Desde la visión de la elite empresarial hegemónica en Ecuador, la economía nacional debe orientarse por los estímulos al sector productivo, a fin de favorecer las inversiones privadas, bajo un marco de rentabilidad atrayente. Consideran que es necesario liberar mercados, celebrar tratados de libre comercio, pero, sobre todo, achicar el tamaño del Estado, a través de distintas vías: reducir el gasto público, no aumentar la deuda externa, eliminar o reducir impuestos, salvaguardias o subsidios, privatizaciones, reducción de la burocracia. Suman a todo ello la urgencia de cambiar las leyes laborales, porque consideran que la “excesiva” regulación afecta su competitividad. Solo así, aseguran, habrá trabajo y se generará riqueza. Es la visión más conservadora, tradicional, rentista y hasta oligárquica. Lo mismo planteaban en la década de los 80 y de los 90.

Esa visión campea en el presente, no solo porque se ha impuesto en los medios de comunicación privados y en los públicos, sino porque ha sido acogida por el gobierno de Lenín Moreno como eje de su conducta económica.

La justificación para que Ecuador siga el rumbo actual es que el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) despilfarró, malgastó, hizo obras gigantescas con sobre precios, endeudó al país, creó un “sistema” de corrupción generalizado y engañó con las cifras, porque la mesa “no estaba servida”.

Suponiendo que así haya ocurrido -algo que no resiste un examen académico y crítico, aunque se impone la charlatanería en una serie de editoriales, opiniones y hasta en artículos de libros que hablan de “el gran fraude”-, la economía bien pudo seguir el camino trazado por la Constitución de 2008, pudo tomar otras alternativas como las planteadas por diversos foros de profesores universitarios y académicos, o bien pudo hacer caso a los estudios internacionales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal); pero lo que menos debió ocurrir es seguir la senda exclusiva de los intereses empresariales privados, como signo de supuesta modernidad.

Destaco a la Cepal, porque sus estudios tienen la visión latinoamericanista y radicalmente distinta a las visiones imperiales del FMI o del BM, cuyas recetas en la región, a través del neoliberalismo alentado desde el pasado, siempre han resultado nefastas para nuestros países, como puede comprobarlo el mismo Ecuador, con 16 Cartas de Intención entre 1983-2003, que solo agravaron las condiciones de vida, trabajo, institucionalidad y gobernabilidad en el país.

Entre tantos estudios realizados por la Cepal resalto el reciente La ineficiencia de la desigualdad (2018, en: https://bit.ly/2KjOVWi ). La institución reconoce que en América Latina la tendencia a la mejor distribución del ingreso se estancó en el último trienio y que la región continúa como la más inequitativa del mundo. Destaca, en forma contundente, con cifras y análisis, que la desigualdad tiene impactos negativos sobre la productividad, la fiscalidad, la sostenibilidad ambiental y la mayor o menor penetración de la sociedad del conocimiento: “Dicho de otra manera, la desigualdad es ineficiente, es un obstáculo al crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad”, afirma.

Mientras la tradición económica consideraba que eficiencia e igualdad se contraponían, hoy está claro que la pobreza es ineficiente. La igualdad favorece la demanda efectiva y presiona sobre la oferta de bienes y servicios. Más aún, el Estado juega el rol fundamental en la redistribución de la riqueza, de modo que los países que cuentan con mayores capacidades estatales y aplican impuestos más altos tienen mejores indicadores económicos y sociales.

Para la Cepal igualmente está claro que en América Latina y el Caribe “persisten privilegios tributarios que se concretan en exenciones, evasión y bajo impuesto a la renta”. En la región la carga tributaria promedio es la mitad del promedio de 15 países de la Unión Europea, y esta diferencia se concentra en el impuesto a la renta personal.

De acuerdo con la última información disponible -señala Cepal-, “la tasa de evasión media del IVA se sitúa en el 27,8%, con diferencias entre los países. Por un lado, se encuentra el Uruguay, con la tasa de evasión más baja de la región; luego, hay un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20%, pero inferiores al 30% (varios de América del Sur y México), y, por último, hay otro grupo cuyos valores superan el 30% (los de Centroamérica, el ECUADOR y el Paraguay). Las estimaciones de la evasión al impuesto sobre la renta son mucho más elevadas: el promedio de la región alcanza casi el 50% (47,5%). En un extremo están Costa Rica, el ECUADOR, Guatemala y la República Dominicana (con tasas cercanas al 65%) y, en el otro, el Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores (entre el 28% y el 31%)”.

Estas cifras no sirven para nada en el Ecuador actual. La “Ley de Fomento Productivo…” recientemente aprobada, así como las medidas y políticas de gobierno, parten de la visión que una elite empresarial tiene sobre la economía nacional y los impuestos, pero no se fundamentan en estudios académicos y técnicos al respecto, como el de Cepal, al que hago referencia.

En el país se ha hecho todo lo contrario de lo que debe hacerse en América Latina. Porque es necesario cobrar impuestos a los evasores, encarcelar a los grandes estafadores tributarios, aumentar impuestos a los ricos (utilidades, patrimonios, herencias, entre otros) y fortalecer las capacidades estatales sin achicar al Estado, sino, por el contrario, aumentando su poder e imperio para lograr que brinde servicios de calidad (educación, medicina, seguridad social, pensiones, que requieren cada vez más de mayores ingresos para el Estado); y, especialmente, para que hegemonicen los intereses públicos y nacionales sobre los privados y rentistas.

Ecuador, lunes 3 de septiembre de 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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