El 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Con ello, cobró sentido político la noción de desaparición forzada, es decir, la desaparición de aquellos que son incómodos al status quo, concretamente al régimen establecido. Un régimen que hoy se escuda en la inseguridad que genera el crimen organizado. Para Amnistía Internacional “es uno de los miles de casos de personas desaparecidas en el país. En estos últimos cuatro años, el registro oficial de personas desaparecidas en México pasó de 22, 000 a 37, 000”.

No hay peor incertidumbre para los familiares de las víctimas, no saber si están vivos o muertos: en qué condiciones se encuentran, de estar vivos, o cómo murieron y por quiénes. Las sospechas, por omisión o comisión, recaen, en primer lugar, en el Estado. En medio de un clima de violencia, que al parecer no cesa.

Aferrado a la versión de su verdad histórica, dada a través de la Procuraduría General de la República, Enrique Peña Nieto carga con esa pesada losa que es el caso Ayotzinapa, al igual que, cincuenta años atrás, Gustavo Díaz Ordaz labró la suya el 2 de octubre. Desde entonces, en ambos casos, en las calles se grita: ¡Fue el Estado!

En el Informe Conjunto para el Tercer Examen Periódico Universal por Organizaciones de la Sociedad Civil 2018, suscrito por más de 250 de OSV, se retoman las conclusiones tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para referirse a una captura corporativa del Estado, un mecanismo aceitado por la corrupción y la impunidad, que se traduce en “la influencia indebida que las corporaciones ejercen sobre las instituciones públicas, manipulándolas para que actúen de acuerdo con sus prioridades”. Prioridades e intereses globales que no corresponden a los de la gran mayoría de la población (¿cien millones de personas?), con lo quedan vulnerados los derechos humanos y la soberanía nacional.

Después de más de una década, el clima de violencia parece haberse normalizado, en un país que, formalmente, no está en guerra, donde amplias zonas de país se hallan se hallan ocupadas  y control del crimen organizado. Al respecto, “el sistema de procuración de justicia en México adolece de corrupción y colusión con grupos delincuenciales, además de ser burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas”.

Ello explicaría que México sea, después de Iraq, el lugar más peligroso para los periodistas, que investigan estos casos de corrupción y colusión. Según Artículo 19, entre 2012 y 2017 –en el actual sexenio— 41 periodistas fueron asesinados y se contabilizaron dos mil 199 agresiones contra la prensa, a pesar de la presencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión.

Menuda tarea, la de la procuración de justicia, para los próximos meses y años. Asignatura pendiente. Desde hace cuatro años. Desde hace cincuenta…  La semana que va del 26 de septiembre al 2 de octubre será oportunidad para refrendar nuestro compromiso. Con los que ya no están, pero también con los que siguen aquí, en la lucha por un mundo mejor.