La semana que termina se dio una de las más grandes movilizaciones estudiantiles en nuestra historia. Adicionalmente, con escasa presencia de hechos de violencia, lo cual refleja las nuevas realidades de una sociedad, que pese a todos los contratiempos, quiere dejar atrás la violencia como un instrumento de acción política, porque si bien las movilizaciones ya no acudieron al uso de 'papas-bombas' como en el pasado y con contados casos  -que ojalá terminen de erradicarse- tampoco se afectó los edificios, el transporte público u otros edificios particulares; pero también debemos destacar el comportamiento de las autoridades nacionales y locales, especialmente de la Policía Nacional, que acompañó las movilizaciones pero no acudió al uso de la represión. Vamos cambiando positivamente y hay que destacarlo, en el sentido de concebir la protesta social como un derecho ciudadano y tanto los manifestantes como las autoridades deben entender que se hacen estas expresiones de descontento social, sin afectar otros bienes.

Igualmente debemos señalar que no es una protesta universitaria, específicamente contra el Gobierno del Presidente Duque, porque el problema de las finanzas de la educación superior se origina en el gobierno del Presidente César Gaviria, cuando se congelan los recursos presupuestales en términos reales y se les ata al índice de inflación anual -Ley 30 de 1992-. Por eso en los diferentes gobiernos los estudiantes y en general el sector ha  protestado de diversas maneras; son recordadas las movilizaciones estudiantiles de inicio del Gobierno de Juan Manuel Santos en 2011, lideradas por la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y que presionaron a la primera Ministra de Educación de ese gobierno a retirar el proyecto de ley que proponía la reforma de la Ley 30 y que había sido presentado sin una concertación con los actores relevantes del sector -rectores universitarios, profesores, estudiantes-, sin embargo la MANE se quedó corta en su compromiso de presentar una propuesta alternativa -la presentó tardíamente-; igualmente se habían dado movilizaciones en el Gobierno Uribe y los demás Gobiernos anteriores. Es decir, no se trata de algo puntual contra el Gobierno actual, sino un problema que tiene un largo tiempo acumulado y que si bien las universidades públicas han tratado de paliar algo de la carencia de sus finanzas, acudiendo a gestionar la expedición de leyes de estampillas o leyes de honores, esto sólo han sido soluciones parciales y de coyuntura.

Sin duda estamos frente a un problema de tipo estructural que requiere soluciones de largo plazo de carácter permanente -lo que algunos denominan 'Políticas de Estado'- y deben concebirse los recursos que el Estado dedica a la educación como una inversión, no como un gasto, y construir una propuesta de modificación de la Ley 30 que garantice a las instituciones de educación superior recursos para mantenimiento y ampliación de infraestructura, para modernizar sus laboratorios, su conectividad y el funcionamiento de su nómina profesoral, reconociendo que cada vez se requiere un profesorado más cualificado y con una orientación a la investigación.

El movimiento estudiantil actual debería orientar sus acciones a la concreción de una Mesa de Concertación, con presencia de los Ministerios de Educación y Hacienda, delegados de los Rectores universitarios, los profesores y los estudiantes, para que se logre una propuesta concertada que se lleve al Congreso de la República. Por esa vía tanto el Movimiento Estudiantil, que ha dado muestras de capacidad movilizadora, como los demás actores y el Gobierno, que también ha mostrado una disposición a construir una solución permanente, pueden dar el parte de que colocaron las bases para garantizar que la universidad pública va a ser fundamental para la sociedad colombiana.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional