El domingo 10 de marzo  el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que objetaba la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en seis puntos por “inconveniencia nacional”. Este recurso está contemplado en la Constitución Política y se refiere a que el presidente por cuestiones relacionadas con el orden económico, político o social, puede objetar un proyecto de Ley aun cuando este haya sido revisado por la Corte Constitucional, como es el caso de la Ley Estatutaria de la JEP. Pero como ha sido advertido en el debate público que se desató después de las objeciones presidenciales el asunto concreto en este caso es que el presidente no esgrimió ninguna razón económica, política o social sino que sus objeciones son de naturaleza jurídica aunque la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la mayor parte de ellas y con respecto a la colisión de competencias lo viene haciendo y en los próximos días resolverá un conflicto planteado por el ladino fiscal general de le Nación, Néstor Humberto Martínez dedicado no a las investigaciones sobre los terceros responsables del conflicto ni a la trama de corrupción de Odebrecht sino a obstaculizar y poner todo tipo de trabas al funcionamiento de la JEP y al cumplimiento de los  acuerdos de paz. Martínez se ha convertido en el principal aliado del uribismo en este tema.

La Corte Constitucional mediante un auto se pronunció este miércoles 20 de marzo zanjando por ahora el debate sobre el proyecto de Ley. La Corte estableció que el Congreso debe dar trámite a las seis objeciones presidenciales sobre las cuales no se pronunció. Estas seis objeciones presidenciales deben ser resueltas por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes y una vez resueltas mediante votación en cada una de las cámaras su resultado así como el procedimiento empleado deberán ser remitidas a la Corte Constitucional que de manera automática está habilitada para pronunciarse de fondo. La Corte además preciso que por tratarse de una Ley Estatutaria las objeciones deberán ser tramitadas prioritariamente, quiere decir que deberán ser asumidas como primer punto en el orden del día de cada una de las Cámaras y que el plazo para hacerlo vence el próximo 20 de junio en que termina el actual período legislativo. En término sencillos lo que dijo la Corte Constitucional es que sea cual sea el resultado de su trámite en el Congreso el proyecto de Ley deberá ser de nuevo remitido a la Corte Constitucional que de manera automática abocará su estudio y definirá de fondo sobre cada una de las objeciones presidenciales.

Las consecuencias del pronunciamiento son principalmente dos. La JEP durante estos meses tendrá que seguir funcionando sin la ley estatutaria que es la que norma sus procedimientos y define el marco legal para sus actuaciones, tendrá que apelar a la jurisprudencia tanto nacional como internacional para seguir operando. La segunda consecuencia es de naturaleza política, el pulso sobre el proceso de paz se seguirá librando principalmente en el Congreso de la República donde el gobierno no cuenta con mayorías sólidas, cualquier cosa puede pasar. Como están las cosas en este momento el resultado en la correlación de fuerzas no favorece al gobierno dado que el Partido de la Unidad Nacional ha decidido por mayoría en su bancada rechazar las objeciones presidenciales, a ello se suma la bancada parlamentaria del partido liberal y la bancada de los sectores de oposición. El pulso se traslada al partido Cambio Radical que se encuentra dividido como lo reconoció su máximo dirigente, Germán Vargas Lleras. Si este partido vota dividido el gobierno no tiene mayorías y las objeciones serían rechazadas.

Pero el asunto es más complejo puesto que el gobierno tiene los recursos del poder que le da ser gobierno y en sus manos están los recursos públicos y el enorme poder burocrático, que son los recursos a los que quieren acceder tanto los miembros del partido de la U que forma parte de la coalición de gobierno como el partido Cambio Radical declarado como independiente del Gobierno. Estos partidos no esconden que quieren acceder al gobierno no solo apoyar al gobierno que es lo que hasta ahora les ha propuesto la coalición del partido Centro Democrático, el partido Conservador y los grupos cristianos que son los que conforman la coalición que gobierna y quienes se reparten tanto el presupuesto como la enorme burocracia pública. El pulso entonces no es sencillo puesto que estos partidos distan mucho de tomar decisiones por conveniencia nacional o por coherencia política o por compromisos programáticos. La muestra la constituye el desprestigiado y cada vez más desdibujado partido Conservador que se benefició del gobierno de Juan Manuel Santos durante sus ocho años de gobierno, apoyó el proceso de paz y ahora sin romperse ni mancharse forma parte del gobierno de Duque y se opone al proceso de paz que apenas hace unos cuantos meses respaldaba en el Congreso de la República.

El problema es que el binomio Uribe-Duque no ha accedido a la solicitud de éstos partidos, el Centro democrático, el partido Conservador y los grupos cristianos se sienten muy cómodos y a gusto manejando el presupuesto nacional y la burocracia pública y no quieren compartir este poder. Esa es la real disputa y lamentablemente el proceso de paz y sus desarrollos así como la gobernabilidad de Duque dependen de este factor. De cómo se resuelva esta contradicción dependerá el pulso sobre las objeciones presidenciales. Por fortuna para el país y para el proceso de paz su futuro no solo depende de los partidos y el Congreso. Depende principalmente ahora, por lo menos en el tema de la justicia transicional, del poder judicial, de su independencia. Hasta ahora así lo han entendido las altas Cortes de Justicia y en lo fundamental han obrado honrando los compromisos y a sabiendas que la paz depende en buena medida de sus decisiones. En términos concretos la Corte Constitucional trasladó temporalmente le decisión al Congreso pero se reservó la última palabra y la decisión final. Obrando en derecho las objeciones no tienen futuro en el control constitucional pues sobre la mayoría de las objeciones ya se pronunció y pasó a ser cosa juzgada constitucional. El camino escogido por la Corte fue aplazar su decisión dándole oportunidad al Congreso para que rechace las objeciones.

El problema es que el aplazamiento de la decisión de la Corte genera en la base guerrillera inseguridad jurídica y aumenta obviamente el riesgo de rearme de una parte de esa base guerrillera. Algunos de los jefes guerrilleros se debaten en la incertidumbre pues la JEP los ha convocado para que se presenten a dar versión libre por ahora en el proceso abierto por su responsabilidad en el caso de secuestros atribuidos a la guerrilla. Hasta ahora han concurrido la mayoría de los antiguos comandantes y los otros han solicitado aplazamientos que les han sido concedidos dentro de ellos el exjefe negociador en representación de la guerrilla, Iván Márquez. Solo Hernán Darío Velásquez, el Paisa,  uno de los jefes militares más connotados de las antiguas FARC no ha concurrido ni ha solicitado aplazamiento pero la JEP no tiene instrumentos jurídicos para ordenarle comparecencia  inmediata y obligatoria pues la norma que le da esas atribuciones a la JEP se encuentra en la ley estatutaria que no ha sido promulgada. Sobre el resto del acuerdo y sobre todo en los temas de reforma política, desmonte del paramilitarismo, reforma agraria y sustitución concertada con las comunidades de los cultivos de uso ilícito así como reparación integral a las víctimas no hay avances significativos y todos ellos cuentan con una activa oposición del uribismo y con muy bajo compromiso por parte del Gobierno.

Entretanto la disputa política se ha trasladado a las calles y seguramente influirá en las elecciones para alcaldes y gobernadores que se realizará el 27 de octubre próximo. Este lunes 18 de marzo salieron a las calles cientos de miles a respaldar el proceso de paz en las principales ciudades del país.  Muchos analistas creen que el principal motivo para las objeciones presidenciales está relacionado con la necesidad del uribismo de concurrir con esa bandera a estas elecciones regionales. Pienso que ese puede ser un motivo, pero, no creo que sea el principal. Para mí el motivo central de las objeciones es el temor a que la Jurisdicción Especial de Paz desvele la participación de militares de alto rango, empresarios, terratenientes, políticos y en general de los más  altos personeros del establecimiento y las propias responsabilidades del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la guerra interna que ha dejado más de 8.5 millones de víctimas, 230 mil muertos alrededor del conflicto, más de 80 mil desaparecidos y un despojo de más de 7 millones de hectáreas de tierra. Ese es el verdadero interés en hacer que el proceso fracase. En manos de los ciudadanos y de su movilización está el futuro de la paz en el país. Este lunes 18 cientos de miles continuaron en esa movilización y de su continuidad y contundencia dependerá el maltrecho proceso de paz en Colombia.

Bogotá 21 de marzo de 2019.                                              

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur