El dueño ordena y los sujetos se ponen en la fila. Después de las sanciones de Trump dirigidas al oro de Venezuela llegan rápidamente las de Europa. El Consejo de la UE ha decidido renovar por un año, hasta el 14 de noviembre de 2019, las restricciones contra el país bolivariano.

Medidas que se remontan al 13 de noviembre de 2017 y se refieren a "un embargo de armas y equipo que puede usarse para la represión interna", la prohibición de viajar y la congelación de activos para 18 representantes del gobierno bolivariano considerados como "responsables de violaciones de derechos humanos".

Debido a las sanciones, el año pasado se impidió a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ingresar a Europa para explicar el funcionamiento del sistema electoral venezolano.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, llegó a Italia y expresó "una gran preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela". Benítez, después de recordar "los muchos venezolanos que huyeron a Paraguay", dijo que "un grupo de países de América Latina no reconocerá la legitimidad del gobierno de Maduro" el 10 de enero, cuando el presidente bolivariano tomará posesión del cargo para un nuevo mandato.

Mientras tanto, una veintena de ex gobernantes de España y América Latina envió una carta al presidente electo de México, Manuel López Obrador y al de Brasil, Jair Bolsonaro, en la cual pidió no invitar a Maduro a sus tomas de posesión.

De viaje a Italia, el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Yván Gil, denunció "la intención de renovar las sanciones ilegales contra el pueblo venezolano y contra los funcionarios por el simple hecho de respetar y hacer cumplir las leyes venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Gil ha emitido estas declaraciones al margen del IV Foro de Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por el Instituto Italo-Latinoamericano (ILA) también con la participación de Venezuela.

Dijo que lamentaba que "la Unión Europea persista en su interés o en su voluntad de promover una solución antidemocrática en Venezuela, simplemente siguiendo las órdenes del gobierno de Trump", cuyas sanciones, por la misma admisión de la administración norteamericana, "hacen sufrir a nuestro pueblo al limitar su acceso a los alimentos, a los medicamentos, e imponen una serie de medidas cuyo único objetivo es derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro".

El ministro ha invitado Europa a emprender el camino del diálogo, siempre seguido por Venezuela a través del ejercicio de la democracia participativa establecida por la Constitución, "que define claramente los requisitos jurídicos y constitucionales para ejercer esta democracia".

En primer lugar - dijo Gil - hay la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por más de 8 millones y 300.000 venezolanos hace un año para restaurar la paz en el país y para crear nuevas instituciones: a pesar de las amenazas y de las sanciones de la UE.

Venezuela - dijo el ministro - es un país libre, que se independizó hace más de 200 años de un imperio europeo, el español, y que no se deja chantajear. La vía del diálogo pasa por el reconocimiento de que Venezuela debe resolver sus conflictos sin injerencias externas. Y lo está haciendo: "está buscando la solución a sus problemas económicos a través del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que comienza a dar resultados".