue siendo- ubicar que las acciones las dirigió la Asamblea Nacional Constituyente y no el Presidente de la República así como que no se trata de indultos sino de aligeramientos del modo de cumplimiento de la pena, lo que significa que estas personas siguen teniendo antecedentes, pueden regresar a la cárcel y que no tienen una libertad plena.

También es necesario acordarnos que no hay mucho espacio para la sorpresa porque desde el primer momento y pese al desconocimiento de los acuerdos por la oposición, Nicolás Maduro ha anunciado que cumpliría con todos los puntos a los que llegaron Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela Santo Domingo firmados por el Gobierno nacional en República Dominicana el 7 de febrero de 2018.

Pero ahora, que las primeras reacciones han pasado creo que es el tiempo idóneo para hablar de lo fundamental y es que, lo que hemos visto ocurrir, no es otra cosa que la aplicación de nuestro maltrecho sistema de justicia. Ese, que centenario y únicamente modificado con parches, tiene una gradación absurda de los hechos delictivos: es más grave robar un carro que llamar a la guerra. Ese que le hace hasta los jueces difícil saber qué ley aplicar y que, genera que tantas veces los delitos queden impunes.

Cuando en el 2015, la Asamblea Nacional –antes del desacato- propuso una Ley de Amnistía nosotros fijamos nuestra postura. Es absurdo que el debate en Venezuela –con sus índices de criminalidad, el tiempo que tiene la situación por resolver y la pésima valoración de los ciudadanos del aparato de justicia- se centre en tratar la situación de algunos cuando el problema es de todos.

Entonces dijimos:

¿Cuál justicia necesitamos? ¿qué noción de igualdad ante la ley? ¿qué garantía de igualdad material? Las respuestas no llegaran solas al Parlamento. Por eso es que es tiempo de avivar los debates. Sabemos de sobra que no queremos que las esposas, las madres, los padres, los lesionados y las lesionadas reciban del Estado un archivo fiscal de las investigaciones o un sobreseimiento y una eliminación de las pruebas de los hechos que significaron la muerte de sus familiares, la expectativa de vida que tenían, etc., pero también debemos recordar que evitando tamaño mal no se obtiene inmediatamente la justicia.

Cada uno de los nombres en la lista, a la cual, esta semana nueva le suma por lo menos tres, merece ser recordado, la verdad dilucidada y los responsables condenados. Eso exige que el Estado una política redoblada de lucha contra la impunidad. Este flagelo, esa debilidad de todo el sistema de justicia de llegar a traducir la delincuencia, en todas sus formas y gravedad, en sentencias definitivamente firmes y ejecutoriadas, es un área que requiere debatirse y adecuarse.

Y en este tema, las cosas no han mejorado, menos después del bochornoso capítulo de la Fiscalía General de la República que nos llevó forzosamente a admitir que en materia de justicia, en especial, en la penal estábamos muy mal pero algunos han querido mantener la admisión –o la acusación- solamente en algunos personeros pero esto no es así porque la justicia no huye en moto, no es tan sólo una Fiscal, no es tan sólo aquella jueza que persiguió injustamente a algún campesino o aquél defensor que nunca va a las audiencias. Es un problema mayor.

Visto el tema de las penas –que es una verdadera vergüenza- queda el asunto de cómo se hacen los juicios y allí tenemos muchas dificultades porque aquellas ideas de construir una justicia donde las personas participaran y así fueran todos corresponsables y garantes de la transparencia de los jueces se murió por falta de quórum. Así, los juicios nunca tenían lugar porque no se presentaban los miembros de la “sociedad civil” y hubo que decidir, luego que reformar el Código, para dejar esto de lado y evitar que siguiera siendo la principal causa de retraso procesal.

Para estos asuntos es tiempo que el Poder Constituyente vaya a las premisas de la justicia y estas no son procesales sino del debate del tipo de sociedad que somos y de aquella que queremos ser. Por ejemplo, en todas las democracias liberales el primer derecho es la propiedad pudiendo incluso quitársele la vida a quien atente en contra de algún propietario. ¿Es eso compatible con nuestra idea de un Estado socialista? Probablemente no pero esas son las cosas que deben debatirse.

En mi opinión hay en el caso que estamos viviendo otro asunto y es cómo se reparan los delitos de odio y los actos de lesa humanidad porque ya hemos admitido que estos son un asunto distinto por ser futil e innoble, por afectarnos a todos al romper los lazos de nuestra convivencia y aquí parece que tiene mucha tarea pendiente la Comisión de la Verdad.

Si lo afirmo es porque de nuevo quiero que nos ubiquemos en nuestro sistema de justicia vigente porque no hay manera que nuestras nuevas visiones de justicia sirvan para juzgar a estos individuos porque eso atentaría contra la no retroactividad de las penas en perjuicio de los reos.

Siendo esto así, nosotros no vamos a poder mantener eternamente a nadie preso, ni imponerle penas vejatorias ni evitar medidas humanitarias –así ya cause escozor viendo todos los que han forjado informes médicos y se curan el mismo día en que dejan la cárcel- pero la necesidad de justicia no se va a agotar con el cumplimiento de la pena (larga o corta), en la cárcel o en libertad, de fulano o de mengano.

La necesidad de justicia trasciende de la individualidad de cada uno de los responsables y es allí, donde necesariamente tenemos que recurrir a la justicia simbólica. Nosotros necesitamos cambiar el nombre de algunos sitios, necesitamos fechas para la memoria, necesitamos actos públicos de arrepentimiento y esto no tiene nada que ver con el cumplimiento de la pena como tradicionalmente se hace.

Orlando Figuera debe ser el nombre de lo que nunca se olvidará en este país porque pagó con su vida y mucho sufrimiento que algunos hayan ordenado aplicar manuales de guerra que hoy vemos en Nicaragua.  Más de un funcionario de seguridad cayó y deben abrirse plazas y cátedras que los recuerden.

Yo siento que es tiempo de levantar estas banderas decir que no a la indignación que inmoviliza y ser plenamente la ciudadanía que exige una justicia que no hemos sido. No se trata de venganza, se trata de justicia. No se trata de rencor, se trata de memoria.

Hay peligros inminentes de quedarnos en sólo ponernos bravos porque la democracia no es el burócrata sino el ciudadano y es tiempo de que seamos protagónicamente hablando el pueblo del 2002, el que sabe a quién enfrenta y  por eso nadie lo rindió.

Cumpliendo esta tarea, adoptando una legislación que realmente busque la justicia, que criminalice los peores actos llamándolos por su nombre y penándolos de una manera coherente, podremos cerrar el capítulo que hasta ahora tan sólo sentimos que se repite.