Empezó el 2019 manteniendo las tendencias económicas heredadas del 2018 en la Argentina: elevada inflación y consolidación de la recesión productiva con impacto regresivo sobre la mayoría empobrecida de la población.

Los pronósticos aluden a una elevación de precios que oscilará entre el 30 y el 35% contra actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales que perderán mayor capacidad de compra, la que se acumula a la perdida de los años previos.

El registro inflacionario de los precios minoristas en 2018 alcanzó el 47.6%, mientras que los precios mayoristas marcaron un 73,5% de aumento, asegurando un remanente de incrementos para el comienzo del 2019, con la lógica consecuencia de un registro elevado pronosticado para todo el año.

Como hemos sostenido, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, de los que menos tienen a los sectores de ingresos más concentrados, agravando el cuadro de desigualdad vigente en el país.

Desde los organismos internacionales señalan una caída de la actividad económica para el presente año muy por encima del -0,50 % pronosticado por el Gobierno en su presupuesto para el próximo año y que avalara el Parlamento, es decir, oficialismo y oposición cómplice.

La CEPAL alude a una caída del -1,8% y el FMI a una retracción similar del -1,7%, manteniendo la situación del presente año, que a noviembre del 2018 registra una caída del -2,2%, confirmando tres años recesivos de los cuatro de la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.

El tema de la recesión se agrava porque la menor producción de bienes y servicios derivada de la menor actividad económica tiene que distribuirse para consolidar la estructura del poder concentrado y por ende, hay menos para repartir. Agravado el tema con el condicionante del achique del gasto público para lograr el déficit fiscal primario cero, privilegiando cuantiosos pagos de deuda, asegurados con el ingreso de los fondos del FMI.

Se confirma así una situación que augura un año de empobrecimiento de la mayoría de la sociedad en beneficio del sector más concentrado, el que se explicita en el 10% de la población de mayores ingresos, que como mucho puede extenderse a una 40% en condiciones de superación del ingreso promedio percibido por la población en la Argentina.

Queda claro que los perjudicados de la realidad económica recesiva, tal y como se presenta al comienzo del año afectará al 60% según las propias estadísticas del INDEC.

Impacto en la política en un año electoral y de conflicto social

El interrogante es si esto afectará el objetivo reeleccionista de Macri para un nuevo periodo presidencial entre 2019 y 2023.

Bajo condiciones normales, tras un periodo de gestión de gobierno con deterioro de todos los indicadores sociales, podría vislumbrarse un voto castigo y la expectativa por un nuevo rumbo de la economía y la política.

Sin embargo, la división del peronismo opositor puede facilitar la renovación gubernamental del macrismo. Desde los medios se instala la voluntad electoral divida en tercios entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, habilitando la posibilidad de terciar con otra candidatura. Son especulaciones que solo se resolverán cuando se inscriban las candidaturas que disputen la representación política institucional.

En estos días y a propósito del debate sobre Venezuela, la perspectiva estratégica de los principales referentes del peronismo y otros espacios con capacidad de liderar proyecto político electoral, apareció fragmentada en el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro o a la injerencia extranjera y el aliento a un gobierno paralelo en la tierra de Bolívar y Chávez.

No es un dato menor a la hora de definir coincidencias ideológicas sobre el rumbo a definir para el desarrollo inmediato de la política en la Argentina.

Hasta la fecha solo juega la candidatura oficial de Macri, aun cuando algunos auguran variantes y opciones improbables en el macrismo, sea la gobernadora provincial bonaerense o el jefe gubernamental de la ciudad capital del país.

En el campo opositor con probabilidades de acceder al gobierno, son variadas las pre postulaciones sin quedar en claro el mapa de la confrontación electoral, especialmente en el balotaje, lo que se descuenta ante la imposibilidad de lograr alguna mayoría electoral en la primera vuelta de octubre 2019.

La incertidumbre al respecto impacta en una mayor presión del poder económico, los “inversores”, para que no se modifique el rumbo económico de ofensiva del capital contra el trabajo.

Más allá de la disputa por el Gobierno nacional, será 2019 un año de renovaciones en los ejecutivos provinciales, lo que supone una sucesión de elecciones primarias y finales entre febrero y octubre próximos; pero también de renovaciones legislativas en municipios, provincias y en la nación, con un debate político electoral extendido durante todo el año.

Claro que ese debate transitará en simultáneo con una conflictividad social creciente derivada de la reaccionaria política oficial.

Las discusiones políticas trascenderán el escenario electoral y se pondrán de manifiesto en la movilización y organización popular más allá del resultado institucional provincial y nacional.

El verano empezó con movilizaciones populares contra el incremento de las tarifas de servicios públicos, de agua, luz, gas o transporte.

Movilizaciones que recorren todo el territorito interpelando al conjunto de la sociedad y conformando un entramado social y político que contiene a diferentes proyectos políticos electorales, los que no necesariamente confluirán en propuestas unificadas en el proceso electoral.

La imposibilidad de pagar cuentas por parte de las familias o sectores sociales populares organizados en clubes sociales, organizaciones barriales e incluso pequeñas y medianas empresas, convoca a organizar el reclamo por la condonación de las deudas con empresas prestadoras de servicios públicos o entidades financieras que aplican intereses imposibles de cubrir por las menguadas economías familiares y populares.

Desde el movimiento sindical se procesan las condiciones para un paro general antes de finalizar el verano, confluyendo con la tradicional discusión sobre el conflicto educativo a comienzos del año escolar. Los docentes universitarios, con inicio de clases previsto para febrero en algunas casas de estudios, amenazan con paros si no se recupera la escandalosa cifra perdida en 2018, agravada con la perspectiva del 2019.

Es una situación que se comparte con estatales de diversas actividades que sufren la aplicación del ajuste fiscal.

Los programas en lucha

El debate político ya está planteado más allá de las elecciones de renovación de cargos institucionales.

Se asocia la discusión a los niveles de organización popular necesarios para constituir un proyecto político que supere los límites que instala el programa del poder.

Un programa que se sustenta desde el gobierno y la complicidad opositora en el Parlamento y que para el 2019 tendrá epicentro en la reforma laboral y previsional, contenidas en el acuerdo con el FMI y como demanda estratégica del poder económico local y mundial.

La respuesta desde el movimiento obrero, para el caso argentino es sustancial, pues se trata de uno de los países de mayor sindicalización en la región y con una larga tradición de lucha, especialmente con capacidad de convocar y realizar paros nacionales.

Sujetos movilizados en lucha, construyendo un programa propio más allá del resultado electoral, aparece como desafío popular para construir propuesta política alternativa que supere los límites de una coyuntura que aparece definida por la continuidad de las políticas de ajuste contempladas en el acuerdo con el FMI.

Buenos Aires, 28 de enero de 2019

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com