El domingo 17 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial entre el candidato de la derecha uribista, Iván Duque Márquez y el candidato del centro izquierda, Gustavo Petro Urrego. El resultado final dejó ganador a Iván Duque quien obtuvo 10´373.080 votos, el 54%, Gustavo Petro obtuvo 8´034.189 votos el 41,8%. Los votos en blanco fueron 808.368, 4,2%. Los votos nulos 265.857, 1% y los votos no marcados fueron 29.674, 0,2%. La tasa de participación fue del 53% sobre un potencial electoral de un poco más de 36 millones de ciudadanos. Como se observa entre el voto en blanco y la votación de Gustavo Petro, se alcanza un porcentaje del 46% del total de los votos. Esto quiere decir que a pesar que la diferencia fue de 12 puntos un 46% de los electores no considera a Duque como el candidato de sus preferencias.

Ahora bien los 2´338.891 votos que le sacó Duque de ventaja a Petro se localizan geográficamente en el departamento de Antioquia en donde Duque sacó en segunda vuelta presidencial 1´844.027 votos, el 72,5% del total y Gustavo Petro saca allí 558.514 votos el 22%, en los tres departamentos del Eje Cafetero en Caldas Duque sacó en esta segunda vuelta presidencial 283.920 votos el 65,7% mientras que Petro logró 121.476 votos el 28,1%, en Risaralda sacó Duque 257.267 el 61,6% y Petro 136.646, el 32,7% y en el departamento del Quindio, Duque sacó 156.973 el 62,8% mientras Petro sacó 78.071, el 31,2% y en Norte de Santander zona de frontera con Venezuela en donde Duque sacó 486.004 votos, el 77,9% y Petro 112.496 votos, el 18% del total de votos en este departamento. Podemos decir que en el resto del país la contienda estuvo muy pareja pero en donde se produce la derrota de Petro es principalmente en estos cinco departamentos del país. Estos departamentos hicieron la deferencia a favor de Duque.

El comportamiento del Voto que en primera vuelta se expresó a favor de la candidatura del centro político representado en Sergio Fajardo quien llamó a votar en blanco junto a Jorge Enrique Robledo, senador del Polo democrático se decidió en segunda vuelta de la siguiente manera: un 65% apoyó a Petro, un 25% apoyó a Duque y un 10% votó en blanco. El otro aspecto importante es que el aumento de la tasa de participación favoreció como ya lo había hecho en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo a las fuerzas independientes y en esta segunda vuelta presidencial favoreció mayoritariamente a Petro pero no le alcanzó pues la tasa de participación se mantuvo ligeramente por debajo de la tasa registrada en las elecciones del 27 de mayo en la primera vuelta presidencial.

Qué sigue ahora

En su discurso de la victoria Iván Duque llamó a la reconciliación nacional, señaló que no hará trizas los acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno con las FARC, envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, pero al mismo tiempo señaló que hará reformas a los Acuerdos con las FARC, anunció la protección del medio ambiente y abogó por un modelo agrario de alianzas entre los pequeños productores y el agro negocio, al tiempo que señaló que una reforma a los organismos de la justicia deberá ser concertada con las altas cortes de justicia. Sin embargo los hechos posteriores al discurso no caminan en esa dirección por lo menos dos hechos señalan que lo que hasta ahora ha caracterizado su postura política es la continuidad del régimen económico y las reformas al acuerdo de Paz. Sobre la continuidad del modelo neoliberal que nos domina desde hace 28 años el primer hecho que cabe mencionar es el nombramiento del exministro de hacienda de Uribe entre los años 2003 a 2007 a quien Duque puso al frente del equipo de empalme, Alberto Carrasquillla. Es un mensaje fuerte de continuidad del modelo neoliberal que ha profundizado las desigualdades. Por allá por el año 2003 Carrasquilla señaló que el salario mínimo era “ridículamente alto” y que habría que reformarlo a la baja. O sea los trabajadores quedan notificados que lo que viene en materia económica es más de lo mismo que se ha hecho durante todos estos años. Tampoco hay grandes expectativas en materia de reformas sociales pues su programa en materia de salud o de educación es principalmente la continuidad de las políticas que se han aplicado y fracasado a lo largo de éstas tres últimas décadas.

A lo largo de la campaña electoral Duque se ha mostrado al igual que su mentor Álvaro Uribe Vélez, como el único candidato que prometió reformas a los acuerdos de Paz suscritos por el Estado colombiano con la insurgencia de las FARC ahora ya convertidos en agrupamiento político legal. Tres son los temas principales que ha comprometido a reformar: (1) que los guerrilleros jefes de las FARC no puedan ocupar cargos de representación popular sin antes haber pasado por la justicia y pagado las penas que allí se les impongan, (2) una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que iría encaminada a su debilitamiento, (3) que el delito del narcotráfico no pueda ser considerado como delito conexo al delito político cuando se comete o cometió para obtener recursos para el financiamiento de la guerra. Esto último es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional desde hace ya muchos años y en estricto sentido el Acuerdo de La Habana lo que hace es reconocer y darle validez a esta jurisprudencia de las Altas Cortes de justicia en el país.

Pues bien el segundo hecho que nos indica que el ánimo de reformar el Acuerdo va en serio lo constituyó el mensaje de aplazar el trámite de la última ley necesaria para que la JEP pueda funcionar y es una ley que se ocupa de los procedimientos que deben aplicarse en esta jurisdicción especial que se viene tramitando en el Congreso de la República. El día lunes 18 de junio, el presidente electo, Iván Duque pidió al Congreso aplazar la aprobación de esa ley hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie sobre la Ley estatutaria que reglamento a esa jurisdicción especial y que se encuentra en estudio de ese alto tribunal. Este argumento no tiene asidero pues la ley de procedimientos penales en esta jurisdicción busca reglamentar el Acto Legislativo que la creo y que es necesaria para que pueda arrancar de lleno en la tarea de investigar y brindar justicia a las víctimas. Con razón en este caso el Gobierno de Juan Manuel Santos ha rechazado estas objeciones de Duque y ha pedido al Congreso que apruebe el proyecto de Ley. La Cámara de Representantes desoyendo las orientaciones de Duque lo aprobó este miércoles 20 de junio y el gobierno ha citado a sesiones extraordinarias al Congreso para que el Senado lo discuta y lo vote en la plenaria de esta corporación para que se complete el marco normativo de la Justicia Transicional para la Paz. No se sabe en qué terminará este pulso pero lo que es claro es que los anuncios de Duque de hacer reformas a los acuerdos pese a que tiene pocas probabilidades de éxito pondrán muchos obstáculos al proceso de paz.

A estas alturas cumplir con los tres puntos principales que Duque Uribe ofrecieron a los electores es muy difícil pues normas expedidas por el Congreso y por el Gobierno y validadas por la Corte Constitucional favorecen a los miembros de la Guerrilla y a sus jefes. Por ejemplo este 20 de julio deberán posesionarse en el Congreso de la República 10 congresistas de las FARC que fueron elegidos de acuerdo con el texto de los Acuerdos. Duque se posesionará el 7 de agosto y los parlamentarios de las FARC se posesionarán el próximo 20 de julio, ¿cómo hará para reversar esta situación que ya fue avalada por la Corte Constitucional? En igual sentido podríamos decir que la Jurisdicción Especial de Paz, puede ponerle obstáculos como el referido a la ley de procedimientos, pero el grueso andamiaje jurídico ya fue aprobado resta solo esta ley para que la JEP entre en pleno funcionamiento aunque a su paso por el Congreso fue debilitada.

En dónde el proceso de paz tendrá mayores obstáculos es en el resto del acuerdo, es decir, en el tema de la reforma rural integral, en las 16 circunscripciones de Paz para los pobladores de los 167 municipios más afectados por el conflicto, en las reformas políticas acordadas y propuestas por la Misión Electoral Especial, en los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial para hacer una gran inversión en infraestructura vial y social en esos mismos municipios, en la ley de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en fin, en todas aquellas reformas que buscan remover parte de las llamadas causas estructurales del conflicto. Allí el obstruccionismo del uribismo y de Duque si funcionarán y seguramente soportará un fuerte debate y movilización ciudadana aupada por la oposición que ha salido muy fortalecida en los recientes procesos electorales. También sufrirá el programa de sustitución voluntaria y concertada con las comunidades rurales para la erradicación de los cultivos de coca. Duque con el apoyo del Fiscal general esta alinderado en que el eje de la erradicación será la erradicación forzada y eventualmente volver a las fumigaciones para combatir los cultivos que han llegado a unas 180 mil hectáreas.

El otro tema y señal negativa de Duque es a la mesa de negociaciones que se mantiene entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En rueda de prensa el miércoles 20 de junio Duque ha señalado que para continuar con esos diálogos y negociaciones los Elenos deben abandonar todas sus acciones criminales y proceder a concentrarse en sitios del territorio nacional con vigilancia y veeduría internacional, que va en contravía de un cese bilateral que se viene negociando en La Habana que es la nueva sede de estas negociaciones. Lo que ofrece al ELN es un proceso de sometimiento a la justicia sin que esta guerrilla haya sido derrotada militarmente. Este anuncio junto a las reformas propuestas a los Acuerdos de La Habana con las FARC aumentaran el escepticismo y la incertidumbre en la base guerrillera y en los mandos medios que aún se mantienen en los acuerdos del Estado con las FARC y puede llevar a su deserción del proceso y al fortalecimiento de los Elenos y de las disidencias.

La agenda de la oposición

En su discurso del 17 de junio una vez conocidos los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro anunció que se posesionará en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo lo hará en la Cámara de representantes. Una reciente reforma constitucional estableció que los candidatos perdedores en segunda vuelta ocuparán curules en el Senado y la Cámara de Representantes.

Una parte de la agenda de la oposición está definida por varias circunstancias. El domingo 26 de agosto los colombianos estamos llamados nuevamente a las urnas para considerar la consulta popular en contra de la corrupción alrededor de un formulario de siete preguntas que busca la aprobación de instrumentos de lucha contra la corrupción que es un problema muy sensible a la opinión pública y que ocupó parte de la agenda de los debates presidenciales recientes. Todos los partidos de dientes para afuera han apoyado la consulta popular que fue inicialmente promovida por el Partido Alianza Verde y concretamente por la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano. Dada la sensibilidad ningún partido político se opuso y fue aprobada esta consulta con una mayoría de más de 80 senadores en el Congreso de la República. Es obvio que los beneficiarios del régimen de corrupción que hoy están mayoritariamente del lado de la coalición de Duque no moverán sus bases electorales para suprimir los vicios de los cuáles son sus beneficiarios. Por tal razón la convocatoria y la movilización para lograr los casi 13 millones de votos necesarios para su aprobación correrá por cuenta de lo que se expresó como alianza alrededor de la candidatura de Gustavo Petro en la segunda vuelta, esto es, El Partido Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y la coalición que se agrupó originalmente alrededor de la candidatura de Gustavo Petro. Esta coalición será el soporte fundamental de esta nueva confrontación política. Hasta donde sabemos el Partido Verde así lo ha entendido y ha llamado a los otros dos integrantes de esta coalición a mantenerla y proyectarla para lograr los 13 millones de votos necesarios para su aprobación. El Polo democrático deberá ahora resolver pues ya Gustavo Petro ha anunciado su respaldo a mantener la coalición que se expresó para la segunda vuelta presidencial. Este punto entonces es uno de los temas principales de la nueva agenda de la oposición.

Un segundo punto de la agenda está relacionado con las elecciones del mes de octubre del año 2019 en que se eligen alcaldes municipales en los 1.122 municipios del país, los 32 gobernadores departamentales y el Alcalde de Bogotá. Las lecciones que ha dejado este proceso electoral es que sin una coalición del centro izquierda será difícil mantener y avanzar en la construcción de la democracia local y regional y confrontar al clientelismo y a las maquinarias electorales que dominan más del 80% de estos gobiernos. Los excelentes resultados electorales recientes para el centro izquierda exigen responsabilidad y el logro de acuerdos que permitan candidatos únicos de este espectro político. Luego la segunda tarea de la oposición y de Gustavo Petro y sus aliados será concretar los mecanismos democráticos para que esto sea posible. La pregunta ahora es que harán Jorge Enrique Robledo en el Polo frente a esta exigencia de la coyuntura política y Sergio Fajardo. Es claro que el logro de un entendimiento entre las fuerzas de la coalición que respaldó a Petro en segunda vuelta exigirá posiciones y definiciones de estos dos dirigentes políticos que optaron por el voto en blanco y no respaldaron a Petro en segunda vuelta.

Finalmente las fuerzas de la coalición que respaldaron a Petro deberán definir además de estos dos temas cual será el contenido de la oposición al gobierno de Duque que ya aprobaron. Es fundamental que la oposición no sea obstruccionista y sea propositiva. Con una fuerza cercana a los 27 senadores es clave que esta coalición decida qué proyectos presentará al Congreso de la República y cómo ejercerá el control político en el Congreso al gobierno de Duque. Esos son los temas y estas son las urgencias.

Bogotá 21 de junio de 2018

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur