El pueblo mapuche del territorio de Chile habitaba entre el río Choapa en el norte y las islas de Chiloé por el sur.  Tras una larga resistencia a la conquista española, los mapuche se vieron obligados a replegarse hacia el sur, logrando mantener la frontera en el río Bío-Bío durante más de dos siglos.

En 1641, el rey de España, en el Pacto de Quilín, reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, lo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803.  Más tarde, la naciente República de Chile, en 1825, en el Tratado de Tapihue, estableció que no violaría esta frontera.

Sin embargo, este compromiso fue transgredido por el Estado de Chile a mitad del siglo XIX a través de la “Pacificación de La Araucanía”, término eufemístico para denominar la ocupación del territorio al sur del río Bío-Bío para incorporarlo a la agricultura, erradicando a los mapuche a reducciones a través de “títulos de merced”, quedando así confinados a 500 mil hectáreas, esto es, un 5% de su territorio original.  El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos. Posteriormente, continuaron siendo víctimas de despojos mediante amedrentamientos y farsas judiciales, acrecentándose su proceso de pauperización.

Entre noviembre de 1868 y mayo de 1869, trece divisiones del ejército se internaron al corazón del Wallmapu arrasando con todo   cuanto pillaron a su paso.  Según  testigos, en esta guerra de “tierra arrasada” o “guerra de exterminio”, quemaron más de dos mil casas de las tribus guerreras, la mayor parte repletas de cereales para la subsistencia, además del robo de más de 20 mil cabezas de ganado, arreadas por los soldados hacia los corrales de Angol, Nacimiento y Los Angeles.  En otros términos, esta arremetida desde el Estado chileno fue pillaje y baño de sangre: “Se apresaba al mapuche que se cruzara por delante y se asesinaba a mujeres, ancianos y niños, sin mayor distinción.  A veces, estos últimos eran tomados cautivos y enviados a las ciudades de Concepción, Chillán o Santiago.  Allí eran finalmente repartidos como “mocitos” y “chinas” para el servicio doméstico de aristocráticas familias”. (Cayuqueo, P., “Historia secreta mapuche”, Catalonia, Santiago de Chile, 2017, pág. 301).

Recién en 1967, la Ley de Reforma Agraria Nº 16.640, permitió un incipiente proceso de recuperación de tierras y apoyo crediticio.  Durante el gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende, se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y fueron restituidas 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche. Pero la dictadura militar interrumpió el proceso de Reforma Agraria y sus participantes fueron perseguidos.  Las tierras fueron restituidas a los antiguos dueños, algunas rematadas y otras pasaron a manos del Estado y de jefes militares.

En 1978, el dictador Pinochet dictó el DL 2.568 que determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuche, estableciéndose que “las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios.”  Así se buscó aniquilar la cultura mapuche, a lo que se sumó la expansión forestal que reemplazó a los bosques nativos por miles y miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas, como el pino y el eucalipto, con nocivas consecuencias ecológicas.

El crimen de Camilo Catrillanca es un episodio más en el proceso de exterminio del pueblo mapuche.  Este joven mapuche de 24 años era un “blanco” vigilado por Carabineros de Chile, de acuerdo a la “Exposición coordinación zona control orden público”, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), la misma  que fue descubierta inyectando pruebas falsas contra dirigentes mapuche, a quienes persiguieron y encarcelaron en la llamada “Operación Huracán”.

Catrillanca había sido relevante dirigente estudiantil en el liceo de Pailahueque (Ercilla), cuyo local ha sido convertido en cuartel de Fuerzas Especiales de Carabineros.

El Informe de Inteligencia Policial identifica a Camilo Catrillanca como líder de la Alianza Territorial Mapuche, acusada de ser responsable de la violencia en La Araucanía.  Tenía un rol destacado en su comunidad en defensa de la identidad cultural.  Por eso le dispararon por la espalda y le mataron: tal como ocurrió durante la “Pacificación de La Araucanía” del siglo XIX, para imponer la “civilización” y el “progreso” del sistema capitalista es necesario exterminar a quienes mantienen vivo el espíritu del pueblo, estigmatizando al movimiento de reivindicación mapuche, adjudicándole delitos comunes para desvalorizar su lucha y persiguiendo y encarcelando a los dirigentes más lúcidos, como lo era Camilo Catrillanca.

Desde 1993, la ley Nº 19.253 prohíbe “la venta y arriendo de tierras indígenas cercanas a centros urbanos, para liberalizar el suelo mapuche y facultar a sus tradicionales dueños la venta y arriendo de tierra a particulares”.  En este momento, parlamentarios de derecha han postulado la modificación de esta ley, lo que permitiría la inversión inmobiliaria.  En ese marco se inserta el Plan Araucanía del actual gobierno y llevada adelante por el ex canciller, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y hoy ministro de Desarrollo Social, sumado al supuesto “interés benefactor” del gran empresariado hacia el territorio mapuche.

La política de la “zanahoria” para los que accedan a las ofertas del mercado.  El “garrote”, para los que reivindican la autonomía territorial, como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM); Weichan Auka Mapu (WAN); Resistencia Mapuche Malleco (RMM); y Alianza Territorial Mapuche (ATM).

La “pacificación” de La Araucanía ha continuado y continuarán los crímenes de los agentes del Estado hasta que éste reconozca que “la autodeterminación no implica un Estado independiente para cada pueblo, ni tampoco implica que los grupos sin Estado sólo tengan recurso a los derechos individuales de sus miembros.  Más bien, los pueblos como tales, incluso los pueblos indígenas con sus propias estructuras políticas y sociales, han de participar plenamente e igualmente en la construcción y funcionamiento de todas las instituciones de gobierno bajo las que viven a todo nivel”.  (James Anaya, Relator Especial sobre de ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas).

Santiago de Chile, 29 de noviembre de 2018.

Fuente: EL CIUDADANO on line