Cuando la ley, como regla que conduce la organización de la vida y orienta a la sociedad y al ser humano para ir por el camino recto, es conducida por el poder, la justicia queda en riesgo, la derrota la sufre la política y los más afectados son los derechos de los débiles, las víctimas y los adversarios.

La pérdida de capacidad legitimadora de la ley se debe a la multiplicidad de manipulaciones a la que es sometida por agentes del estado y del partido de gobierno, cuya obsesión por mantener el liderazgo de las acciones por el control del país hermano los hace fallar.

El síntoma del daño no está en la estructura de las cortes de justicia, ni tribunales, si no en la arbitrariedad con la que es atacado el sentido de lo jurídico alejándolo de su realidad material y manteniendo a la sociedad bajo el rigor de quienes se hacen temer amenazando con usar la ley. El poder hegemónico incomunica las interpretaciones sociológicas de las jurídicas sobre el contexto de país que existe, y le entrega a la opinión simplificaciones de lo que ocurre, para que los medios, como estrategia del gran capital, construyan su galería impactando y violentando a su antojo la capa protectora de los derechos, desde los más íntimos de la persona, mostrada en su desnudez, hasta los de autonomía y soberanía de los pueblos, puesta en ridículo a través de su más crudo sufrimiento y penuria.

La ley es un es un componente esencial para proteger los derechos humanos, por su capacidad para hacer efectiva la de defensa de la vida, honra, dignidad y salvaguarda del sistema social, pero está en riesgo de ser convertida en un adorno de la pasarela de impunidad, por la que se contonean quienes gozan de inmunidad y anuncian con un discurso de doble rasero, lo bueno y aplaudible de sus prácticas y lo malo y condenable de lo que hacen los otros aunque sea igual. Las fronteras porosas y conflictivas del país, delatan por su mayor exposición las contradicciones teóricas y prácticas del poder, que repite mensajes equívocos en nombre de la ley, y que causan profundos daños a la paz, los derechos y la convivencia. Manipular el sentido de la ley, a la que se dicen aferrarse para juzgar y condenar en nombre de la comunidad política que sostiene el andamiaje de todo estado de derecho es lo condenable, como podría deducirse solo con el caso de Andrés Felipe Arias, del que aduce su partido que es falso que exista un tratado de extradición con Estados Unidos que permita traerlo a Colombia a pagar su condena por delitos comunes, pero el mismo tiempo maldicen porque afirman que el tratado de extradición debe aplicarse al excombatiente Santrich.

Suma en la manipulación de las interpretaciones de la ley el cúmulo de errores por la persistencia en querer derrocar al gobernante vecino. Trasciende los límites de la buena fe, que cada acción siguiente sea tan incierta y agresiva como la anterior porque violenta leyes, principios y valores universales, que van desde el uso indebido de prácticas y conceptos, como pretender señalar de humanitaria, una acción que no lo es o, insistir en querer hacer ver como neutrales y objetivas opiniones que no lo son o, instalar en el imaginario pretendidas verdades que distan de serlo o, interferir en la libre autodeterminación de un país soberano, aduciendo que no hay injerencia política, si no un propósito altruista de liberación nacional, para esconder una alianza de intereses entre el débil cuerpo de autoproclamado presidente que es más bien un impostor o un traidor a su patria por no haber sido ni legitima ni legalmente elegido por su pueblo, según lo define su constitución, porque allí no hay vacancia de poder, ni esta se produce por mandato de gobiernos extranjeros. O bien hay un grave error en esa suma de interpretaciones de la ley o el mundo está ante un caso innegable de consumados delitos, con trasmisiones en directo, de los que se han desprendido daños irreparables y hechos de violencia con consecuencias fatales.

Hay una lógica de pensamiento y acción del gobierno y en especial del partido de gobierno, que sabe manipular la ley (y los medios), para crear verdades a medias, confundir y hacen perder de vista que el objetivo de la ley es servir de soporte a la justicia para que sobre esta se edifique el estado de derecho. Con esta lógica los derechos solo caben para ser despreciados y sus defensores eliminados, la memoria desdeñada y sus fuentes quemadas. Una ley y un derecho de papel para gentes humildes, debilitadas por las carencias, la desigualdad y la exclusión, y otra real, sensata, prudente y benévola en sus dictámenes para los poderosos, para unos las penas son inmodificables y se cumplen en atiborradas cárceles de ignominia y crueldad y para otros sus pequeñas penas ocurren en mansiones por cárcel por ser padres cabeza de hogar o enfermos de stress, cuando no logran hacer precluir las investigaciones mediante decenas de dilaciones (y fraudes procesales encubiertos) interpuestas por expertos en torcer la ley aduciendo la defensa de la misma ley.

Lo que ocurre a diario con la manipulación es el síntoma de una grave enfermedad social, que avanza hacia un reaconstumbramiento al fascismo del siglo XXI, en el que la ley pasa a ocupar un segundo plano, el imperio de la ley se desmorona y el poder hegemónico pone todas las reglas según lo pueda su voluntad, en todo caso invocando y con vehemencia la rectitud del derecho. Ese fascismo está configurando las bases una sólida inseguridad jurídica ya no solo para los antiguos combatientes que suscribieron el pacto de paz, sino para toda la ciudadanía, los críticos, los silenciados y los demás. La inseguridad se apodera del ambiente, aunque su nombre político sea seguridad. La aplicación de la ley cede su capacidad ante los impulsos y pulsiones del poder de excitados gobernantes. No es un problema de antinomias, o sea de contradicciones entre normas, ni de conflictos entre ellas, ni de normas invalidas como las que se pretenden contra el derecho a la protesta, a la opinión o las libertades de investigación y catedra, es sencillamente el uso ideologizado de la ley por quienes detentan el poder político, en asocio con los dueños del capital, que saben bien como relegar a la ley basada en la justicia e imponer su ley sin justicia ni verdad.