Se ha dicho con sobrada razón que el gobierno de Iván Duque da tumbos sin encontrar un relato que le de coherencia a su gobierno, a no ser que la coherencia sea la de impulsar un reformismo retardatario. Uno de los ejes centrales de su propuesta electoral fue introducir modificaciones al Acuerdo logrado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP. Hacer de estas modificaciones y reformas al acuerdo final, el eje de su gobierno, no basta, puesto que las mismas reformas por el blindaje jurídico que acompaño su aprobación e introducción en el ordenamiento jurídico, hace que los intentos por reformarlas tenga alcances limitados y un camino lleno de obstáculos. Algunas de las reformas ventiladas en la campaña electoral no solo son difíciles de ser aprobadas por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional sino que no pueden tener carácter retroactivo amen que significarían una violación flagrante de unos acuerdos que han tenido múltiples obstáculos para su puesta en marcha.

Duque ha tratado de moverse en aguas turbulentas dado que se enfrenta a una ciudadanía cada vez más activa. A escasos días de su posesión 11.7 millones de ciudadanos concurrieron a las urnas para aprobar en una consulta popular siete mandatos en la lucha contra la corrupción que ha sido identificada como uno de los problemas cruciales que afronta la sociedad colombiana. Si bien los 11.7 millones de votos no constituyeron el umbral para hacer obligatoria la consulta y para que de ésta manera el Congreso de la República estuviera obligado a su aprobación si constituyeron un claro mandato político. Duque lo entendió así y aún en contra de su partido y de su mentor Álvaro Uribe Vélez, que se mostró en contra de la Consulta popular, Duque sin mucho compromiso si manifestó su apoyo y su respaldo y salió a votar el 26 de agosto.

Una vez conocidos los resultados Duque convocó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para construir una propuesta de consenso. Todos los partidos concurrieron a la cita con el presidente y de manera ágil conformaron una mesa técnica que este martes 18 de septiembre presentó con la presencia del mismo Duque un paquete de proyectos para que el Congreso los apruebe en esta legislatura. Estos proyectos buscan dotar de herramientas a las autoridades y a la ciudadanía en su lucha contra la corrupción. Pero lo más significativo es que son la expresión de una creciente ciudadanía que exige resultados en la lucha contra la corrupción que se apropia de unos 16 mil millones de dólares al año según cifras de la Contraloría General de la República.

Ahora viene el pulso en el Congreso puesto que muchos de sus integrantes se oponen por ejemplo a la publicación de sus declaraciones de renta y de bienes así como se oponen a que se limite a tres los períodos en que pueden ser elegidos a las corporaciones públicas como también se oponen a que las partidas regionales sean aprobadas trasparentemente y que las obras y proyectos sean aprobados con la participación de la ciudadanía en las regiones y por supuesto con la participación de los alcaldes y gobernadores así como de los parlamentarios oriundos de dichas regiones con lo que se da un golpe muy fuerte a los gamonales regionales que hasta ahora han utilizado estos recursos públicos para alimentar sus clientelas en sus regiones y para financiar su permanencia indefinida en el Congreso de la República.

Otras medidas como la rebaja de los salarios de los Congresistas, se hará de manera gradual comenzando por la congelación de sus salarios hasta llegar a tener unos ingresos de 25 salarios mínimos mensuales que constituye un salario digno. También son importantes los pliegos únicos para la contratación pública así como la eliminación de los privilegios de que hoy gozan los corruptos como por ejemplo la casa por cárcel. Son medidas que marchan en la dirección adecuada. De paso limitarán la capacidad de corrupción de los gobiernos que mediante partidas presupuestales asignadas a los parlamentarios lograban conformar las mayorías para hacer aprobar su agenda legislativa. Son medidas que marchan en la dirección acertada. Ya se verá si logran doblegar a sus abiertos enemigos en el Congreso de la República y si consiguen las mayorías para ser aprobadas. Digamos que aquí Duque logra enviar un mensaje de unidad nacional alrededor de este paquete de proyectos y proyecta una imagen de conexión con la ciudadanía que como ya se dijo ha sido la principal protagonista de esta cruzada contra la corrupción.

Un reformismo retardatario

Si bien en el tema de lucha contra la corrupción el mensaje es claro y permite que Duque se presente como artífice importante de un acuerdo nacional no sucede lo mismo con otros temas sobre los cuales volveremos más adelante. Por lo pronto digamos que su proyecto de reforma política es sumamente incompleto y no va al centro de los problemas que fueron acertadamente diagnosticados por la Misión Electoral Especial, MEE, que entregó en el mes de abril del año 2017, un completo informe con propuestas de reformas dentro de las cuales se destaca la creación de una verdadera autoridad electoral.

Proponía la Misión crear un tribunal electoral independiente sin injerencia de los partidos en su elección así como crear una autoridad administrativa también independiente de los partidos, El Consejo Electoral Colombiano, CEC, que reemplazara al corrupto Consejo Nacional Electoral, CNE, que no solo es foco de corrupción puesto que es elegido por los propios partidos para que los discipline y vigile, cosa que no hace sino por el contrario es un foco de impunidad. Por ejemplo sin ningún pudor archivo las investigaciones por el financiamiento ilegal de Odebrecht, la corrupta firma brasilera, a las campañas presidenciales del año 2010 y del año 2014. Tanto las campañas de Santos como de Oscar Iván Zuluaga recibieron millonarios recursos de forma ilegal. El CNE dejó pasar los años y recientemente las archivo. En Colombia no existe una autoridad electoral autónoma e independiente y el proyecto de reforma de Duque radicado en el Congreso no contempla esas propuestas por el contrario busca fortalecer con mayores recursos al CNE actual sin reformas en los mecanismos de elección. Así algunas medidas necesarias como la de eliminar las listas abiertas con voto preferente o la realización de consultas primarias para definir los candidatos de los partidos políticos si bien son necesarias dentro de una reforma política son insuficientes y no apuntan a los problemas principales detectados por la Misión Electoral Especial. Justamente una de las propuestas llevadas por Gustavo Petro a la cumbre de los partidos convocada por Duque proponía que como parte de un acuerdo en lo fundamental para dar vida al Pacto por Colombia propuesto por Duque era la de consensuar una reforma política. Duque no ha avanzado y por el contrario como ya indicamos presento un proyecto de reforma política sumamente incompleto. Allí no hay avances significativos. Y en este aspecto el pacto por Colombia no avanza.

Limitar la Tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales

En otro frente de los acuciantes problemas del país el de la crisis de la Justicia tampoco se presentan avances significativos. La semana anterior el gobierno de Duque presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de reforma a la justicia. Aquí tampoco hubo consensos ni con la oposición ni con los sectores independientes y mucho menos con las Altas Cortes de Justicia, que concurrieron a un diálogo de sordos. De esta forma el proyecto de reforma presentado al Congreso solo cuenta con el apoyo del Gobierno y en muchos aspectos es sumamente regresivo.

Dos perlas bastan para ilustrar este reformismo regresivo. El proyecto busca limitar el único mecanismo que goza de un amplio apoyo y reconocimiento popular. La Constitución de 1991 dejó en manos de los ciudadanos un instrumento para la protección de sus derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o no sean debidamente protegidos. Cualquier ciudadano puede acudir a la justicia mediante el uso de la Tutela para que los jueces protejan sus derechos a la educación, a la salud, a la pensión, al libre desarrollo de su personalidad, en fin, anualmente más de 400 mil ciudadanos interponen ante los jueces este mecanismo de amparo cuando sienten que sus derechos no son garantizados. Los ciudadanos acuden ante cualquier juez dado que la Constitución los invistió a todos ellos como jueces constitucionales. Es un mecanismo ágil y que ha resultado eficaz para la protección de los derechos de la ciudadanía.

Pues bien el proyecto busca introducir una reforma para que el mecanismo pierda justamente las virtudes y fortalezas que ha mostrado a lo largo de sus 27 años de existencia. Todas las modificaciones que propone son graves. Son cuatro principalmente. El proyecto propone que las tutelas deben tramitarse en adelante solo ante jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con la materia objeto de amparo. El problema es que en la mayoría de los municipios del país no hay jueces especializados lo que determinaría que las personas para reclamar por sus derechos deberían trasladarse hasta las ciudades capitales para interponer el mecanismo de amparo con lo cual se asestaría un duro golpe al uso de este mecanismo que es el único que ha dado resultados.

En segundo lugar la propuesta del gobierno acaba con el concepto de la jurisdicción constitucional y la primacía de la Corte Constitucional que es la más alta Corte que unifica la jurisprudencia aún por encima de la Corte Suprema de Justicia en materia penal o del Consejo de Estado en materia contencioso administrativa. Al obligar al ciudadano a que interponga el recurso ante los jueces especializados serán las Cortes especializadas quienes serán tribunales de cierre en sus respectivas competencias y especialidades. Así entonces se acabaría con la potestad que hoy tienen todos los jueces de proteger los derechos fundamentales, competencia que les confirió precisamente la Constitución de 1991.

Un tercer gran problema es que el proyecto del gobierno impone el requisito de que la persona que interpone la tutela esté “legitimada para hacerlo”, lo que significa que una persona no puede actuar en defensa de los derechos fundamentales de otra, cuando por cualquier causa (la misma indefensión del afectado) no pueda actuar directamente. Es el caso por ejemplo de los niños y la protección de sus derechos.

Y finalmente el proyecto elimina la posibilidad de ejercer la acción de tutela en cualquier tiempo que esta hoy reconocido en el artículo 86 de la Constitución Política. En adelante y contrario a la jurisprudencia de la Corte vigente actualmente se establecerían limites en el tiempo para poder ejercer la tutela y la protección de los derechos humanos fundamentales. Es un mal proyecto y en contra de él habrá que acudir a la ciudadanía que solo ha encontrado en la tutela un mecanismo ágil y expedito para la protección de sus derechos. Un vivo ejemplo del reformismo retardatario, regresivo. Esperemos que este adefesio no tenga mayorías en el Congreso pero desde ya hay que invitar a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Tutela como mecanismo eficaz de defensas y protección de los derechos humanos.

Finalmente, una segunda perla se encuentra también en el proyecto de reforma a la justicia presentado por el Gobierno de Duque al Congreso. Hay un amplio consenso en eliminar las funciones electorales de las altas cortes de justicia. La constitución de 1991 les dio a las Cortes la función de proponer candidatos o elegir a funcionarios como al fiscal general de la Nación que es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna que le es propuesta por el presidente de la República, también por ejemplo, le confirió poder a los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para organizar el concurso y elegir al Registrador Nacional del Estado Civil. En el proyecto de reforma este cargo que es fundamental para la democracia colombiana pues es quien mantiene el censo electoral, organiza las elecciones no solo nacionales sino regionales y debe ser prenda de garantía para todos pasaría a ser elegido por el Congreso de la República. Otro bandazo y otro retroceso.

Será muy difícil que Duque avance en su Pacto por Colombia con propuestas como las que hemos comentado. Y una acotación final. En la lucha contra la corrupción el gobierno se ha desdibujado enormemente con el nombramiento de Alejandro Ordoñez Maldonado como el embajador colombiano ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ordoñez fue cesado en sus funciones de Procurador General de la Nación por actos de corrupción llevados adelante para su reelección. Y al defender al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla señalado de utilizar normas de política pública impulsadas por él para después montar un jugoso negocio privado. Lo que se escribe con la mano se borra con el codo.

Bogotá, 20 de septiembre de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur