A una hora y 15 minutos de su mensaje a la Nación con ocasión de las Fiestas Patrias y luego de un aburrido popurrí de cifras sobre los supuestos avances y seguros estancamientos cuando no retrocesos en la economía, en lo social y en otros aspectos, el Presidente Martín Vizcarra dio una sorpresa al país planteando adelantar las elecciones generales al 2020. Con ello, hizo caso al clamor popular de ¡que se vayan todos! Y dejó prendidos de la brocha a los fujimoristas y apristas que controlan el desprestigiado Congreso.

El Presidente planteó una propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones congresales y presidenciales, lo que es una prerrogativa presidencial, a diferencia de la llamada “cuestión de confianza” para el cierre del Congreso que era la carta que fujimoristas y apristas esperaban y sectores democráticos solicitaban a gritos desde hace meses. Los sectores empresariales y políticos corruptos han manifestado las dos únicas preocupaciones que les interesa y les quita el sueño: la posibilidad de que continúe la lucha contra la corrupción y el impacto que la medida presidencial tendrá sobre la economía y las inversiones.

Escenarios posibles

Los escenarios frente a esta audaz propuesta son varios: que el Congreso apruebe la iniciativa del Presidente y se ratifique por referéndum el adelanto de elecciones, para lo que se tendría que modificar las reformas políticas y existen dudas si las agrupaciones políticas podrían estar listas para implementar estos cambios en el nuevo calendario electoral adelantado.

Una variante, sostienen los especialistas, es que el Congreso no aprueba la iniciativa o se demore en debatirla, arriesgando la viabilidad de plazos en cuyo caso el Presidente renunciaría y, si es aceptada por el Congreso, se espera que también renunciaría la vicepresidenta Mercedes Aráoz, lo que implicaría que el actual Presidente del Congreso, Pedro Olaechea - de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) - aliada con el aprofujimorismo, asumiría la Presidencia para convocar a elecciones en 3 meses.

Una tercera variante es que el Congreso intente vacar al Presidente Vizcarra, lo que generaría un escenario de caos descontrolado con consecuencias políticas impredecibles. Pero podría ser que el Congreso no acepte la renuncia del Presidente Vizcarra o la acepte pero no la de la Vice Presidenta Aráoz, para no generar elecciones anticipadas, en cuyo caso el caos político y social sería mayor y se iniciarían complejas negociaciones entre los actores políticos para desentrampar el entuerto, mientras la calle seguiría grintando ¡Que se vayan todos!

Finalmente, que el Congreso de marcha atrás y acepte las reformas políticas sobre inmunidad parlamentaria y eliminación del voto preferencial, con lo que se solucionaría el problema que dio origen al pedido del Presidente Vizcarra, pero las relaciones entre los dos poderes del Estado quedarían claramente afectadas por la confrontación que se ha generado y la calle gritando ¡Cierren el Congreso!

La líder del Movimiento Nuevo Perú (MNP), Verónica Mendoza, se ha pronunciado al respecto en el siguiente sentido: “El Presidente ha recogido un clamor popular frente a la corrupción y el blindaje a los corruptos por parte del Congreso por la mayoría aprofujimorista: que se vayan todos !!. El Referéndum a Elecciones Generales Adelantadas debe ser respaldada por las fuerzas de izquierda y democráticas, ya que “las grandes decisiones se toman con la ciudadanía”… Urge un balance y una estrategia alternativa por la participación política, configurando un proceso destituyente-constituyente que abrá paso a la Refundación del Perú́”.

Crisis del régimen político

En esta fase de la grave crisis de régimen político en curso desde el año 2016, del proceso caracterizado como destituyente, no solo está en juego la lucha abierta contra la corrupción, sino también la lucha por una nueva representación política tanto en el plano del congreso desprestigiado, como en la conquista de un nuevo gobierno nacional. En este escenario complejo, ha sido está colocado como punto táctico para las fuerzas de izquierda, progresistas y democráticas la conquista de un gobierno nacional en el 2020, ya no en el 20121, como un paso indispensable para pasar a una segunda fase, que sería el momento constituyente.

Desde hace 30 años, los sectores más duros, conservadores y reaccionarios continúan teniendo el control del Gobierno y el Poder en nuestro país. El convencimiento sin fisuras de estos gobiernos, es que el tiempo económico es siempre anterior y más importante que el tiempo político, social, ambiental y ético. La democracia bajo esta concepción, no es un fin sino un medio a domesticar para que la economía de mercado y el neoliberalismo extractivista salvaje, continúe y supuestamente lleve al Perú al paraíso que prometen. En el fondo, su único interés ha sido y es proteger las ganancias del gran capital nacional y extranjero y mantener el esquema de corrupción sistémica que instalaron en el país, buscando “blindarse” de los alcances del caso “Lava Jato” que es la más grande red de corrupción de origen brasileño, actualmente existente en Nuestra América, América del Norte, África y otros países.

El modelo neoliberal fue implantado con el autogolpe de Fujimori del año 1992, que fue una  dictadura civil-militar corrupta y genocida que duró hasta el año 2,000 luego que Alberto Fujimori, como producto de inmensas movilizaciones populares, huyera al Japón y se viera obligado a renunciar al cargo. Este modelo ha seguido su curso con pequeños baches. Los cuatro gobiernos que sucedieron al transitorio Valentín Paniagua (2000-2001), el de Alejandro Toledo (2001-2006) en vías de extradición, el de Alan García (2006-2011) acusado de corrupto y suicidado por ello, el de Ollanta Humala (2011-2016) acusado por corrupción y preso domiciliario y el de Pedro Pablo Kuczynsky (2016-2018) lobista corrupto y preso domiciliario, fueron garantes de un modelo que ha contribuido al descrédito de la política, a la profunda corrupción sistémica existente y a la inviabilidad de la representación política.

Actualmente, con el Presidente Martín Vizcarra que gobierna desde marzo del 2018, con concesiones menores ha continuado en “piloto automático” y “silla giratoria”, este modelo corrupto e ineficaz. El resultado hoy día, es que tenemos un país polarizado, lleno de distintos malestares que se expresan territorial y sectorialmente, difíciles de articular por la fragmentación social y la falta de una fuerza alternativa unitaria desde abajo y adentro, capaz de ordenarlos. En el actual contexto el mandatario Martín Vizcarra, pasó desde enero del 2019 de 63% a 44% de aprobación ciudadana en julio 2019 – antes del mensaje del 28 de julio -, con lo que ha dejado de tener el respaldo de la mayoría de los peruanos. Para la mayoría de la población - 71% del país según una encuesta de junio -, el gobierno debe mantener la lucha anticorrupción, pero también atender  otros asuntos necesarios para el progreso del Perú. En resumen, estamos en el medio de una profunda crisis destituyente, que puede abrir un proceso constituyente.

Esta crisis es multifacética, pero está determinada por la crisis económica agravada por los desastres naturales, la caída de los precios de los principales minerales que exportamos, la corrupción que devela los mecanismos del poder establecido, la crisis del Estado neoliberal puesto al servicio de los poderes fácticos, incapaz de responder a la situación y cada vez más deslegitimado, la emergencia de formas de sociabilidad y organización popular regresivas con un sentido común conservador, con salidas cada vez más represivas.

Crisis destituyente y movilización popular

La resistencia popular en el Perú es explosiva pero desarticulada que va generando un escenario destituyente, pero sin un sujeto político, social y cultural popular democrático, que difícilmente se abrirá en el corto plazo a un proceso constituyente que transforme el Estado, la economía y la sociedad. Estamos en un tiempo político-institucional marcado por los procesos electorales, la disputa por el gobierno y las movilizaciones sociales.

Este proceso se re-abrió con las elecciones generales de 2016, las regionales y locales del 2018 y las expectativas por las presidenciales del 2021, que ahora han sido adelantadas al 2020. El proceso está marcado por la configuración de tres mitades electorales – la ultraderecha autoritaria, la derecha dizque democrática y la izquierda progresista - en medio de un reflujo de la izquierda y movimientos sociales producido por la traición del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) a la apuesta de cambio de importantes sectores del país con el Programa de la Gran Transformación.

El renacimiento de la izquierda, que obtuvo una importante votación en el 2016 – 19%, 2.8 millones de votos y 20 congresistas -, generó expectativas que debían ser canalizadas con la incorporación a la política de amplios sectores ciudadanos y populares. La conformación de un gobierno débil políticamente, primero con el estadounidense Pedro Pablo Kuczinsky que renunció por corrupto y ahora Martín Vizcarra, está consagrado a “gerenciar” los negocios lícitos e ilícitos de grupos de poder empresarial nacional y transnacional. El resultado de lo anterior es la consolidación de una derecha conservadora y vinculada a poderes económicos legales e ilegales que tiene una mayoría parlamentaria importante y que debe moverse apostando entre consolidarse el 2019 para ser opción real de gobierno el 2020 y/o precipitar la caída del gobierno actual.

La crisis económica

Cada vez es más evidente que la sensación de bienestar económico ha disminuido, la economía no camina como en años anteriores y, por el contrario, la paralización en algunos sectores ya empieza a pasar factura al bolsillo diario de la gente.  Parte importante de la población obtiene de manera independiente sus ingresos y para ellos es importante que la economía se dinamice permanente. En un momento en el que el gobierno no da señales de dar solución a este tema, y por el contrario, se ve arrinconado por la CONFIEP, con sus medidas de flexibilizar más la economía, en especial el mercado laboral, se requieren medidas de corto y mediano plazo, que apunten a reactivar la economía y generar empleo.

Para ello, desde la izquierda del Movimiento Nuevo Perú (MNP), ha planteado por un lado, aumentar la inversión pública y promover créditos más baratos, lo que implica incrementar la demanda interna, principalmente a través del aumento de la inversión pública, la reducción de la tasa de interés y ampliación de créditos para promover la inversión privada y la promoción de sectores intensivos en mano de obra como turismo, pequeña industria, pymes y agro. Asimismo, se plantea una reforma laboral para garantizar trabajo digno, lo que significa transitar hacia una reforma que promueva y genera trabajo digno con medidas que promueven la productividad de las Mypes, incentivos a la contratación formal de jóvenes, fiscalización laboral, no limitar la negociación colectiva y mejorar las pensiones. Lo anterior debe acompañarse por una reforma tributaria radical que permita recuperar lo que hoy no se cobra a las grandes empresas para permitir un aumento sostenible de la inversión y el gasto social, lo que significa que en el plazo más breve, revisar los esquemas de beneficios, exoneraciones y elusión tributaria.

La piedra de toque de esta propuesta es potenciar la agricultura familiar y campesina, que requieren agua, capacitación, asistencia técnica, etc., no ha habido ninguna política consistente y de impacto en las últimas tres décadas, lo que significa la creación de un Banco de fomento agropecuario, incrementar medidas de protección a la producción nacional, incrementar el presupuesto y revisar el régimen de promoción agraria. Se requiere también masificar el gas para abaratar la energía ya que el Perú cuenta con reservas abundantes, contamina menos y abarata el gasto de los hogares, lo que implica relanzar un proyecto integral para llevar el gas natural a las regiones del sur, diseñar con urgencia un Plan nacional de masificación del gas domiciliario como servicio público y recobrar la capacidad del Estado de decidir sobre el destino de los hidrocarburos.

En resumen, se propone una reactivación económica por demanda, afirmada en los ingresos de los trabajadores, en el respeto a sus conquistas laborales, en el impulso de la agricultura familiar, en el desarrollo de los mercados locales y la pequeña producción agroindustrial, en la diversificación productiva, en la protección de las fuentes de agua en las cabeceras de cuenca, en el manejo sostenible de los bosques y el respeto a los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

El tema ambiental y de cambio climático es central en nuestras propuestas ya que el agua blanca y dura de los glaciares – los hatun chullunku, como los denominan los pueblos originarios - se están derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos, que son el 75% de los glaciares tropicales del planeta,  retrocedieron en un 42%. En 1970 habían 2,041 Km2 de superficie glaciar, pero en el 2014 habían 1,211 Km2: en 20 años se ha perdido el agua que consume Lima y los glaciares ubicados debajo de 5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021. En resumen, la tierra se está secando en la costa y la sierra, el verde se está talando en la Amazonía como muestran los 8 a 10 millones de hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando, el mar se está contaminando y agotando sus recursos, y el hambre puede comenzar a matar a su población en un país que busca ser una potencia gastronómica y pertenecer al primer mundo.

Actores políticos en pugna

Los actores políticos y sociales actualmente existentes en el país son, por un lado, el Fujimorismo, que es un populismo de derechas, sostenido sobre redes corruptas, criminales y clientelares que desde la mayoría parlamentaria y en alianza con otras fuerzas políticas viene generando las condiciones para la concentración política y el desplazamiento del poder de las élites tecnocráticas y/o su asimilación en un posible gobierno.

Por otro, están los empresarios de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), que han capturado desde diversos flancos al Estado a través de sus técnicos  de lujo – o “pilotos de bombardero”, que arrojan sus bombas sin importarles que sucede abajo  –, que impulsan la “silla giratoria” y, más recientemente, en alianza con el fujimorismo, ganaron la presidencia del Congreso de la República a través de uno de sus representantes. El centro liberal como Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), el Partido Morado (PM) y otros que pueden ser capaces de aglutinar a las clases medias o sectores emergentes asustados con la crisis.

Las izquierdas, lamentablemente están divididas y enfrentadas por apetitos de poder - justificados en razones doctrinarias -, incapaces de entender que deben actuar más allá de la lógica de frente en una apuesta de construcción ciudadana y popular más amplia. El senderismo y el radicalismo aún es marginal, pero con mucha voluntad política que avanza en sectores sociales organizados de algunas regiones y ciudades. Los gremios de izquierdas y los activismos de diverso tipo en crisis o marginales debido a que atienden las demandas de los reducidos sectores asalariados en la gran, mediana industria, los agricultores y comunidades campesinas, pero sin capacidad de renovarse política, organizativa y tácticamente como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP)  y otros.

Finalmente, tenemos a los activismos atrapados en lógicas testimoniales sectoriales y vanguardistas como ecologistas, indigenistas, LGTBI, con dificultades para entablar un diálogo con la sociedad como ocurre con el feminismo y su dificultad de empatar con las demandas de la mayoría de mujeres. Como está sucediendo en otros países del continente, existe una gran concentración del poder mediático clave para sustentar el sentido común y el consenso mediático en defensa de la ideología neoliberal.

Aún existe fragmentación y ausencia de una visión compartida y clara que se exprese en una nueva síntesis política y programática. En el escenario actual parece no definirse claramente una polarización extrema, un sentido común contra la ideología y cultura neoliberal  y tampoco una alternativa política a la profunda crisis que vive el país. La debilidad e incapacidad del gobierno y la irresolución de las contradicciones ancladas en la lucha contra la corrupción a nivel institucional, no han sido resueltas.  El Congreso se sostiene en alianzas precarias y en la persistencia del consenso neoliberal y sus vínculos con el poder económico. Lo que tenemos es un Congreso que sigue apoyando los intereses de los grupos de poder, que mediatiza cualquier reforma y permanece indiferente al desprestigio de la institución.

Existe la importancia de generar una plataforma ciudadana amplia que sea capaz de recoger las demandas y expectativas de vastos sectores de la población que no está organizada, que siente gran desafección con la política e incluso con la propia democracia. En este escenario revuelto, las preguntas de fondo son por la fuerza y la sostenibilidad de la movilización como por la capacidad de construir una orientación compartida que busque salidas políticas a un gobierno que ha decidido continuar con el piloto automático en la economía y gobierno del Estado.

Luchas populares

Según la Defensoría del Pueblo, a junio del 2019 se encontraban activos 180 conflictos sociales, la mayoría de ellos socio-ambientales, concentrados en la gran minería La movilización social, fuertemente fragmentada y territorializada desde años atrás, adquiere nuevo contenido ante la parálisis económica y un gobierno débil. Las demandas sectoriales más recientes y significativas son las comunidades campesinas afectadas por la minería en Las Bambas (Apurímac), Espinar (Cusco), Tía María (Arequipa), Carhuamayo-Shalipayco y Azulcocha-Cunas (Junín), maestros en el centro y sur, médicos y trabajadores de salud a nivel nacional, transportistas y agricultores y comunidades de costa y sierra.

Estos últimos realizaron un Paro Nacional Agrario en mayo 2019, que obligó al gobierno a la instalación de una mesa técnica de diálogo cuyos resultados aún son inciertos, aunque se han dado algunos avances como la reestructuración del Ministerio de Agricultura, el aumento del presupuesto público para este sector, el reconocimiento de los impactos de la minería sobre las cabeceras de cuenca y la preeminencia de la agricultura familiar para la alimentación sobre la agro-exportación, pero las promesas están hasta ahora en el papel.

Todas estas luchas, que han sido y seguirán siendo en oposición a la privatización del agua, a los impactos de los relaves mineros y petroleros, por la defensa de sus territorios, el respecto a los derechos laborales que la CONFIEP quiere recortar, adquieren visibilidad y se radicalizan rápido ante la incapacidad de respuesta. El gobierno de Martín Vizcarra, viene demostrando una gran incapacidad para resolver los conflictos sociales y está presionado por los grupos de poder económico que buscan imponer los proyectos extractivos e impedir las reformas más mínimas como la implementación de las normas contra la elusión que permitirían tener más recursos para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de las mayorías.

Todo lo anterior, en un país de 32 millones de habitantes que no es sólo ni principalmente minero-hidrocarburífero, como nos quieren hacer creer y nos imponen los dueños del Perú. Nuestro país es marítimo con 864 mil Km2 de mar territorial y más de la mitad de la población, unos 17 millones de personas, que miran al mar y se alimentan de él. Asimismo, es forestal con 720 mil km2 de bosques, principalmente en la Amazonía, en donde vive la décima parte de la población, unos 3 millones de personas. Es agropecuario con 22.4 mil km2 de tierras agrícolas cultivadas y pastos para la ganadería, principalmente en la costa y sierra, en donde vive la tercera parte de la población, alrededor de 12 millones que, con su trabajo, producen el 75% de los alimentos que el país consume. El Perú es fluvial y lacustre, con 53 ríos que van hacia el Pacífico, tres grandes cuencas que alimentan el Amazonas hacia el Atlántico – el Marañón, el Ucayali y el Madre de Dios -, cinco ríos que van hacia la cuenca del Lago Titicaca y con 12 a 14 mil lagunas en la cordillera de los Andes, en cuyas riveras vive y trabaja no menos que el 20% de la población o 6.4 millones de personas. Es biodiverso con 76 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 22.5 mil km2 en donde vive menos del 5% de la población nacional.

Pero el Perú también es minero-petrolero-gasífero extractivo, principalmente para la exportación y lo será por muchos años más: el 14.5% del territorio nacional tiene concesiones mineras metálicas y no metálicas, con 19.4 millones de hectáreas. El 70% de la superficie amazónica está concesionado para hidrocarburos y el 25% del mar territorial también lo está para estos recursos. De la minería y los hidrocarburos depende directa e indirectamente, una población de menos de un millón de personas, sobre un total de 32 millones que somos, aunque el ingreso por exportaciones mineras representa más del 60% del total, el 9% del PBI y el presupuesto nacional está “minero-petrolizado” con no menos de 20% de los impuestos recaudados.

El Perú es un país biodiverso y multicultural pero además es multicolor respecto a sus recursos naturales: VERDE en relación con la biodiversidad y los bosques, AZUL por el mar, el origen y manejo de aguas en las cabeceras de cuenca, las jalcas, los páramos y las cuencas hacia el Pacífico y el Atlántico, BLANCO por su glaciares en peligro de extinción por el calentamiento global, MARRÓN por las arenas, el mal manejo de los suelos y el inexistente ordenamiento de los territorios y  ROJO con relación a la deficiente cuando no inexistente gestión de residuos sólidos y la contaminación ambiental. Sostenemos que no hay agricultura, ganadería, piscicultura, maricultura, árboles y biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo irresponsable, depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de zonificación ecológica-económica (ZEE), ordenamiento territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y estudios de impacto ambiental (EIA). Tendremos que “hilar fino” en los próximos años para no destrozar nuestros ecosistemas y la multiculturalidad, como la que expusimos el 26 de julio en la inauguración de los XXIV Juegos Panamericanos.

Lima, 29 de julio de 2019

-Hugo Cabieses Cubas es economista, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú (CCP), asesor parlamentario de la congresista Katia Gilvonio del Movimiento Nuevo Perú por la región Junín y ex Vice Ministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM (2011)