A poco más de un mes de las elecciones presidenciales del siete de octubre, en Brasil, los jueces del Tribunal Supremo Electoral rechazaron, cuatro votos contra uno, la candidatura del indiscutible favorito de la población en la mayor y más poblada nación de América Latina. Ello ocurrió pese a que una resolución a esos efectos del Comité Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidos (ONU) estipuló que el Estado Brasileño debe permitir que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pueda ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y una coalición de movimientos y partidos que ya están legalmente habilitados para competir en los comicios próximos a efectuarse.

Nadie duda que Lula da Silva seria amplio vencedor en esas elecciones pero ocurre que, desde el mes de abril, Lula está recluido en una celda de la Policía Federal radicada en el estado de Curitiba, condenado a 12 años de prisión en un juicio arbitrario, sin viso alguno de legalidad, por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero sin que exista evidencia alguna de tales imputaciones contra el alto dirigente político de izquierda, simplemente porque nunca han existido los delitos.

Los más recientes sondeos divulgados dejan claro que Lula da Silva, que cuenta casi con un 40% de las intenciones de voto, sería elegido en la primera vuelta. Pero, si no lo lograra, arrasaría a todos los demás aspirantes en una eventual segunda ronda comicial.

El ex capitán del Ejército y diputado Jair Bolsonaro, candidato del partido Social Liberal que representa la extrema derecha, es segundo en los sondeos, con 19% de la intención de voto.

El candidato que se considera representante de la derecha (no extrema) es el presentado por el partido Social Demócrata Brasilero (PSDB) con apoyo de los partidos Demócrata, Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués), Social Democrático (PSD) y Solidaridad. Es el ex gobernador de Sao Paolo Geraldo Alckmin. Figura como tercero en las averiguaciones con alrededor del 5% de las declaraciones de intención de sufragio.

Otros partidos que ha ratificado a sus aspirantes propios son el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), con Manuela d'Avila como su candidata presidencial y el gobernante Movimiento Democrático Brasileño (MDB) del ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles, ambos con porcentajes muy reducidos de intención de votos.

La campaña de Alckmin se esfuerza por conquistar adeptos entre los dueños del capital con un irracional discurso homofóbico, racista y misógino. Cuentan con muy abundantes recursos financieros, pero la ciudadanía teme que una parte importante de la derecha opte por engrosar la campaña de la extrema derecha.

Tanta manipulación por parte de gobierno no electo de Michael Temer y la Embajada de Estados Unidos en Brasilia para impedir la elección de Lula como presidente de la nación más grande de Sur América ha transformado al líder popular brasileño, de protagonista central y determinante de un proceso electoral nacional en figura emblemática de la voluntad independentista latinoamericana frente al poder hegemónico imperialista de Estados Unidos.

Así, Brasil tendrá este año unas elecciones presidenciales que debían haber estado encaminadas a devolver al gigante del Sur de América la precaria normalidad que había alcanzado en 1985, luego de 21 años de una dictadura militar ampliamente apoyada por los dueños del capital y representantes de intereses imperialistas en Brasil que fuera rota por el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff en abril del 2016 y culminó con la prisión arbitraria de Lula dos años después. La solución pudiera estar en manos de los magistrados del Tribunal Superior Electoral o, en última instancia, los de la Corte Suprema de Justicia, pero para ello sería necesario que la toma de las decisiones vitales del país volvieran a manos de los brasileños. Lamentablemente, en América Latina, la aproximación de la justicia a la política ha dado lugar a reiterados comportamientos en los cuales los jueces y fiscales prevarican y se prestan a la persecución de gobernantes populares, como se ha evidenciado en los casos de Brasil, Argentina y Ecuador donde los ex presidentes Lula, Cristina Fernández y Correa son acosados y enjuiciados por delitos que no cometieron y obviamente no pueden ser probados.

En caso que se lograra imponer la manipulación del proceso por medio de la violencia o la corrupción y fuera impedida la inclusión de Lula en la boleta electoral se prevé que un número suficiente de votantes opten por hacerlo en favor de Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paolo y ex ministro de Educación durante el gobierno del popular líder obrero, quien ya aparece inscripto como aspirante a la vicepresidencia con Lula.

En Brasil las cartas están sobre la mesa. Se sabe a qué aspira su pueblo y también de cuanta violencia y crueldad son capaces el imperialismo y los explotadores locales para imponer su ley.

3 de septiembre de 2018.

Manuel E. Yepe

Publicado originalmente en el diario POR ESTO! de Mérida, México.

Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress.com/