Desde hace varias semanas los medios de comunicación agobian a la audiencia con el escándalo de los Cuadernos. Anuncian el comienzo de una gran batalla contra corrupción que llevará a cárcel a todos los malversadores. Proclaman el fin de la impunidad y resaltan el inicio de una bisagra con el pasado.

Pero el carácter sesgado de la investigación entierra ese presagio. El juez restringe todas las pericias a lo ocurrido en la última gestión kirchnerista. Supone que las coimas nacieron en el 2003 y desaparecieron en el 2015, desconociendo cualquier irregularidad previa o posterior a esa fecha.

Con esa restricción los Cuadernos simplemente resucitan las acusaciones ya ventiladas contra Cristina. Sólo agravan las carátulas de los mismos cuestionamientos, para potenciarlos con excitantes calificaciones (jefa de una mafia). Complementan esa campaña, con morbosas coberturas de los cronistas empeñados descubrir las bóvedas de dinero. Entre tanto ruido no se escucha una sola palabra sobre la incalculable fortuna que amasó el clan Macri, con estafas al Estado y ocultamiento del botín en las guaridas fiscales del exterior.

Duplicidad a pleno

Una doble vara orienta toda la investigación. Mientras se multiplican las indagaciones y allanamientos a la familia Kirchner, ningún juez evalúa el insólito patrimonio del presidente. Macri modificó varias veces su declaración de bienes. El monto de su última presentación fue incluso inferior a lo expuesto por cualquier dueño de una empresa mediana. La causa que brindaba algún indicio de su fortuna en el (Panamá Papers) fue cerrada a toda velocidad. Ni siquiera implementó el fidecomiso ciego que prometió crear para disimular la valuación sus propiedades.

El oscuro manejo de las empresas de los Kirchner (Hotesur, Los Sacues) son simples curiosidades, en comparación al monumental fraude perpetrado por los Macri. Sus estafas más recientes incluyen la reventa de participaciones en las concesiones de autopistas y parques eólicos. La investigación de sus mayores malversaciones sigue cajoneada (multimillonaria deuda fiscal con el Correo y sospechosa la adjudicación del ferrocarril Sarmiento).

El periodismo cortesano evalúa detalladamente las confesiones de los viejos allegados al kirchnerismo (Uberti, López, Clarens, Baratta) para descubrir socios o testaferros de los ex presidentes (Muñoz, Ulloa, Barreiro). Pero acepta con total naturalidad la continuidad en la jefatura del espionaje del principal denunciado por las coimas de Oderbrecht (Arribas). Es el funcionario más acaudalado del gabinete, integra el círculo íntimo de Macri y ha sido reiteradamente señalado como porta-nombre de la fortuna off shore del presidente.

Los mismos medios que descubren nuevas irregularidades de los ex funcionarios K en prisión, no objetan la permanencia en los cargos de sus empresas de 269 altos directivos del gobierno actual. Esos personajes actúan descaradamente en los dos lados del mostrador, sin ninguna objeción de los justicieros de la pantalla. Esa corrupción institucionalizada es tan aceptada, como las millonarias cuentas en el exterior que mantiene el grueso del gabinete. Tampoco suscitan grandes reparos los descarados negocios de Aranguren con Shell, Quintana con Farmacity o Braun con sus supermercados.

Con esa misma duplicidad se rastrea el lavado de dinero de la gestión anterior (ruta de dinero K), sin ningún cuestionamiento de su equivalente oficialista. La ruta del dinero M transitó por varios paraísos fiscales, antes de concluir en la legalización de todo lo evadido a través del blanqueo. Con esa operación Macri aseguró privilegios especiales a sus familiares y amigos. Los montos involucrados en estas maniobras superan ampliamente lo destapado por los Cuadernos.

La misma dualidad de análisis impera en el trato que prodiga el juez a los arrepentidos de la patria contratista. Mientras que todos los coimeros de la gestión K quedaron procesados (Wagner, Zavaleta, Goycoechea, Neira, Loson), el clan Macri fue exceptuado de la redada. Sólo el primo del presidente (Calcaterra) quedó indirectamente involucrado.

Un simple repaso de los archivos indica que los Macri ganaron millones en las obras viales que obtuvieron bajo el kirchnerismo. El negocio continuó con otra cobertura, cuando Franco y sus hijos traspasaron la empresa al sobrino Calcaterra. La nueva compañía ganó 23 licitaciones y contó con el visto bueno de los K, hasta el distanciamiento generado por el conflicto del Correo.

El blindaje que recibe Macri de la justicia es tan descarado, que afamados coimeros -como Otero- son apresados por negocios con el anterior gobierno, sin ninguna investigación de las mismas operaciones bajo la gestión de Mauricio como intendente de Buenos Aires.

Manipulaciones de jueces y medios

Las duplicidades se extienden a los aportes de los empresarios a las campañas presidenciales. Mientras los arrepentidos declaran millonarias contribuciones ilegales para Cristina, una acusación equivalente (y más documentada) contra Macri duerme en los cajones de tribunales. La investigación está frenada, a pesar del lavado de dinero que se concretó usurpando nombres de los archivos del ANSES. Siguiendo el patrón de penalidades diferenciadas los dueños de C5N están presos por malversación fiscal, mientras persiste la impunidad sobre el mismo delito cometido por los concesionarios del Correo.

Con la justicia amoldada al gobierno se ha naturalizado la discusión sobre el eventual apresamiento de Cristina, sin ninguna petición de renuncia de Macri. En los “países serios” ponderados por el oficialismo (Islandia, España), dimitieron todos los funcionarios que ocultaron sus fortunas en empresas off shore. La prensa oficialista reclama la reapertura de las causas cerradas por enriquecimiento ilícito de los K, sin recordar la escandalosa anulación de la condena por contrabando a Franco Macri, que perpetró la Corte Menemista.

Los jueces oficialistas han recurrido a las mismas manipulaciones para montar la farsa de los Cuadernos, con papeles fotocopiados, recortados y probablemente fraguados. Es poco verosímil que hayan sido escritos por un ex militar con alteraciones mentales. Seguramente fueron confeccionados por los servicios para ensuciar investigaciones, siguiendo los montajes perpetrados con Nisman o la AMIA.

Bonadío no sólo ha gestado un gran circo. Utiliza la ley del arrepentido para obtener confesiones previamente programadas, con recursos legados del Medioevo. El acusado que repite el libreto anti-cristinista y delata a los individuos preseleccionados queda en libertad. Si por el contrario guarda silencio o se desvía de guión oficial permanece en prisión.

Con este método inquisidor el juez sepulta el principio de inocencia, luego de apropiarse de una causa sin ningún sorteo. Sus superiores de la Cámara y la Corte avalan estas anomalías para blindar su propia corruptela y mantener la sintonía con el oficialismo de turno. Por las mismas razones depuran a los magistrados (Arias), que dictaminan a favor de los trabajadores o contra los tarifazos.

Los medios hegemónicos participan del operativo con un inédito nivel de impudicia. Durante varias semanas han colocado el tema en el top de la pantalla. Con sermones acusatorios, distorsión de la información y protección del macrismo sepultan cualquier vestigio de periodismo profesional. Los grandes grupos retribuyen de esta forma al oficialismo la anulación de la ley de Medios. También agradecen los nuevos negocios que permitieron a Clarín fusionarse con Telecom, para capturar la mayor tajada de la convergencia digital.

Algunos comentaristas justifican este bochornoso operativo, señalando que introduce a futuro un principio de moralización. Pero esa expectativa no se verificó en los antecedentes de Italia (Mani Pulite) o Brasil (Lava Jato). Salta a la vista que con la estafa de los Cuadernos el gobierno pretende pavimentar su propia impunidad.

Varios objetivos, dudosos efectos

La duplicidad jurídica confirma el carácter político de la maniobra que el oficialismo ensaya contra Cristina. Pretende como mínimo colocarla en una situación defensiva para debilitarla electoralmente. La apuesta mayor es lograr su desafuero, proscripción y eventual encarcelamiento. Por eso la campaña del gobierno también salpica al entorno de CFK. Hasta ahora lograron pocos resultados y las encuestas sugieren una total ausencia de impactos en la población.

El escándalo también pretende forzar la separación definitiva del peronismo oficialista con el kirchnerismo, para apuntalar una tercera opción electoral. Por esta vía Macri sueña con llegar al ballotage.

Pero aunque el grueso del justicialismo prefiere esa continuidad a un eventual retorno de CFK es poco probable que habilite el desafuero de Cristina. Ese precedente podría afectar la propia permanencia de varios senadores en el Congreso. Además, la Casa Rosada carece de billetera para tentar a sus interlocutores.

El Cuadernogate desborda igualmente esas triquiñuelas. El gobierno intenta un típico desvío de la atención popular frente al desastre económico. Ante la ausencia de pan recrean el circo, para atemperar la nueva marea de protestas sociales. La secuencia de movilizaciones que comenzó en diciembre y reapareció en febrero ha resurgido con fuerza en las últimas semanas. Macri fantasea con grandes marchas por el encarcelamiento de CFK, que diluyan la gestación de un nuevo paro nacional contra el ajuste. Pero enfrenta la renovada pujanza de las luchas sociales.

Todos los días se verifica alguna nueva manifestación. Los noticieros naturalizan esas marchas informando los cortes de calles en el mismo espacio que el estado del tiempo. Los universitarios, docentes y trabajadores de los astilleros han tomado la posta, en batallas cotidianas que desgastan al gobierno. Lo que impide transformar ese disperso descontento en una protesta unificada es la pasividad cómplice de la burocracia sindical. Los escándalos que diagrama Bonadío no desmovilizan a nadie.

 El libreto de Comodoro Py ha servido, en cambio, para reiniciar las alicaídas marchas derechistas de los sectores acomodados. La convocatoria gorila partió de varios acusados de malversar fondos públicos (como Ocaña). Pero el nivel de concurrencia que lograron fue muy inferior a lo difundido por los medios. Bajo el dramático impacto de la recesión y los tarifazos, un gran número de votantes de Cambiemos ha perdido su fervor contra el progresismo.

El gobierno intenta contrarrestar ese desengaño con discursos que atribuyen todos los males de la economía a la corrupción. Afirman que las fábricas cierran, el dólar se dispara y los precios se descontrolan “porque el kirchnerismo se robó todo”. Pero la inconsistencia de esa relación salta a la vista. El pretexto de la herencia fue muy desgastado en el debut del gobierno y su repetición tiene poca credibilidad, frente a una crisis generada por la política neoliberal del último bienio.

Macri igualmente apela a su base social e intenta renovar el odio de clase, que Casero actualizó con su alegoría del flan. Esa hostilidad emerge con naturalidad entre los funcionarios ante cualquier desgracia. El propio presidente descalificó como “un problemita de gas”, la explosión que sepultó a los dos maestros comprometidos con la alimentación de los chicos de Moreno.

La efectividad de los Cuadernos para tapar esta realidad es incluso dudosa en el propio plano del relato. Los villanos como López ya son conocidos y el escándalo echa nafta al fuego al generar un nuevo rechazo social a los empresarios. Los encarcelamientos que dispone Bonadío son un arma de doble filo.

El juez de la servilleta despliega también su poder coercitivo para naturalizar la idea que cualquiera puede ser apresado. Con este atropello aporta su contribución a la restauración represiva que promueve el gobierno.

Pero Macri no pudo reimplantar en diciembre la brutalidad de la gendarmería y ensaya todos los días algún apaleo de manifestantes. Milagros Salas ha vuelto a prisión, los provocadores de Bullrich se infiltran nuevamente en las marchas y la investigación de los asesinatos de Maldonado y Nahuel sigue frenada. Su intentó de oficializar por decreto el regreso del ejército a la represión interna chocó con una gran reacción democrática en las calles. En este clima el operativo de Cuadernos genera inesperadas derivaciones.

Una maniobra que descarrila

Las primeras detenciones apuntaban exclusivamente contra Cristina. Por eso bastaba con declarar un aporte ilegal a su campaña para quedar en libertad. Pero el operativo asumió otro contorno, desde que los popes de la obra pública (Wagner, Chediak) destaparon un sistema de coimas para el reparto de las licitaciones. Estas confesiones ya no comprometen sólo a los funcionarios del gobierno anterior, sino a un importante sector del capitalismo argentino.

El Club de la Obra Pública está integrado por las principales empresas de la Cámara de la Construcción y por nombres emblemáticos de la burguesía local. Por ese camino la investigación desborda a los empresarios aventureros enriquecidos bajo el kirchernismo (Báez). Afecta a varios grupos tradicionales (Pescarmona, Roggio) y roza a los principales popes del modelo actual (Calcaterra, Midlin, Rocca).

La ampliación de las causas al gran empresariado sintoniza, además, con las duras exigencias del FMI para achicar el déficit fiscal recortando la obra pública. La limpieza de un sector de la burguesía contratista ya comenzó con la desvalorización de acciones de las firmas implicadas en el escándalo. Se avecinan multimillonarios juicios de sus socios en Wall Street y algunas compañías foráneas diseñan planes para capturar los negocios vacantes. La extranjerización de esas actividades es una meta explícita del FMI.

              Macri tiende a convalidar esa reestructuración de los contratistas del estado, luego de modificar su base de sustentación. Ha reemplazado a muchos CEOs que lo llevaron a la Casa Rosada por bancos y fondos de inversión. Ese reacomodo es coherente con su impiadosa trayectoria en el mundo de los negocios. La ambición de poder lo guió en el pasado a descarnados pleitos con familiares, socios y aliados.

Pero esa reorganización de la cúpula capitalista afronta severos problemas. Paolo Rocca -el Oderbrecht de Argentina señalado en los Cuadernos como un gran coimero-contraatacó exigiendo impunidad y obtuvo el aval de Macri. Bonadío aceptaría esa limitación de la purga eximiendo del castigo a la crema superior de los contratistas (Midlin, Calcaterra, Caputo, Eurnekian).

El mismo amparo es auspiciado por el gobierno, al mantener los beneficios fiscales generados por el blanqueo a todos los involucrados en los Cuadernos. El Banco Nación anunció, además, que reemplazará la pérdida de financiación que provocó el escándalo entre los participantes de las nuevas obras del corredor vial.

Pero con esas excepciones todo el operativo de Bonadío pierde credibilidad y queda reducido a segmentos inferiores o marginales del empresariado. Además, el incendio general de economía avanza a un ritmo tan acelerado, que los Cuadernos pueden caer en el olvido antes del inicio de algún juicio. La simple difusión de esos papeles reavivó la corrida cambiaria y el temor a nuevo default de la deuda.

La comparación con Brasil

Los Cuadernos constituyen una versión degradada y posiblemente frustrada del Lava Jato de Brasil. Allí se consumó una farsa jurídica muy semejante para encarcelar y proscribir a Lula. Como no pudieron achacarle ningún enriquecimiento significativo, utilizaron las delaciones de un testigo como única prueba, para acusarlo de adquirir una vivienda en forma irregular.

También la protección de Macri tiene su equivalente en los auxilios recibidos por Temer. El presidente de Brasil es un corrupto que los jueces y legisladores mantienen al frente del Ejecutivo, para sostener el régimen de excepción creado con la destitución de Dilma.

Al igual que en Argentina todo el show de sumarios, multas y detenciones de empresarios ha servido de cobertura para un brutal ajuste contra los trabajadores. Lo que Macri concertó con el FMI ya se efectivizó en Brasil. La reforma laboral y del sistema previsional que Cambiemos no logra imponer en el Congreso fue implementada por Temer, bajo el fuego de artificios generado por el Lava Jato. También utilizó esa distracción para intensificar la represión y encubrir asesinatos de dirigentes populares en ciudades militarizadas.

Las denuncias contra Odebrerecht han facilitado, además, el ingreso de compañías extranjeras a los mismos negocios de obra pública y explotación petrolera, que propicia el FMI en Argentina. El inquisidor de Brasil (Moro) trabaja en estrecho contacto con la embajada estadounidense y ha creado el gran poder autónomo de los magistrados que ambiciona Bonadío. Pero ese modelo de bonapartismo judicial, no opera en Argentina sólo en asociación con Macri. También apunta a un eventual colapso del líder del PRO. El juez de la servilleta es un sobreviviente del menemismo, que milita en el núcleo duro del justicialismo.

Esa adscripción ilustra las diferencias de Cuadernogate con el Lava Jato. Mientras que la conspiración brasileña fue montada para el tumbar a Dilma, la versión argentina apunta contra un gobierno que concluyó hace más de dos años. La efectividad de este montaje retrospectivo es muy incierta.

Pero el mayor obstáculo que afronta el operativo gestado con los Cuadernos es la descomunal turbulencia de la economía. En Brasil la farsa se instrumentó en el debut de una crisis recesiva, muy alejada del colapso cambiario, fiscal y externo que afronta Macri. Ninguna de las purgas inauguradas con la mani pulite italiana se consumó en medio de un derrumbe tan agudo de la producción y finanzas. Por esa razón es tan dudoso el desemboque de la aventura de Bonadío.

 Moro desató su reaccionaria cruzada en una coyuntura de gran desmovilización popular y desmoralización del progresismo. Las secuelas de esa frustración facilitaron el encarcelamiento de Lula. Por el contrario, Macri no ha doblegado la resistencia callejera y la continuidad de las huelgas y piquetes condiciona todos los resultados de la maniobra judicial.

Basta recordar que Macri dio luz verde al tratamiento del aborto para desactivar las demandas sociales, para constatar los peligros de esas operaciones. En lugar del gran desvío político que imaginaba, terminó afrontando una monumental oleada verde de manifestaciones. La misma reacción se extiende en otros terrenos democráticos. El simple tanteo de un reingreso de los militares a la represión interna desató movilizaciones de gran porte.

La postura de Estados Unidos es también más compleja. Si acompaña las denuncias de corrupción abrirá una caja de pandora, que podría afectar la estabilidad de su principal títere en Sudamérica. Mientras el FMI fuerza un tormentoso ajuste, Washington trata de sostener a su peón, en las vísperas del importante cónclave del G 20 en Buenos Aires.

 A diferencia de lo ocurrido con Temer, el Lava Jato nacional entraña serios problemas para un presidente heredero de la patria contratista. Macri ocupa el incómodo lugar que tendría un familiar de Odebrecht al frente de la presidencia brasileña. El mismo inconveniente se extiende a la justicia. Bonadío se parece más a Oyarbide que a Moro y arrastra un descrédito semejante a todos sus pares.

Desde el inicio del escándalo perdura la erosión del sistema político brasileño. La proscripción de Lula deslegitima las elecciones, la derecha carece de candidatos confiables, se presagia una alta abstención y Bolsonaro introduce un ingrediente explosivo. Por el contrario Macri actúa en un cuadro de continuidad del régimen, elevada politización y gran disposición ciudadana a la participación electoral.

En Argentina resulta más difícil el desafuero y proscripción de CFK. Lo ocurrido con Lula ilustra cómo un líder recupera centralidad desde la prisión. Macri no observa, finalmente, sólo lo ocurrido con el Lava Jato. Otros escándalos en Perú y Panamá terminaron fulminando a los ocupantes del sillón presidencial.

Impugnar la maniobra

El entretenimiento televisivo del último mes acumula incontables ocultamientos. Sobran allanamientos, acusaciones y presunciones, pero no aparecen las pruebas relevantes de la corrupción. Como Bonadío exprime a los perejiles y protege a los peces gordos, sólo se destapan los fraudes de un listado previo de caídos en desgracia.

Es evidente que la gestión kirchnerista preservó el alto nivel de corrupción de los gobiernos precedentes. Los casos ya probados de Jaime y Boudou (y las contundes cargos que pesan sobre otros funcionarios) confirman que los fondos públicos no fueron solamente utilizados para financiar los aparatos políticos. También apuntalaron el enriquecimiento personal de muchas figuras.

Pero la presentación de ese flagelo como un patrimonio de la era K es un burdo engaño. Las coimas destapadas por los Cuadernos retratan un sistema de larga data, que antecedió y sucedió al kirchnernismo. Bonadío construye una farsa, al reducir la investigación y borrar la participación de los Macri en el fraude

Con el show de los Cuadernos se oculta que el desfalco financiero consumado por el gobierno actual, supera todos los vaciamientos padecidos por el país. El combo de blanqueo impositivo, apertura a la bicicleta financiera e incentivo a la fuga de capitales del último bienio tiende a provocar un daño mayor al terremoto del 2001.

El cáncer de la corrupción se concentra en los jueces, políticos y medios de comunicación, que manipulan el hastío de la población con la deshonestidad. Se intenta canalizar esa indignación contra el kirchnerismo, para garantizar la impunidad del resto y la continuidad de los negociados que maneja la administración actual.

Cualquier investigación seria requiere la renuncia de juez de la servilleta y de sus cómplices de Tribunales. También supone el inicio de un juicio político al jefe de la mafia que esquilma al país desde la Casa Rosada. Son dos pasos necesarios para comenzar a erradicar la corrupción que actualmente personifican Bonadío y Macri.

28-8-2018

Claudio Katz

Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz