Las medidas de despedida que está adoptando el gobierno de Cartes dejan un sombrío horizonte para las clases populares en Paraguay y despejan el camino de Mario Abdo Benítez, que podrá ahorrarse al menos un par medidas impopulares en sus primeros días de gobierno, de acuerdo a lo pactado por ambos dirigentes del Partido Colorado.

La administración de Cartes no pretende dar marcha atrás en su polémico proyecto de crear una Superintendencia de Jubilaciones, puerta de entrada a una reforma previsional con consecuencias nefastas para los trabajadores, lo que facilitará a Benigno López, actual titular del Instituto de Previsión Social y futuro jefe del equipo económico de su hermano Abdo Benítez, para obtener fondos ante la inviabilidad de continuar con el endeudamiento externo, hoy de seis mil millones de dólares (22% del PIB).

El dinero será entregado a entes financieros, se usará para comprar bonos que a su vez serán destinados a pagar deudas con la banca internacional, se licitarán obras para beneficiar al sector agroexportador y a las constructoras ligadas al poder; concretando el despojo de los fondos jubilatorios a favor de los sectores concentrados de la economía, señala Santiago Ortiz, directivo del Sindicato de Periodistas.

Además, se debe sumar la liberación total del precio de combustible, que llevará a un remarcaje en el precio del pasaje y a la suba generalizada de precios, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora, a lo que se debe añadir el reajuste del salario mínimo en solo 80.000 guaraníes (menos de 15 dólares).

Una papa caliente: Tierras y derechos indígenas

Mario Abdo Benìtez, que asumirá en agosto, será el quinto presidente paraguayo al que las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para recuperar sus tierras tradicionales y sus derechos.

En 2005, 2006 y 2010 la Corte condenó al Estado paraguayo por haber violado los derechos a la propiedad tradicional, a la identidad cultural y la vida digna de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek del Chaco paraguayo. Y lo responsabilizó de la muerte de 32 personas de estas comunidades, en su mayoría niñas y niños, por las condiciones de vulneración de derechos, recordó la Ong Tierraviva.

“Desde entonces los sucesivos gobiernos paraguayos dilatan la ejecución integral de las medidas de reparación emergentes, como la restitución de tierras; programas de desarrollo comunitario; estrategias específicas en educación, salud, comunicación, alimentación, vivienda y registro civil; difusión de los fallos”, agregó.

“Este nuevo gobierno asume la responsabilidad y esperamos que haga un giro en el patrón violatorio que viene teniendo el Estado. Eso lo puede hacer dando cumplimiento a estas sentencias”, dijo José Paniagua, coordinador de Tierraviva. De un total de 36 medidas de reparación emanadas de las tres sentencias, el Estado paraguayo solamente cumplió integralmente seis.

“Estas sentencias no pueden demorar más. Los pueblos, las comunidades indígenas viven en condiciones muy complejas, para su salud, su vida, su educación. Es necesario y urgente tomar medidas. Se han fijado compromisos, plazos, y yo como juez encargado de vigilar el cumplimiento de estas sentencias estaré muy pendiente de que se cumplan”, dijo el juez de la Corte IDH Patricio Pazmiño, que visitó Paraguay en noviembre último

A fines del siglo XIX el Estado paraguayo vendió gran parte del Chaco a propietarios sin tener en cuenta a las comunidades indígenas que vivían en esos territorios .Un siglo después Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo enxet) y Xákmok Kásek (pueblo sanapaná) decidieron iniciar estrategias jurídicas y políticas para recuperar sus territorios tradicionales y sus derechos. Pero nadie confía que se haga justicia con Abdo Benítez.

Celso Guanipa Castro

Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )