“El sistema de salud se ha deteriorado a propósito. Nosotros presentamos pruebas con actas de los pacientes que han fallecido por falta de medicamentos. Vivimos en un Estado fallido”.

Dra. Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico.

Honduras sigue en paro y protesta por la intención (autorización) del gobierno de privatizar el sector salud y educación, mediante una flexibilización de las disposiciones presupuestarias que permita al Ejecutivo poder despedir empleados (médicos, maestros, enfermeras) sin que se reconozcan los derechos adquiridos, en especial la protección laboral y social. El argumento del gobierno y OFIs es que necesita una reforma profunda, ya que se observa un rezago estructural en salud y educación, donde los empleados se han convertido en el principal obstáculo, ya que son ineficientes y cobran altos salarios, en detrimento del monto de recursos que deben destinarse para equipar los centros asistenciales y educativos, y la compra de medicamentos.

El gobierno de la República ha dicho que los decretos ejecutivos aprobados, incluyendo los PCM-026 y PCM-027, que dan vida al Comisionismo Burocrático en salud y educación en clara violación de las competencias institucionales vigentes y debilitamiento de las funciones del Consejo Nacional de Salud y Educación, no conllevan la privatización de los servicios, pero nadie les cree, ya que las brechas de cobertura en infraestructura, atenciones y medicamentos, se piensan cerrar con los despidos masivos de personal, tal como se hizo con la ENEE y SANAA, pero que no tuvo los resultados esperados, en tanto volvieron a contratar activistas del partido en el poder y el gasto corriente no bajó en el monto requerido por el FMI.

Igual, los dirigentes de la Plataforma de Lucha por la Defensa de la salud y educación no creen en la derogación de dichos decretos, ya que no participaron de la reunión convocada por Juan Orlando Hernández (JOH) y el Comisionado de los Derechos Humanos, donde se invitó a dirigentes magisteriales afines a las políticas de privatización del Ejecutivo; por lo que el paro nacional y la lucha en las calles continua. .

El Paro Nacional convocado por la Plataforma de Lucha ha movilizado un gran número de población en los principales centros urbanos del país, pero las marchas y protestas fueron duramente reprimidas por la Policía Nacional y las FFAA. En la ciudad capital, murieron más de siete (7) personas, los manifestantes tuvieron que refugiarse en la pista del Aeropuerto Internacional Toncontìn, lo que motivó a suspender los vuelos internacionales. En San Pedro Sula y Región Sur, la represión alcanzó a varios jóvenes, algunos de los cuales se encuentran desaparecidos.

Frente a ello, Juan Orlando Hernández (JOH), hizo un llamado al diálogo nacional, donde el tema central es la reforma privatizadora de Educación y Salud, una de las exigencias del FMI. La respuesta de la Plataforma es la continuidad del paro, sumándose el gremio del transporte y organizaciones de productores de granos básicos en la zona norte y sur del país. Para los dirigentes de la Plataforma, los costos de avalar estas acciones son mucho mayores y profundizaran la crisis actual, manifestándose anuentes a identificar alternativas de solución al problema de salud y educación desde dentro, es decir con los recursos humanos con que se cuenta y en defensa de la salud y educación pública. De hecho, en el caso del sector salud, el Colegio Médico ha venido socializando una propuesta de modelo de plena garantía en salud, que la Secretaria de Salud no ha querido tomar en cuenta.

Mientras eso ocurre, los diputados del partido nacional, aquellos del lado oscuro del partido liberal y representantes de los partidos chingaste, se han repartido con la cuchara grande. Se ha denunciado la aprobación de varios contratos de energía renovable leoninos para el país por encima de los 251.7 megavatios, sin que el Superministro, Marlon Tabora, responsable de coordinar el Plan de Rescate de la ENEE, tenga conocimiento. Es más, de acuerdo al Dr. Tabora, si esto se comprueba, se corre el riesgo que el FMI diga no a la firma de un nuevo acuerdo de préstamo de mediano plazo; al parecer los contratos fueron aprobados sin el visto bueno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), sin saberse de donde sacará la ENEE los recursos para pagar los mismos ni las tarifas pactadas.

Igualmente, se aprobó la ampliación del contrato del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional “Palmerola” por un monto de 46.2 millones de dólares, los que serán aportados por el Estado; es decir, ahora el gobierno tendrá que aportar ya no 76.1 millones de dólares, sino que 122.3 millones de dólares, que lo convierte prácticamente en un proyecto de financiamiento mayoritario público y no privado, más allá de la lógica de las APP en la que se sustentó la idea del proyecto original.

Otro contrato sin licitación, es el referido a la empresa ORACLE, responsable de las licencias para modernizar las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), y poder dotar a cada hondureño de una nueva tarjeta de identidad, por un monto de 7.6 millones de dólares, lo que provocó que diputados de LIBRE y del partido de gobierno se dieran puñetazos, ya que todavía no se han integrado en forma definitiva los órganos de dirección del Tribunal Supremo Electoral y RNP. “El legislador liberal, Mauricio Villeda, pidió a la empresa Oracle que no acepte el contrato aprobado esta tarde, en vista que perderán prestigio ganado. “Es lamentable que hasta se tiren petardos en el Congreso, aunque eso obedece a una provocación del oficialismo”, justificó. Pidió que todo lo actuado este día quede nulo porque tiene vicios de ilegalidad en vista que se pasaron por encima todos los reglamentos legislativos” (inter.hn/Noticias).

Ya antes se habían realizado reformas al Código Penal, donde prácticamente se blinda a los corruptos para “postergar más “que no sean juzgados ni extraditados a EEUU por actos de narcotráfico y lavado de activos; bajándose las penas de 4 a 7 años para funcionarios involucrados en narcotráfico, menos de la mitad de la pena anterior. También se autoriza deducir responsabilidades a las empresas que participan de actos dolosos, donde se involucran funcionarios públicos y diputados. La protesta pública, un derecho constitucional, queda prohibida, ya que la pena por este nuevo “delito” sube a 10 años.

Mientras esto sucede, y el paro nacional y las protestas continúan, la Embajada Americana en Tegucigalpa, llama a los hondureños a resolver sus problemas mediante el diálogo, fomentar los valores democráticos y alcanzar consensos, otorgando un virtual apoyo al gobierno de JOH. Hay un matrimonio de la Embajada con el gobierno, que oculta la gravedad de la crisis del país y alarga las soluciones desde la sociedad que las exigen en las calles. Incluso, varios medios han denunciado que la quema de llantas frente a la sede diplomática, es parte de una estrategia conjunta para cerrar el acceso a visado del pueblo y culpar a los dirigentes gremiales, pero también poder construir un ambiente propicio y declarar un estado de sitio en caso que las protestas continúen.

Juticalpa, Olancho, Honduras, 3 de junio de 2019