Algunos medios venezolanos se han sentado a la mesa para disfrutar una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, dictada el 12 de junio de 2018, en la cual se exhorta a las autoridades neogranadinas a hacerse cargo de la situación de los venezolanos que han ingresado en el vecino país.

Aseguran, los comentaristas, que esta es la prueba que les faltaba para que nadie pueda dudar que Venezuela enfrenta una diáspora. Lamentablemente para ellos, esto no fue lo que dijo la Corte Constitucional colombiana porque lo que esta instancia hizo fue resolver un amparo interpuesto por una mujer venezolana de 34 años y la mamá de un niño de dos años porque el acceso a la salud en Colombia no es ni gratuito ni universal.

Lo que, en el caso particular consideró el juzgador era inhumano porque estas personas son migrantes económicos que alegan por demás que no pueden ser atendidas en Venezuela por falta de insumos. Por ello, la Corte Constitucional ordenó que fueran atendidos pero no de manera plena y gratuita sino “progresiva, ya que requiere de esfuerzos complejos por parte del Estado y de la disponibilidad de recursos suficientes que no pongan en un mayor riesgo al sistema”. Es decir, que ha de priorizarse la atención de colombianos y en medida que los recursos para atender a los primeros no se vean comprometidos debe atenderse a los venezolanos que se encuentran en Colombia.

Más allá de estas necesarias precisiones sobre la decisión colombiana en materia de atención de venezolanos debemos ubicarnos en cuál es el diagnostico país realizado por la misma instancia en fechas recientes, donde hemos de observar que el 7 de junio de este mismo año, la Corte consideró que la situación en la que han permanecido en los últimos años, con plena indiferencia de las autoridades, los guajiros y en especial los niños guajiros es tan grave que constituye un “estado de cosas inconstitucional” por lo que, por primera vez, la Alta Corte reconoce la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu por fallas en el funcionamiento de las entidades estatales.

Reconoció en consecuencia que en Colombia, en el gobierno de Santos, viene ocurriendo la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de esta población, lo que más allá de otra situación nos alerta que hay causas más allá de las políticas públicas (como la sequía que en esta parte del mundo estamos enfrentando) que han significado la pauperización de la población.

Por falta de voluntad en Colombia, por falta de insumos en Venezuela, los derechos fundamentales están comprometidos en toda la región latinoamericana y podemos observar este caso lo peligroso que es leer la realidad desde los titulares obviando las letras pequeñas que revelan: la inexistencia de un sistema de salud público en Colombia capaz de hacerse cargo de toda su población -es un hecho público que el vecino es uno de los países más desiguales del mundo- y que no hay una voluntad colombiana de recibir universal e inmediatamente a los venezolanos que ingresen en su territorio sino progresivamente y según sus reglas, las cuales funcionan tan mal -según la misma Corte- que parece estar en su peor momento.