Hace unos días, conversaba sobre la Reunión en Buenos Aires de la G20 con Carlos Figueroa Serrano, que fuera Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Uno de los temas que tocamos fue la total ausencia del Papa argentino, quien no envió carta alguna y que ni siquiera la ha mencionado.

Otro tema fue el de las manifestaciones de quienes se oponen a esa iniciativa y que en general en las anteriores versiones de esta reunión habían resultado sumamente violentas, con muchos heridos y muchos detenidos, especialmente la precedente en Hamburgo. Le llamó a la reflexión que en Buenos Aires, que venía de la violencia antes del partido de fútbol Boca-River una semana antes, no hubiera ocurrido ningún hecho de esa magnitud durante la multitudinaria marcha opositora.

Me indicó que para los chilenos, y en especial para el Gobierno de Chile, es un tema destacable ya que el próximo año se realizará en ese país la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por su denominación en inglés Asia-Pacific Economic Cooperation. Este foro reúne veintiuna naciones entre las que destacan Japón, México, Rusia, Canadá, China y los Estados Unidos de Norteamérica, esto es representaciones similares a las que se dieron cita en Buenos Aires en la G20 unos días atrás.

Le comenté a mi amigo que a mi también me había llamado poderosamente la atención esa jornada, teniendo en cuenta los hechos acaecidos en las inmediaciones del Monumental de River Plate. Éstos habían mostrado una absoluta falla en materia de medidas de seguridad apropiadas, que si bien no eran responsabilidad directa de la Ministra Bullrich –la Ministra de Seguridad de la Nación- sí tenían una alta significación, como lo expresé críticamente en un articulo, haciendo especial hincapié en la funcionaria del Gobierno del Presidente Macri.

En el caso de esta concentración de quienes protestaban por la reunión del G20, lo importante es lo que logró: que los que se manifestaban alcanzaran su objetivo sin violencia y pudiera ser noticia mundial, el diálogo.

Sí, el diálogo.

Ambos grupos, las organizaciones sociales y partidos que combaten a la G20 y los equipos de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación, se sentaron a una misma mesa y conversaron largamente sobre los objetivos de unos y otros y de cómo ambos querían lograr que éstos se hicieran realidad.

Este razonamiento permitió que se encontrara las formas de llegar a un acuerdo en que las partes, sin postergar ni renunciar a sus propósitos, pudieran hacer efectivo su papel.

Indudablemente que para ello necesitaron de mucha buena voluntad, honestidad y claridad.

Fueron las organizaciones sociales y los partidos los que pusieron para ello una alta cuota de inteligencia y estrategia. Querían que el mundo supiera que en América del Sur, en la Argentina concretamente, había una real movilización de la base social, de la comunidad nacional, para oponerse a le reunión de las naciones poderosas que actúan en contra de los intereses de los postergados, de los marginados. Su intención final es que todos los pueblos entiendan que deben unirse para hacer efectivos sus reclamos. Sabían que para ello necesitaban que esto fuera multitudinario y pacífico.

Lo consiguieron con la colaboración de personeros de la Seguridad Nacional que evitaron la represión indiscriminada y sólo actuaron frente a los probados extremistas que detectaron. Esos grupos vieron disueltas sus reuniones, algunos fueron detenidos y se requisó material como bombas y otros elementos que sólo iban a servir para producir el caos en la marcha.

Así se llegó a este éxito de la marcha. Es lo que el Gobierno de Chile debe tener presente en la reunión de 2019 de la APEC.

Estoy convencido que no fue merito personal de la Ministra Bullrich, sino de un equipo pensante. Ella días después volvió a mostrar su abierta mentalidad totalitaria, al resolver que los agentes de seguridad, policía y otros, puedan usar sus armas sin necesidad de dar el alto a los delincuentes o sin que hayan sido agredidos por éstos. Esta autorización es lo que en la Argentina se llama “gatillo fácil”, fue bastamente utilizado por la dictadura militar –como en Chile también- y ha despertando fuertes criticas dentro del propio Gobierno. El juez Roberto Gallardo ya lo declaró inconstitucional e inaplicable.

Es algo más que muestra la falta de planificación y permanente improvisación que –especialmente en la economía- ha mostrado el Gobierno.