Hace tiempo que los sectores hegemónicos de la economía y la política claman por la Reforma laboral, o la previsional, o incluso una tributaria, ya que argumentan sobre esta última que la presión fiscal es muy elevada para el sector inversor y, por ende, dicen, se desestimulan las inversiones, y que curioso, es el mismo argumento para modificar la legislación laboral y previsional.

Respecto de los impuestos, nada explican con relación a la merma de ingresos impositivos y con qué recursos ellos serán reemplazados para sustentar las necesidades presupuestarias y satisfacer derechos consagrados. En rigor, ocultan que, a menor recaudación, la lógica inmediata supone la reducción del gasto público. Dan por sentado que hay que achicar el Estado, es lo que les gusta decir y escuchar, y ojo con que alguien venga con alguna idea diferente.

Claro que podemos imaginar qué tipo de gasto público es el que se apunta para la reducción. Recordemos que es gasto el pago de intereses de la deuda pública, tanto como los salarios abonados por el Estado. Son gastos los subsidios a las empresas, como la afectación de recursos al derecho a la salud o a la educación.

¿Cuáles gastos se recortarían en caso de disminuir la presión impositiva o al reducir la percepción de tributos? Seguro no serán los intereses de la impagable deuda ni los subsidios a los empresarios. Ni siquiera hablamos del carácter regresivo del régimen tributario, en general asentado en impuestos al consumo que afectan a los sectores de menores ingresos de una manera más que proporcional al efecto sobre personas de altos ingresos.

En ese sentido, ni hablar de la aplicación del impuesto a las ganancias a los asalariados, que por definición no perciben ganancias, sino que el salario es la remuneración por la venta de la fuerza de trabajo. La ganancia es la retribución al factor productivo “capital”, es decir, al propietario de los medios de producción. Esas precisiones se omiten a la hora de la discusión.

Reformas

Está legitimado el discurso de la REFORMA, insistamos, laboral, previsional o tributaria. Basta que alguien discuta la necesidad de otras dimensiones de la reforma para que les caigan encima con infinidad de improperios y descalificaciones.

Hace poco, Juan Grabois, dirigente político y social, sostuvo la demanda por la “reforma agraria”, como mecanismo para atender la emergencia alimentaria existente en el país. Del mismo modo, en otros ámbitos del movimiento territorial popular se reclama por una “reforma urbana”, al servicio de las necesidades de vivienda popular, familiar, y en defensa del hábitat en contra del negocio inmobiliario y la especulación.

La agresividad de la respuesta gubernamental y del poder territorial a Grabois no se hizo esperar. No solo del sector agrario (Sociedad Rural Argentina, SRA), sino también industrial, es decir, los dueños más concentrados del poder económico en la Argentina.

El Ministro de agricultura y antes presidente de la SRA, Luis Etchevehere le contestó descalificadoramente y en defensa de la propiedad privada. Se produjo un debate interesante en las redes sociales, pero sin síntesis posible, entre los defensores de la propiedad privada (con voz ampliada en los principales medios de comunicación) y quienes sustentan variantes de reforma agraria.

Los argumentos anticomunistas brotaron a flor de piel para defender el modelo del agro negocio en curso, en tanto mecanismo de atracción de divisas en la coyuntura, las que se apropian privadamente. Nada por cierto sobre los “pueblos fumigados” o los cambios culturales en el modo de vida cotidiano por el despoblamiento rural que conlleva las nuevas formas de producción bajo dominio de las transnacionales de la alimentación y la biogenética.

El titular de la Fiat Chrysler Argentina (FCA), Cristiano Ratazzi descalificó la propuesta por decirse desde un lugar “lejano al poder”, o sea impensable e irrealizable. Habrá que hacerle caso y acumular más poder popular para hacer efectivas reformas en el sentido que demanda la sociedad excluida y explotada.

No se concibe la realidad si no es desde la propiedad privada y el orden capitalista. Señalan que esas ideas “comunistas” atrasan, que eso fracasó, como si el capitalismo fuera un “éxito”, o incluso las ideas liberales no fueran más antiguas que el ideario marxista. El ideario clásico sustentado en escuelas de pensamiento anteriores, datan del Siglo XVII y XVIII, y los neo-clásicos son contemporáneos a la “crítica de la economía política” formulada por Carlos Marx.

¿Qué dirán si la propuesta fuera una reforma financiera? Una reforma que termine con el régimen financiero inaugurado en 1977 y vigente en el presente con la Ley de Entidades Financiera impulsada por Martínez de Hoz en tiempos de la genocida dictadura. Una medida “revolucionaria”, la más revolucionara dijo el terrateniente devenido en Ministro de la Dictadura y homenajeado en un salón de la SRA en Palermo.

No solo hay que modificar la legislación, sino la política financiera, la de las tasas actuales al 85%, o todos los mecanismos de la especulación en curso, que no es nueva y remite a una cultura de especulación sembrada en los 70´, abonada en los 90´ y recreada con fuerza en el cuatrienio macrista.

En rigor, la dimensión de la reforma financiera remite al crucial problema del endeudamiento público y el acuerdo con el FMI. Algunos hablan de renegociar y es bueno interrogarse sobre las posibilidades de rechazar el acuerdo con el Fondo, exigiendo una investigación en profundidad sobre la deuda en su conjunto, la nueva desde fines del 2015, pero también la histórica desde mediados de 1975.

¿Por qué habrá que dejar sentada la legalidad de un acuerdo que no contempla ni las formas del organismo internacional, ni respeta las normas bancarias relativas a no exponer a una entidad de préstamos ante un acreedor con imposibilidad de cancelación de deudas?

Reivindicar las reformas con perspectivas de revolución

Dirán que atrasamos quienes sustentamos ese punto de vista por “otras reformas”, y los críticos aconsejarán desmentir y/o alejarse de estas posiciones a quienes disputan el gobierno, ya que no pueden sostener a los actuales “liberales” y, por ende, pretenden disciplinar al gobierno por llegar. Quieren dictarle el cómo pensar y cuáles son los límites de las reformas posibles o funcionales al poder.

Es triste que algunos convencidos del cambio de gobierno, no los que abandonan el barco (esos son oportunistas), clamen en el mismo sentido y descrean de las viejas reformas: la universitaria, la agraria, entre otras muchas de contenido progresista, e incluso en aquella vieja dinámica de reforma y revolución.

La reforma agraria fue consigna y bandera de organizaciones rurales y populares, que ahora se asocian a la demanda por soberanía alimentaria, lo que podría converger con la reforma energética para la soberanía y el derecho a la energía; o con la reforma financiera para la soberanía en el manejo de los dineros de la sociedad.

No se trata de pianta votos, sino de quienes sustentamos una perspectiva reformista ´para hacer avanzar un orden de cambios profundos, la forma de mentar a la revolución.

Algunos interrogan si es posible razonar en este sentido y bien vale consultar sobre el contenido del reciente voto en las PASO, impensado hasta hace muy poco. Lo que parece imposible proponer deviene de un razonamiento estrecho que establece los límites de lo posible en coincidencia con las expectativas del poder.

Con tal de no hacer olas solo imaginan que se puede hacer lo que te dejan hacer, lo que se instala como sentido común desde las clases dominantes, y por eso, no se termina de debatir en términos de lo que hay que hacer. Por eso queremos debatir sobre la reforma.

En definitiva, todo queda en solo proponer aquello que se piensa que puede ser aceptado por los que mandan, salvo quienes se animan a ir más allá en la crítica y la propuesta de un imaginario que realmente apunte a resolver la insatisfecha demanda social.

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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