En Colombia cobra fuerza una forma de ejercer el poder basada en una estrategia compuesta por un discurso de transparencia, formal, operacional, maquinal, por encima, pero sostenido con engaño y trampa por debajo. Los ejemplos son ricos en atajos, mentiras, verdades a medias y justificación de sus actuaciones con excusas simples, chistes, tuits o burlas que tapan las faltas. Al optar a cargos y representaciones importa sobretodo mostrar unos pocos requisitos formales (incluso datos falsos) y estar dispuesto a cumplir la misión secreta que solo saben los detentadores del poder. Transparencia por encima y podredumbre por debajo, se erige en formula de una manera de gobernar a voluntad del partido en el poder que se arroga una virtud de soberano libre de contradictores y críticos.

Un primer evento ocurre con el proceso de designación del cargo de Contralor de la República, que recoge la síntesis de una gravísima anomalía por el trazado del atajo, que tiende a ser convertido en cosa natural y hasta indispensable para obtener resultados. El proceso invocó la transparencia, pero no exigió, ni atendió inhabilidades, incompatibilidades o mínimos éticos para tratar asuntos públicos, en los que es esencial la honestidad, buena fe y rectitud del funcionario o gobernante.

Para responder a la formalidad, que llama transparencia, fue contratada la Universidad Industrial de Santander, para realizar las pruebas, calificar y preseleccionar a los mejores aspirantes, como así lo hizo. Pero esta transparencia se contaminó cuando los resultados entregados al Congreso de la República (presidido por el partido de gobierno) fueron sujetados a nuevas reglas exprés para beneficio de algunos de sus predilectos, pasando por encima del rigor y neutralidad de las pruebas y evaluaciones hechas por la Universidad.

El elegido cumplirá la misión de proteger lo que hizo el gobierno anterior y garantizar que lo que quiera hacer el gobierno actual lo haga sin contratiempos, respecto a manejar las finanzas de la nación. Del predilecto candidato inicial (así finalmente no gane), se destacan no menos de 9 investigaciones iniciadas en su contra por la misma contraloría que aspira (ba) dirigir, es conocido por su desprecio y revictimización a las víctimas despojadas de sus tierras y su aprecio por los despojadores, se le señala responsable de mal manejo de millonarios recursos del fondo ganadero y es conocida su honda amistad y negocios con parapolíticos y paramilitares, pero es miembro principal del buró del jefe del partido de gobierno y esposo de una congresista arpía del mismo partido (C.D). En este caso la universidad adelantó con transparencia lo suyo, pero fue puesta en ridículo por la realidad política que contaminó el resultado inicial, desautorizando su papel. Las universidades tendrán que tomar nota de este hecho cuando sean llamadas a intervenir en concursos, emitir conceptos o pronunciarse especialmente en temas de explotación de riquezas naturales a cambio de recursos y compensaciones extras para investigación o infraestructuras.

Con la misma lógica de transparencia por encima y fondo contaminado con falsedades, cálculos de poder, fraudes y conversión de la vida en votos, lo que dijo en campaña el ahora presidente lo refuta y olvida. Ofreció disminuir de tributos, entrar a un reino de libertades, tolerancia, respeto, anticorrupción, empleo, educación, paz y salud y a los sectores de la alianza de poder desde cargos, prebendas, colaboraciones y hasta cogobierno. Sin embargo todo eso le resulta ajeno. El panorama se enrareció desde su acto de posesión con el doble discurso expuesto, el de odio, venganza y mentira entonado por el presidente del Congreso y el de la ambigüedad, entonado por el presidente de la república, los dos verbos con origen en una única matriz ideológica que promete usar las herramientas coactivas y represivas del Estado para aconductar al país a su modo de pensar, mentir, hacer y destruir, con total desinterés por la agenda de demandas sociales de paz, justicia social y vida con dignidad.

El lenguaje de transparencia arriba y atajos debajo, descubre un poder que parece estar seguro de saber afrontar lo que serían errores históricos como obstaculizar la implementación del acuerdo de paz o atacar a la justicia especial de paz y a la comisión de la verdad e imponer una agenda de la economía que acelere la privatización y los negocios con la riqueza nacional, de donde provendrán excusas suficientes para poner al estado en defensa del capital privado y justificar más guerra, sin la cual dejaría de existir el partido de gobierno (CD) que afirma en ella su política. Los ministros a cuenta gotas anuncian sus medias verdades.

El de guerra sentenció la necesidad de recuperar la combatividad de las fuerzas armadas, cuya consecuencia será un enorme retroceso civilizatorio y la reacomodación de la justicia y búsqueda de paz completa a la seguridad democrática.

El de economía dijo que bajarán los impuestos a las empresas y los subirán a la ciudadanía, en otro abismal retroceso que profundizará la desigualdad que genera violencia y miseria, a la que agregará una reforma pensional que no dejará tranquilo a nadie.

El de comercio dejo ver su predilección por exprimir hasta la última gota de sudor de cada trabajador y hacer crecer la ganancia de cada dólar invertido.

La de Minas manifestó la urgencia de emprender la exploración por fracking. Esto, más los indicios de nuevas cárceles y castigos, anuncios de cadena perpetua, límites a la protesta y menos libertades, quizá busque que cada persona sienta que la guerra está en su piel y actué y que la patria es su bolsillo.

Las actuaciones de retroceso empezaron por cambiar los nombres a entidades de alto impacto en derechos, conflicto y garantías a conquistas sociales. Los cambios de denominación institucional son: La Alta Consejería para el postconflicto, se llamará Alta Consejería para la Estabilización; el Alto Comisionado para la paz, será Alto Comisionado para la legalidad; y la Consejería Presidencial para los derechos humanos, será Consejería para las relaciones internacionales y Derechos Humanos, con lo cual “Ni conflicto ni paz forman parte del lenguaje o referente del gobierno Duque” (Madariaga, Viva la Ciudadanía). El partido de gobierno (no solo en el poder ejecutivo), juega su estrategia de mostrar transparencia en las formas (por encima) pero contaminar en la esencia (por debajo), para vaciar de contenido a las instituciones de derechos y paz y reinstalar el odio y en paralelo meterle miedo a la sociedad toda con la expansión de la amenaza latente del acoso económico contra la ciudadanía, cada vez más intranquila por el riesgo a perder el statu quo propio con la implementación de reformas que atacan a personas y familias (impuestos, jubilaciones, empleo).

P.D. Vencer el miedo empieza por eliminar la corrupción. El 26 de agosto cada voto suma y el país gana.