En variados debates mediáticos y presenciales en los que participo se analizan propuestas sobre lo que habría que hacer en materia económica, en el país, la región o en el mundo, con un límite estructural e ideológico importante que remite al qué hacer en el marco del capitalismo. Es inimaginable en el sentido común intelectual y profesional pensar en ir más allá y en contra del capitalismo. No existe, en general, el imaginario intelectual de superación del orden capitalista, lo que constituye un freno para pensar y proponer un orden alternativo, o como procesar un rumbo de transición del capitalismo hacia otro orden social productivo, lo que supone otras formas de distribución, cambio y consumo social.

Parece una utopía, un “no lugar”, el ir más allá y en contra del régimen del capital. Algunos sostienen que el problema es el capitalismo “financiarizado” y que lo óptimo resultaría retomar un rumbo de capitalismo “productivo”, como si la generación de excedentes no fuera producida por la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso de producción. Que ese excedente se apropie principalmente por mecanismos financieros especulativos no niega la esencia de la explotación. La distribución opera en la circulación, por lo que, aquello que se produce en la esfera de la producción se termina realizado en la esfera de la circulación. Por ende, no puede escindirse producción de circulación, son un par dialéctico.

Hay quienes sostienen que el problema reside en que no hay propuesta productiva o industrial, por ejemplo, en el gobierno de la derecha de Mauricio Macri en Argentina, que solo remite a un proyecto de especulación y “financiarización” de la economía. Algunos lo extienden como diagnóstico a lo que ocurre en el ámbito mundial y por eso las propuestas se limitan a la industrialización, como si pudiera pensarse en términos de independencia y desvinculación de cadenas mundiales de producción. La elevada deuda pública y la fuga de capitales que acontece en la Argentina avalarían la teoría. Como si no fuera productivo, incluso competitivo mundialmente, el complejo del agro negocio asentado en la soja, el maíz y otros cultivos, con sus derivados agro industriales de harinas, aceites y producción de agro energía; la manufacturación de alimentos cárnicos, lácteos, etc. Lo mismo ocurre con la producción mega minera a cielo abierto; la producción petrolera, especialmente relativa a hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), o los complejos exportadores de corte industrial, caso de la industria automotriz y otros asociados a la exportación y la inserción internacional subordinada.

Más allá de los discursos o los saberes profesionales de los gobernantes, o los balances macroeconómicos de los países, el excedente que sigue generándose es producto de la explotación de la fuerza de trabajo, y que se apropia por mecanismos diversos de transformación de la plusvalía en formas transfiguradas de la ganancia, sea renta, beneficio empresario, interés bancario o cualquiera de las formas que asuma la expropiación del trabajo social. Es un diagnóstico a generalizar entre trabajadoras, trabajadores y sus organizaciones sociales y sindicales.

La restringida condición de posibilidad

Existe un consenso sobre el condicionante de lo posible, que remite al orden capitalista, y más precisamente a un capitalismo productivo a contramano del financiero. La fundamentación alude al fracaso del socialismo, como si esa formulación sustentada en fallidas experiencias, caso del “socialismo realmente existente en el Este de Europa” validara el éxito del capitalismo.

¿Es acaso un éxito la desigualdad económica y social avalada por diversidad de organismos nacionales, regionales o mundiales y con ello la magnitud de la pobreza, la indigencia y la marginación social de millones?

¿Resulta un éxito la depredación de la naturaleza, derivada del modelo productivo capitalista extendido? Solo hay que pensar en los recientes incendios del Amazonas, las continuas sequías o inundaciones, entre muchas calamidades de destrucción del hábitat y la vida.

¿Puede considerarse un éxito la expansión del delito económico asentado en la venta de drogas, armas, la trata de personas o la especulación multiplicada con políticas públicas, de Estados que intervienen a favor de la ganancia, la acumulación de capitales y la dominación capitalista?

Las respuestas son en general de crítica al orden existente, es cierto, pero que termina justificándose en el: “es lo que hay”. Se transforma así en el límite civilizatorio aceptado desde el “sentido común” que instalan los mecanismos de acción ideológica en múltiples medios y redes sociales. Solo queda reformar al capitalismo, establecer límites a la apropiación del excedente y encontrar paliativos en la distribución del excedente.

El problema es que el capitalismo se organiza desde la relación de explotación, de la relación entre el trabajo y el capital. Esa relación predetermina el punto de partida en la inversión como el dinamizador de la actividad económica, y no en el trabajo como creador de riqueza. Es desde esa relación que el capital subsume a la naturaleza y la explota y depreda, tanto como subsume a la población vía el consumo inducido, incluso superfluo con mecanismos como la obsolescencia programada o la publicidad.

Se razona que a partir de la inversión surge la capacidad de producir y reproducir la actividad económica, desplazando al trabajo como fuente del valor y del plusvalor. El inversor capitalista resulta así imprescindible, sea el inversor Estado o el inversor privado. Desde ese punto de partida, toda la lógica argumental parte de conseguir inversores, y los actores se limitan al Estado o al sector privado, cuyo sector más dinámico está altamente concentrado y transnacionalizado, por lo que la apuesta remite a la búsqueda de inversores internacionales.

La opción estatal aparece restringida al capital estatal acumulado en algunos territorios, caso de China en la coyuntura actual, o a la capacidad de emisión de moneda local, fenómeno restringido a ciertas circunstancias.

Resulta un callejón sin salida la opción de la emisión monetaria, por las restricciones de los Estados nacionales sin capacidad de licuar regional o mundialmente su posibilidad de emisión monetaria, como si puede hacerlo EEUU con el dólar, u otros Estados nacionales que internacionalizan sus monedas locales. El caso de China es interesante en ese sentido, acrecentando en estos años los esfuerzos por imponer el carácter mundial del yuan, o como promovió, con ciertos límites Europa con el euro.

Los ejemplos de “modelos” a copiar son tentadores, pero se omiten las especificidades nacionales que permiten ciertas coyunturas. El caso de Portugal es sintomático, ya que el repunte de la economía no es solo luego del ajuste de la derecha hasta 2015, sino la realidad de un gobierno socialdemócrata con apoyo de izquierda desde afuera del gobierno y control movilizado del movimiento obrero clasista. Es una ecuación política que podría cambiar en las próximas elecciones nacionales y si el gobierno puede desprenderse del apoyo crítico y movilizado desde la izquierda. No hay modelos sino mecanismos de intervención política donde lo que define es la presión social organizada y movilizada.

Pensar la transición para construir alternativamente

Actuar desde la transición para una producción y circulación alternativa supone retomar el punto de partida de la hipótesis de la Economía Política, en tanto es el trabajo el creador de valor, claro que desplegado con el desarrollo teórico desarrollado por Marx con la “crítica” de la Economía Política al sustentar el origen del excedente económico en la explotación de la fuerza de trabajo.

Dicen los clásicos que el capital es trabajo acumulado, por lo que el inversor de inicio de la lógica productiva actualmente aceptada tiene en origen al trabajo, a la subordinación (subsunción) del trabajo en el capital.

Así, desde el trabajo organizado socialmente es que pueden pensarse alternativas, lo que supone el cambio de la lógica productiva. No se trata de buscar inversores, sino de organizar solidariamente el trabajo social para producir, distribuir, intercambiar y consumir.

Claro que lo primero a realizar supone desmontar el actual modelo productivo, lo que requiere de un periodo de transición, ya que no puede desarmarse el mecanismo de la noche a la mañana.

En Bolivia se alude a la transición del modelo neoliberal (1985-2005) al del Vivir Bien en desarrollo desde el acceso al gobierno de Evo Morales en 2006, explicitado en la Constitución reformada del 2009. El camino fue la instalación de una lógica de Economía Plural plasmada en la Constitución, lo que incluye a la economía privada, la estatal, la cooperativa y la comunitaria. El privilegio por 13 años entre 2006 y 2019 pasó por consolidar el sector estatal de ese Estado plurinacional en transición. El ejemplo boliviano es útil por el efecto demostración regional que supone ser el país de mayor crecimiento en los últimos años, más allá de críticas fundados en la continuidad de un modelo productivo que puede contradecir postulados del Vivir Bien, pero que hace a los límites del subdesarrollo, el atraso y la ausencia de autónomos desarrollos tecnológicos y científicos que aseguren la viabilidad de otro modelo productivo, de distribución, intercambio y consumo.

Para el caso de la Argentina pasa en primer lugar por desarmar el condicionante del acuerdo con el FMI. No se trata de renegociar, sino de auditar vieja y nueva deuda, responsabilizando a personajes de afuera y de adentro en la organización de esta hipoteca imposible de pagar sin el deterioro consecuente y reiterado de la calidad de vida de la población. No se debe pagar ni renegociar sin antes auditar. Al mismo tiempo, se requiere un amplio acuerdo político para debatir la transición del orden actual a otro basado en la satisfacción de las necesidades populares, que incluya los programas construidos por el movimiento popular en reiteradas luchas por sus reivindicaciones. Resulta necesario discutir el punto de partida y de llegada de cualquier pacto o acuerdo social. ¿Desde dónde se parte y adonde se pretende llegar? Responder el interrogante supone evidenciar las correlaciones de fuerzas existentes.

Solo a modo de ejemplo, veamos como en estos días se aprobó la media sanción de la emergencia alimentaria con un costo estimado por 8.000 millones de pesos, al tiempo que se canceló deuda por más de 7.000 millones de pesos, unos 120 millones de dólares, con un núcleo reducido de empresas de energía, cuyos titulares son amigos directos del presidente, caso de Pampa Energía de Marcelo Mindlin, o Central Puerto de Nicolás Caputo. Para el primer caso fue necesaria una amplia movilización social, iniciativas políticas legislativas y un amplio debate mediático. Para la segunda bastó un simple acto administrativo negociado a puertas cerradas y sin difusión suficiente.

¿Cuál es y será la prioridad en la Argentina, la emergencia alimentaria o los subsidios a las petroleras y energéticas, entre otros grupos empresarios favorecidos? ¿Es prioridad la deuda con el FMI y otros acreedores o la que existe en derechos no resueltos del conjunto social? ¿Las propuestas a futuro priorizan la rentabilidad y competitividad del capital o la satisfacción de necesidades ampliadas de la mayoría empobrecida de la población? Son interrogantes para animar la discusión política y económica en tiempos electorales.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2019

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Ciudad de Buenos Aires.

www.juliogambina.blogspot.com