Granadas y disparos contra los defensores de las comunidades negras del Norte del Cauca. ¿Por qué quieren matarlos?

Una masacre en ciernes

El pasado sábado 4 de mayo, integrantes de los consejos comunitarios de la población negra del Norte del Cauca sufrieron un ataque con granadas y armas de fuego cuando estaban reunidos en la finca La Trinidad, vereda Lomitas, municipio de Santander de Quilichao. El ataque fue repelido por agentes encargados de la seguridad de algunos de los líderes, evitando lo que iba a ser una masacre.

Los líderes y representantes de las comunidades estaban reunidos para planear las negociaciones pendientes con el gobierno nacional a raíz de su participación en la Minga reciente junto con indígenas y campesinos de la región, y donde deben acordarse las políticas y recursos estatales para beneficio de sus comunidades.

Allí se encontraban dirigentes del Movimiento de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, entre las cuales se destaca Francia Márquez, quien hace poco recibió un premio destacado por su labor como líder dedicada a proteger el medio ambiente. También estaban presentes, entre otros, el dirigente nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el coordinador de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

El hecho, donde resultaron heridos dos agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue condenado por todos los estamentos políticos y sociales, incluyendo al presidente Duque. También resonó entre la comunidad internacional, que de inmediato exigió protección de las comunidades y sus líderes, como lo hizo un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

El incidente se da días después de producirse la declaración del Canciller en el sentido de que “Maduro había recomendado infiltrar La Minga”. En medio del ambiente de crispación que vivimos, la afirmación constituye una acusación velada contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes, entre quienes se cuentan las víctimas del atentado de Lomitas.

Las reivindicaciones y la actitud del gobierno

Entre los acuerdos de la pasada Minga, el gobierno se comprometió a crear una mesa de negociación con las comunidades negras del Norte del Cauca. Las exigencias planteadas por la ACONC giran alrededor de los siguientes puntos:

• Mecanismos legales para cumplir los acuerdos incumplidos desde 1984, con prioridad para las mujeres negras.

• Respeto y garantía de los derechos colectivos y reglamentación de la ley 70 de 1993, siguiendo los principios de progresividad de los derechos colectivos y de consulta previa;

• Cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a reparación colectiva a las víctimas, protección de líderes y comunidades y apoyo para desarrollar estrategias productivas, sustitución de cultivos ilícitos y mecanismos de seguridad comunitaria como las “guardias cimarronas”.

• La tierra y el territorio, lo que implica la compra y adjudicación colectiva, el control de la minería ilegal y la defensa del agua y los bosques.

Los líderes de estas organizaciones han subrayado la necesidad de incluir los acuerdos en el Plan Nacional de Desarrollo con indicadores y metas precisas e instrumentos expeditos de cumplimiento.

Hasta ahora la actitud del gobierno ha sido dilatoria, distante e intransigente. Incumpliendo lo acordado, la ministra del Interior no asistió a la primera reunión realizada después del levantamiento del bloqueo a la carretera panamericana, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo en Santander de Quilichao. Además, el presidente Duque hizo saber que por riesgos de seguridad no acudiría a la región e invitó a los dirigentes a dialogar en la Casa de Nariño en Bogotá, situación que ellos han rechazado.

Las organizaciones del pueblo negro del Norte del Cauca

¿Pero quiénes son esos dirigentes y por qué luchan? Los consejos comunitarios agrupan a campesinos negros, mineros artesanales y comunidades en general ubicadas en zonas rurales y urbanas de los diversos municipios. Son el fruto de un proceso organizativo relativamente reciente y que ha sido complejo, difícil y lento.

La aprobación de la Ley 70 de 1993 —desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991— fue un importante incentivo para la organización de la población negra del Norte del Cauca. La ley, que reconoce los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras, fue una conquista del movimiento afro de esa época y de constituyentes colaboradores como Orlando Fals Borda (QEPD) y el “taita” Lorenzo Muelas.

Sin embargo, en la década de los noventa no existía aún una efectiva participación de las comunidades. Se desató una rapiña entre supuestos dirigentes por la representación en las “comisiones consultivas” aprobadas por la Ley 70, y una competencia insulsa entre las ONG y grupos políticos que se crearon aprovechando los nuevos espacios. La dispersión, la división y las pujas burocráticas impidieron el avance.

Pero con el paso de los años los problemas reales y concretos obligaron a las comunidades a apropiarse de los consejos comunitarios y finalmente ha surgido una nueva dirigencia que hoy se apoya en la experiencia de activistas que han perseverado en la lucha social y cultural.

Hoy existen cuarenta y tres consejos comunitarios en los diez municipios del Norte del Cauca que agrupan a 126 mil personas. Son expresión de la lucha contra:

• El despojo de tierras a manos de los grandes terratenientes;

• El desalojo violento de cientos de familias por la construcción de la represa de La Salvajina en 1983;

• El intento de desviación del río Ovejas para alimentar el caudal del embalse;

• La presencia agresiva y depredadora de la minería legal e ilegal.

En contraste, los consejos defienden la minería artesanal o ancestral y luchan por obtener del Estado servicios públicos como electricidad, carreteras, acueductos, salud y educación.

Las comunidades negras tienen ya una trayectoria de movilización social, que incluye la lucha en la década de los noventa en alianza con comunidades indígenas que logró la adjudicación de las tierras de la hacienda El Pílamo en Caloto; la disputa por ampliar la cobertura del Acueducto Regional del Norte del Cauca que abastece a Puerto Tejada, Villarrica, Guachené y numerosas localidades y veredas de la región; y los paros y huelgas de los “corteros de caña” contra la súper-explotación de los ingenios azucareros.

Hoy en día, los consejos comunitarios han asimilado la experiencia de organización de las comunidades indígenas vecinas, y aspiran a ser atendidas por el Estado y a dotarse de formas de autogobierno como “Pueblo Negro”. Su propósito es compensar las consecuencias de “un desarrollo que se hace a costa de nosotros”, como dice Francia Márquez.

Conflicto y violencia en el norte del Cauca

En 2014 el pueblo negro del norte del Cauca se expresó por primera vez en forma masiva y organizada contra la minería ilegal. Por entonces, Francia Márquez afirmaba que en los últimos años la violencia se había recrudecido y que ello no se debía solamente al conflicto armado sino a los intereses económicos sobre los territorios, que han “puesto en riesgo la vida de las comunidades y de muchos líderes y lideresas” que lo defienden.

Desde entonces han aumentado las amenazas contra la dirigencia negra. Los líderes como Francia Márquez ahora se enfrentan con quienes están detrás de la explotación minera legal e ilegal, pero el conflicto más profundo en la región es relacionado con la apropiación del territorio y el modelo de desarrollo que perjudica a las comunidades.

El norte del Cauca es a la vez una verdadera “mina de oro” y una bomba de tiempo social y política. De sus montañas surge el agua que irriga los grandes cultivos de caña de azúcar que son el eje económico del Valle del Cauca. El embalse de la Salvajina regula el caudal del río Cauca, evita las inundaciones cíclicas que afectaban las tierras planas, y es además la única fuente de agua que la ciudad de Cali podrá utilizar para atender sus necesidades futuras. Negros e indios son sus “invisibles cuidadores” que, en vez de ser reconocidos y apoyados, son percibidos como enemigos por quienes se benefician de esos recursos.

Además, a esa región se desplazaron grandes industrias para aprovechar las ventajas tributarias de la Ley Páez (ley 218/1995), aprobada en beneficio de las comunidades indígenas afectadas por la avalancha del río Páez en 1994, y a cuya sombra se creó una zona franca que ha sido aprovechada por grandes empresarios nacionales y extranjeros. Allí funciona una economía de enclave que genera algunos empleos formales, pero no logra compenetrarse con la vida de los habitantes de la región.

Los grandes terratenientes y sus socios políticos tradicionales temen que los pueblos del Norte del Cauca identifiquen sus intereses comunes y desarrollen un proceso autónomo de apropiación del territorio. La violencia –en sus diversas expresiones– se ha utilizado desde tiempos coloniales para enfrentar a negros contra indígenas y campesinos, y como instrumento para paralizar los procesos de organización.

Sin embargo, hoy las nuevas generaciones parecen encontrar la unión en la espiritualidad ancestral y en acciones colectiva como la Minga. Como parte de este movimiento renovado, Francia Márquez es hoy símbolo de un pueblo que está dispuesto a romper con esa tradición violenta y a continuar con las justas luchas de las comunidades del norte del Cauca. Su trabajo y el de los demás dirigentes merecen respeto y consideración.

Fuente: http://cort.as/-I5KJ