En el lapso de un mes, entre inicios de mayo y junio del presente año, fueron asesinados siete defensores comunitarios de derechos en sus respectivos territorios: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, pertenecían al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Ramón Choc y Mateo Chamam, defensores del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y Juan Xol Can defensor perteneciente a ambas organizaciones.

En noviembre del pasado año, mientras CODECA realizaba un paro nacional de dos días, fueron asesinados los defensores Antonio Pérez, en Quiché, y Juan Cruz Jiménez, en Jutiapa. Durante dicha actividad, en Izabal, fue arrollado y herido por un carro el defensor Vicente Calderón. Todas estas muertes y agresiones siguen impunes.

Por esas fechas, en Nebaj, Jacinto Brito, defensor y coordinador ixil de CODECA, fue aporreado brutalmente por desconocidos, luego de salir de una reunión sobre energía eléctrica.

Características socioculturales de las víctimas

Todos estos asesinatos (con excepción de Luis Marroquín) y agresiones ocurrieron en el área rural. Los criminales son anónimos. No dejan ningún mensaje o seña expresa del motivo de su crimen. Aunque por los derechos que defendía las víctimas, y por los intereses que afectaba las resistencias comunitarias, los sospechosos son más que evidentes.

Todas las víctimas son indígenas y/o campesinos empobrecidos, con bajo grado de escolaridad. Con familias imposibilitadas de emprender engorrosos procesos penales para juzgar a los culpables.

La mayoría de defensores, al momento de ser asesinados, ocupaban cargos en sus estructuras organizativas de resistencia en sus territorios, frente a la presencia o amenaza de empresas o fincas vecinas.

En los casos de defensores asesinados pertenecientes a CODECA, todas las víctimas son o fueron usuarios en resistencia en contra de los abusos de la empresa distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE.

En los casos de defensores pertenecientes a CCDA, las víctimas defendían sus tierras ante el avasallamiento por parte de finqueros.

Todos los defensores asesinados de CODECA exigían públicamente al Estado la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, mediante acciones colectivas permanentes.

Contexto que explica en parte los hechos criminales

Desde hace más de siete años atrás, la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE, conjuntamente con los dos gobiernos nacionales de turno, desprestigiaron/desprestigian al movimiento CODECA. Hasta casi convertirlo en el “enemigo interno” del desarrollo del país en el imaginario colectivo nacional.

Simultáneamente, ENERGUATE y la empresa pública colombiana EEGSA procedieron a criminalizar (demandarlos penalmente) a varios defensores principales y locales de CODECA por delitos que jamás pudieron comprobar en juicio.

En 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina, creó una fiscalía especial (integrada por cinco agentes fiscales) para perseguir a todos cuantos organizan acciones de resistencia exigiendo la nacionalización de la electricidad.

En dicha contienda desigual, entre empresas-Estado y usuarios en resistencia, las empresas cometieron ilegalidades que incluso la misma ONU determinó responsabilidad del Estado de Guatemala por detenciones arbitrarias, en el caso del secuestro seguido del encarcelamiento ilegal cometido contra el fundador y coordinados de CODECA

Otto Pérez Molina, en su guerra frontal contra CODECA, conceptualizó a este movimiento como: “Un cáncer social que crece peligrosamente en el país”. Dijo que tenía más de 500 órdenes de captura. Además, de crear la Fiscalía Especial contra el Hurto de Fluidos.

El 2 de mayo pasado, el actual Presidente de la República, Jimmy Morales, sentenció, ante una multitud de manifestantes a su favor, que CODECA era una organización criminal. Días después, se desencadenó los asesinatos exprés de defensores comunitarios. El discurso presidencial fue perfomativo para la conducta criminal de los asesinos. Y la impunidad continúa siendo un estímulo para seguir eliminando más defensores incómodos a las empresas.

¿A quién debe investigar el Ministerio Público?

El Ministerio Público, si es consecuente con sus promesas para la defensa de defensores de derechos, por estas y otras muertes, debe investigar inmediatamente a las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, ENERGUATE y EEGSA, que sistemáticamente criminalizan y difaman a defensores de CODECA.

Dos sobrevivientes del asesinato de Juan Xol Can, según sus testimonios, identificaron a dos trabajadores de la cooperativa FEDECOVERA entre los atacantes armados.

Debería de investigar también al Presidente Jimmy Morales por el discurso de odio que reiteró el 2 de mayo en contra de CODECA. Ese discurso, según los principales coordinadores de CODECA, activó/motivó los asesinatos selectivos contra defensores.

Otra entidad que abiertamente ataca a defensores, desde los medios corporativos de información, es la Cámara del Agro-CACIF. Estas organizaciones empresariales deben ser investigadas también por dichos asesinatos.

En el caso del asesinato de Luis Marroquín, ya es de conocimiento público el informe de la pericia policial. En dicho informe se identifica al Alcalde del Municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, y a sus dos guarda espaldas armados, en el vehículo desde donde acribillaron al defensor, minutos después del suceso.

Después de observar en los territorios los diferentes casos de asesinatos, concluimos que ningún delito se consumó fortuitamente. Estos datos nos indican que los predadores de defensores de derechos, ante el fracaso de sus tácticas y estrategias de ataque mediático y legal previos, están migrando de la difamación/criminalización, hacia la eliminación física selectiva de defensores para frenar procesos de acciones de resistencia en las comunidades.