Definido el camino por la Junta de Coordinación Política del Senado para someter a votación la Guardia Nacional, el martes 19 después de cinco días de audiencias abiertas a la sociedad, adquiere significado la conmemoración del 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad, además de tratarse de la primera en que participa el presidente Andrés Manuel.

El general secretario aprovechó la tradicional ceremonia para subrayar conceptos sobre la GN, polémica institución policiaco-militar, como por cierto lo fue y aún lo es la Policía Federal cuando tenía el apellido de Preventiva y aun sin éste.

Resulta plausible que muchos organismos civiles estén interesados en el tema y aporten fórmulas que permitan los necesarios acotamientos a la nueva institución, pero no tanto como para envolverse en aquella bandera para realizar activismo político opositor, y no me refiero al cinismo del Partido Acción Nacional y su presidente Marko Cortés, el señor de los moches en la Cámara de Diputados, o a la sobrina de Carlos Salinas y su partido que, dice, trabaja “con un profundo amor por México”, sino a los que hablan en nombre de la sociedad civil (38 mil o más organismos y membretes) como si ésta no fuera harto diversa.

Luis Cresencio Sandoval agradeció la confianza que se les otorga “para ser partícipes del fundamental proyecto” de la GN, porque “Estamos ante una renovación sin precedente de la vida pública, donde con fuerza emergen desde el poder y la diversidad de la sociedad los valores de verdad, justicia, igualdad y honestidad”. A tono con la visión presidencial puntualizó que “Si algo ha quedado claro en el tiempo y la historia es que todos los pueblos rechazan la corrupción, la mentira y la deshonestidad”.

Para el titular de la Defensa Nacional “En esta transformación el presidente nos convoca a fortalecer la república y la unidad nacional desde nuestras raíces. Comprendemos que implica profundos cambios para erradicar la corrupción y la impunidad, para garantizar seguridad, empleos, educación, salud y bienestar a la población”. Lo anterior implica para el divisionario “acudir a un nuevo diálogo e impulsar la transparencia en las acciones y el fortalecimiento de las relaciones civiles-militares y así lo haremos”.

Y el compromiso categórico de que “los soldados, marinos y pilotos servirán al pueblo con “los sellos distintivos de las libertades públicas, los derechos humanos, la certeza jurídica y el debido proceso”. Como lo documentan 54 años del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado Plan DN-III-E. Pero en el debate nadie lo registra porque juran que los soldados “están preparados para matar enemigos”.

Definiciones que si bien implican incidir en el terreno de la política, limitada por la ley de leyes, son preferibles a la quejumbre y confrontación que auspiciaron los anteriores secretarios para exigir mejores condiciones jurídicas y materiales en los numerosos desfiles y ceremonias organizados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.

López Obrador rompió el protocolo en la ceremonia, al tomar la palabra para reconocer a las fuerzas armadas: “Que viva la lealtad del Ejército al gobierno civil, a las instituciones democráticas. Muchas gracias”, dijo. Seguramente porque corroboró que una de las decisiones más importantes y acertadas de su proyecto la tomó al romper con la cadena sucesoria en el Ejército y la Marina que le presentaron el divisionario Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón para designar a los sucesores.

- Eduardo Ibarra Aguirre

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