1. El debate programático en las elecciones presidenciales

Una particularidad del debate presidencial realizado en Colombia en las elecciones del año 2018 consistió en su carácter programático, como pocas veces se ha registrado en el país; en estas elecciones hubo un debate y sobre todo en primera vuelta, que abordó problemas centrales que enfrenta la sociedad colombiana. Quizás un debate de esta naturaleza se había vivido en Colombia en los años treinta del siglo veinte cuando emergió el reformismo liberal para dar al traste con la república conservadora. Las banderas de reformas sociales agraria, laboral, educativa alrededor del eslogan de la “revolución en marcha” de López Pumarejo en aquellos años o la campaña del disidente liberal Jorge Eliécer Gaitán en las elecciones presidenciales de 1946 que volvió a poner en el centro el problema de la tenencia de tierra, la paz, y la exclusión social profundizando la reforma liberal de los años treinta del siglo XX, fueron antecedentes de lo que se vivió en los primeros meses del año 2018 alrededor del debate presidencial.

La campaña presidencial de 2018 enfrentó al viejo establecimiento tradicional pegado al modelo neoliberal extractivista, de internacionalización de la economía alrededor de los tratados de libre comercio, con programas asistencialistas como familias en acción y en general alrededor de políticas públicas sociales de subsidios a la demanda, un modelo agroexportador y minero. Un modelo basado en profundizar la precarización laboral y la rebaja de los impuestos a los ricos con la falacia de que menos impuestos a los empresarios, traerán mayor inversión y generación masiva de empleos. Profundizar el modelo privatizador que considera como su axioma inexorable que el mercado por sí solo arreglara todos los problemas de la economía y que el mercado es el instrumento esencial para asignar de manera adecuada la inversión pública.

Por ello sobra debatir sobre políticas de fomento o de industrialización, intervención del Estado en generación de energías limpias, por ejemplo, o reforma agraria para la redistribución de la propiedad en un país con una concentración que medida por el índice de Gini ha llegado en el año 2018 al 0,91 medido por ese indicador en que 1 sería la desigualdad total en donde un solo propietario sería el dueño de toda la tierra productiva. Este modelo fue defendido en la campaña por el hoy presidente, Iván Duque Márquez, y por Germán Vargas Lleras y en lo esencial contaba con el apoyo del santismo que en sus vertientes más representativas concurrieron a apoyar a Duque cuando este derrotó a Vargas Lleras y pasó a segunda vuelta. El tema de la división en este bloque no estaba representado en la crítica del modelo sino en el tema de la paz y los acuerdos con la guerrilla de las FARC-EP. Duque intuyó esta realidad y por ello para facilitar el respaldo de esta fracción prometió que no haría trizas el acuerdo de paz sino que le haría unas reformas. Con ello allanó el camino para lograr en segunda vuelta el respaldo de todo este sector y con ello garantizó, como ocurrió en efecto, la victoria en segunda vuelta.

En esta campaña emergió alrededor de la candidatura de Gustavo Petro Urrego una propuesta coherente de reformismo democrático. Cambiar la matriz del modelo de desarrollo fue su planteamiento central abandonando el modelo productivo basado en la quema de los combustibles fósiles y su reemplazo por un modelo basado en las energías limpias que debería tener una decidida intervención el Estado en la inversión y el estímulo a la generación de energía solar, eólica, hídrica, poniendo en marcha un período de transición hacia la producción y el uso de energías limpias amigables con el medio ambiente. Abandonar en el mediano plazo el extractivismo minero y poner desde ya en marcha una política pública en esa dirección. Especial lugar tuvo en esa campaña la protección de las fuentes hídricas privilegiando su protección de los desastres ocasionados por las industrias extractivistas y sobre todo por la gran minería.

Al unísono con lo anterior debería promoverse la activa participación del Estado en la transformación del modelo productivo hacia las industrias transformadoras y creativas teniendo como base la informática para lo cual debería desarrollarse una profunda reforma educativa. Una reforma de la educación superior para garantizar cupo universitario gratuito a la juventud universalizando su acceso sobre todo para los sectores populares. Tal reforma se señaló tendría un costo de 14 billones que se obtendrían de la eliminación de las exenciones de pago de impuestos de grandes empresarios y grupos de poder que están exentos de pagos de impuestos.

Habría que poner en marcha un proceso de redistribución de la tierra al tenor de los Acuerdos suscritos por el Estado con la desarmada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que contemplaron la puesta en marcha de un fondo de tierras para la paz que en 12 años debería redistribuir la propiedad entregando de forma gratuita tres millones de hectáreas en los próximos 12 años a campesinos sin tierra y a víctimas del conflicto armado; así como la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas en beneficio de pequeños y medianos propietarios al tiempo que se promovería el levantamiento de un catastro rural multipropósito orientado a que los terratenientes paguen impuestos cosa que no hacen o lo hacen en niveles muy bajos. Todo este programa debería orientarse a la producción de alimentos para lograr la soberanía alimentaria. Colombia como producto del modelo es hoy un importador de alimentos. Colombia importa 13 millones de toneladas de alimentos por año.

En el centro político de la contienda se ubicaron los candidatos Sergio Fajardo y Humberto de la Calle que hicieron malabarismos para intentar desde el centro una respuesta programática a los acuciantes problemas de un modelo económico que da como resultado una profunda desigualdad social, una concentración irritante de la propiedad, una desastrosa destrucción del medio ambiente. Algunos de sus planteamientos coincidían con el reformismo democrático de Petro sobre todo al final de la primera vuelta sobre todo en temas relacionados con la educación y la protección del medio ambiente. Sin embargo no lograron una propuesta holística y coherente y en ocasiones cayeron en la estigmatización de la candidatura reformista de Petro a la cual en no pocas ocasiones calificaron de castrochavista y populista al tenor con los grandes medios de comunicación para quienes la reivindicación de las causas populares es simple y llanamente populismo.

En el debate el reformismo democrático logró poner en el centro de la discusión estos temas lo que llevó a compromisos demagógicos por parte de la campaña de Duque que se le han devuelto como un bumerang. Duque prometió una rebaja generalizada de impuestos tanto para las clases trabajadoras como para los empresarios con la falacia de la generación masiva de puestos de trabajo y la promesa de no implementar la técnica del fracking para la explotación de los hidrocarburos. A pocos días de asumir la presidencia anunció la rebaja de los impuestos a los empresarios del 37 al 33% en el impuesto de la renta y un alza de los impuestos a la clase media que concretó en una reforma tributaria en que lo acompañaron la mayor parte de los partidos tradicionales. Incluso llegó a proponer un alza en el impuesto al valor agregado de los productos que constituyen la canasta básica de alimentos que en Colombia están exentos de este impuesto. Su popularidad se vino debajo de manera estruendosa y de allí no ha podido levantarse.

2. Una lectura de los resultados electorales en clave de modelo de desarrollo

El centro izquierda pudo ganar si se hubiese concretado una consulta entre los candidatos de este espectro político con las elecciones de la primera vuelta presidencial. Esa posibilidad no se concretó porque el candidato Sergio Fajardo y las fuerzas que lo respaldaban se negaron a acudir a una consulta con la candidatura del reformismo democrático encarnada en Gustavo Petro, de la Colombia Humana. Esa candidatura era vista como tóxica, demasiado radical y se auguraba que tenía un techo de crecimiento limitado. A esa postura se sumó también Humberto de la Calle. Los esfuerzos que se hicieron para lograr esa consulta resultaron fallidos y ni siquiera se logró una candidatura conjunta del centro político representado en las candidaturas de Fajardo y de la Calle. El resultado en esa primera vuelta fue que quien paso del centro izquierda a la segunda vuelta fue Gustavo Petro con los resultados ya conocidos del triunfo de la candidatura de Iván Duque que sacó un 53% de los votos contra el 44% de Petro y el voto en blanco vergonzante de Fajardo, Robledo y de la Calle. No bastó que en la segunda vuelta Claudia López y Antanas Mockus figuras representativas de ese espectro político sumaran sus fuerzas a la campaña de Petro. El reformismo democrático fue derrotado y con esa derrota se entronizó de nuevo el modelo neoliberal que se mantiene incólume desde comienzos de los años noventa del siglo XX.

Hay que tener claro que en el caso de Colombia las fuerzas políticas tradicionales uribistas y santistas no difieren en los aspectos centrales del modelo que han aplicado desde sus gobiernos y que defienden a capa y espada. Recuérdese que en las negociaciones del Gobierno de Santos con las FARC-EP una línea roja definida previamente es que allí no se tocaría el modelo de desarrollo. En este tema hay un consenso básico y ese consenso prima a la hora de definir las políticas públicas incluido obviamente el Plan Nacional de Desarrollo que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia es la ruta en que se concretan los programas presidenciales del período de turno.

En Colombia la fractura de la élite, que es real, se presenta en torno al tema de la paz y de las vías para lograrla. La fracción de la extrema derecha alinderada alrededor del expresidente Álvaro Uribe Vélez se opone a la vía de la negociación política. Su inamovible es que las guerrillas deberán ser derrotadas por la vía militar y que deben rendirse y someterse al poder del Estado, por eso hoy, por ejemplo, avanzan en la aprobación de reformas constitucionales que hagan imposible un proceso de negociación. Acaban de aprobar una reforma constitucional en séptimo debate en que los delitos sexuales contra menores no podrían ser considerados como conexos con el delito político. Deberán ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria en donde la impunidad en este tipo de delitos es casi total. Lo propio han propuesto en frente del delito del narcotráfico que hacia el futuro no podría ser considerado como delito conexo con el delito político, con ello además de ondear banderas demagógicas para conseguir votos intentan bloquear a futuro cualquier intento de negociación política con las guerrillas que aún persisten en Colombia.

Que la división de la élite en el tema de la paz es real lo acabamos de vivir en el tema de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La fracción de la extrema derecha a la cual pertenece Duque, de lo que ya no hay la menor duda, a pesar de contar con todo el poder del Estado no logró aprobar seis objeciones que había presentado para debilitar y entorpecer el trabajo de la JEP. El tema que está sobre la mesa es el de la verdad que es la tarea central del Sistema Integral de Justicia para la Paz acordado en La Habana entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Pese a los esfuerzos, al uso del poder del gobierno comprando parlamentarios para que aprobaran las objeciones el Gobierno uribista de Duque ha cosechado un rotundo fracaso tanto en Cámara como en Senado en donde fueron derrotadas.

3. Plan de desarrollo de Duque: profundizar el modelo

Las líneas esenciales del Plan de Desarrollo recién aprobado por el Congreso de la República -no sin serios cuestionamientos a la forma como se tramitó toda vez que por tiempos el Senado de la República lo aprobó sin que hubiese sido publicado como exige la norma de la ley del plan de desarrollo y mucho menos discutido- ratifica lo dicho anteriormente, es decir, se mantiene incólume y se profundiza el modelo neoliberal vigente en Colombia desde la apertura económica puesta en marcha desde el Gobierno del Liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994).

El plan incluye nuevos estímulos y facilidades para la inversión de las multinacionales dedicadas a la extracción de hidrocarburos y minerales relajando los mecanismos de control y las exigencias para la protección del medio ambiente. Incluso y pese a las promesas del candidato Duque se aprueba el uso de la técnica del fracking para la explotación de hidrocarburos contrariando decisiones del poder judicial que hasta ahora no lo habían autorizado.

En materia laboral se profundiza la precarización autorizándose de hecho el contrato por días y por horas echando por la borda la legislación laboral que obligaba al pago del salario mínimo. Ello en un mercado laboral en que el 65% de la fuerza laboral realiza sus labores en la informalidad. En materia de salud los grandes ganadores son los intermediarios financieros que ven fortalecidas sus actividades profundizando la salud como negocio y no como derecho en abierta violación de la Ley estatutaria de la Salud que estableció la salud como un derecho fundamental autónomo exigible a las autoridades públicas.

En educación no se afrontan los grandes retos de la jornada única, la educación para la niñez de entre los cero y los cinco años y a duras penas se contemplan los recursos acordados con los estudiantes universitarios después de su exitosa huelga que logró recursos para afrontar la crisis de financiamiento de las 32 universidades públicas estatales.

No hay una política coherente de desarrollo económico. Todo de nuevo se deja al mercado. No hay política industrial ni política para los 12 millones de campesinos a los cuales apenas se les menciona una vez en las más de 1600 páginas en las que se plasma el Plan rimbombantemente denominado Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. Ni líneas de crédito ni de fomento para la economía campesina que provee el 70% de los alimentos que se consumen en la mesa de los colombianos.

Los 10 billones de pesos para las comunidades indígenas fueron incluidos como producto de las movilizaciones y de los acuerdos con las comunidades indígenas así como los 19 billones de pesos destinados a las comunidades afrocolombianas.

Profundizar el extractivismo y con ello la reprimarización de la economía, nada nuevo, nada distinto pese a los mediocres resultados económicos en que a duras penas la economía crece al 3,3 del PIB al año (1990-2016) cuando en la etapa precedente (1960-1990)este crecimiento había sido en promedio del 4,5% anual.

También profundiza la línea de aprobar impuestos para pagar los descalabros ocasionados por la corrupción. El Plan aprueba una sobretasa a los precios de la energía eléctrica para pagar el desgreño y la corrupción de la empresa que provee energía a los siete departamentos de la Costa Caribe, Electrocaribe; aprueba recursos para sanear las finanzas de las corruptas e ineficientes empresas promotoras de Salud, EPS, intermediarios financieros innecesarios en el sector de la salud sin preocuparse de la crisis de los servicios de salud.

El Plan no honra el cumplimiento de los acuerdos de La Habana en materia de financiamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial y disminuye los recursos destinados a la reparación a las víctimas.

En fin, las fuerzas tradicionales han aprobado un plan de desarrollo que como se ha dicho profundiza el modelo neoliberal y no representa un avance para afrontar los problemas de la inequidad, de la exclusión y de la pobreza en que se encuentra un tercio de la población del país.

Bogotá mayo 8 de 2019

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur