El golpe de Estado en Bolivia se ha consumado en domingo. Las bandas fascistas recorren las calles de las principales ciudades, en motos y con apoyo de las armas de la policía, cazando indígenas y militantes del hasta entonces gobernante Movimiento al Socialismo.

La derecha, con el apoyo de Washington y la manipulación de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), acaba de asestar un mazazo al futuro de la institucionalidad y la democracia, como valores aceptados por las mayorías en América Latina, es un regreso a la doctrina de Seguridad Nacional de las dictaduras de la región.

El presidente Evo Morales anunció su salida del gobierno para "buscar la paz” en medio de la escalada de violencia desatada por la derecha, que rechazó el llamado a nuevas elecciones. Morales remarcó que su renuncia es "para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”. "La lucha sigue. Somos pueblo", convocó y aseguró: "Mi pecado es ser dirigente sindical, ser indígena, ser cocalero".

El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz. De así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”.

Versiones de prensa señalan que Argentina, Chile, Perú y Brasil, le negaron el espacio aéreo al presidente Evo Morales.

La ofensiva derechista que en años recientes amenazó por extenderse por América Latina con Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Lenin Moreno, Jair Bolsonaro y varios otros, viene tropezando con el muro del repudio popular. Pese a ello, el neoliberalismo siguen tratando de imponer sus políticas en la región que, en definitiva, van en paralelo a los intereses de Washington y las grandes trasnacionales.

Y lograron terminar con un abominable golpe de Estado con un gobierno progresista que logró los mejores resultados económicos y sociales. Durante la última década Bolivia creció a un ritmo anual de 4.9 por ciento, el más alto del subcontinente. Y en ese lapso, el índice de pobreza se redujo en 25 por ciento y la pobreza extrema bajó 23 por ciento desde 2006 hasta ahora.

El gobierno de Evo garantizó la soberanía alimentaria para toda la población, redujo el analfabetismo (de 13.3 por ciento en 2006 a 2.4% en 2018); hubo una mayor participación de la mujer en las actividades políticas, económicas y laborales, y el reconocimiento y revalorización cultural de las poblaciones indígenas. Y creó empresas estatales de gran capacidad productiva, fuentes de empleo.

Pero la descalificación de Evo fue insistente en los medios hegemónicos, que lo acusan de querer perpetuarse en el poder; de no proteger el medio ambiente (aun cuando en 2009 fuera nombrado héroe mundial de la madre tierra por la Asamblea General de Naciones Unidas); y de machista y homófobo.

La excusa del golpe fue un supuesto fraude electoral. Evo Morales obtuvo 47.08 por ciento de votos y su principal adversario, Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, consiguió 36.51, con una deferencia de más del 10%, desvaneciendo el sueño de la derecha de ganar en la segunda vuelta.

En su comunicado de prensa respecto del informe preliminar de la auditoría al cómputo electoral, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no debe ser interrumpido el mandato del presidente Evo Morales

Bolivia posee la triste plusmarca de ser la nación latinoamericana que más golpes de Estado sufrió en el siglo XX: 12; seguida por Chile y Argentina, con seis cada uno.

Lo cierto es que resulta muy difícil hallar motivos económicos o sociales que alimenten una real y legítima desaprobación de los bolivianos con su gobernante. Según la nada izquierdista Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Una vez más, la constitución y el Estado de derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional. Fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de estado y forzar la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, democráticamente elegidos.

El Grupo de Puebla, recordó que todas las iniciativas de diálogo y negociación ofrecidas por el Gobierno del presidente Evo Morales fueron rechazadas. Las recomendaciones de la OEA de una nueva contienda electoral fueron aceptadas por el Presidente Morales, dirigidas al Parlamento boliviano, incluso con la recomendación de una renovación completa de los órganos electorales y la posibilidad de contar con nuevas candidaturas.

Pero la oposición optó por la intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática, abriendo un grave antecedente de un nuevo golpe de estado en la larga historia de interrupciones democráticas en el país. Particularmente grave fueron los comportamientos ilegales e irresponsables de las fuerzas policiales y finalmente, de las propias fuerzas armadas que acompañaron al golpe, señala el polo progresista

Nos solidarizamos con el pueblo hermano de Bolivia en estas horas de sufrimiento, reclamamos la continuidad del proceso electoral transparente y sin restricciones, y exigimos a los órganos internacionales de Derechos Humanos garantizar el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables, y el restablecimiento del orden, la paz, la convivencia social y la democracia en Bolivia, señaló el Grupo de Puebla, reunido en Buenos Aires.

Los sectores destituyentes no tienen siquiera la representación total ni mayoritaria de la oposición, aunque sí un poder de daño que les permitió hasta ahora consumar su objetivo con el respaldo del poder uniformado de militares y policías.

El recién dimitido presidente de Bolivia Evo Morales arremetió el domingo contra la misión de auditoría electoral de la OEA que detectó irregularidades en los comicios de octubre, afirmando que adoptó una "decisión política" y no técnica. "La comisión de la auditoria de la OEA ha tomado una decisión política" al exigir nuevos comicios en Bolivia. "Algunos técnicos de la OEA están al servicio de (...) grupos de poder", agregó.

Lo que busca Estados Unidos en Bolivia y toda América Latina, no es simplemente desplazar del gobierno a un presidente y a un partido, sino desarraigar totalmente a cualquier fuerza progresista y desarraigar, asimismo, toda política de contenido nacional e integracionista.

Hoy día, 10 de noviembre, los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas, empezamos el largo camino de la resistencia, para defender los logros históricos del primer gobierno indígena que termina hoy, con la renuncia obligada de nuestro presidente Evo Morales, producto de un golpe cívico-policial, señaló el Comité Político del Movimiento Al Socialismo (MAS)

En un mensaje a la militancia señaló que “hoy la derecha y los golpistas arrastraron la Wiphala, y con ella arrastraron nuestra dignidad de indígenas. No nos arrodillaremos, defenderemos nuestros símbolos que están constitucionalizados”. El compromiso es defender la nacionalización de hidrocarburos, la industrialización, las políticas sociales del gobierno popular.

Los próximos días, agrega, seguirá la cacería de compañeros. Y nuestra responsabilidad es cuidarnos entre hermanos, recomponer el tejido social, cuidar y proteger a los dirigentes perseguidos. Hoy es el momento de la solidaridad, mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos sucesos tristes. La consigna es resistir, para mañana volver a combatir

El plan estaba diseñado

Derribo de la estatua de Hugo Chávez

 

La toma y quema de oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí y acciones violentas contra árbitros comiciales en Tarija, Chuquisaca, Oruro y La Paz y el derribo de una estatua del expresidente venezolano Hugo Chávez en la amazónica de Riberalta, habían confirmado de facto, al otro día de las elecciones del 20 de octubre, las denuncias sobre planes golpistas de Estados Unidos contra Bolivia.

El plan preveía declarar un supuesto fraude electoral, desestabilizar el país e intentar la imposición de un gobierno paralelo. Durante el escrutinio, de la mano de medios hegemónicos de comunicación y des-información intentaron crear el imaginario colectivo de un eventual fraude que impediría una segunda ronda electoral donde la oposición suponía ganaría con amplitud.

El golpe contra la institucionalidad es parte de la contraofensiva de Washington para desbaratar a los gobiernos progresistas y de izquierda de la región, cuando los pueblos se levantan contra las medidas neoliberales de los gobiernos de derecha de Argentina, Perú, Ecuador y Chile.

Contra el proceso de cambio, liderado por el líder indígena Evo Morales, todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial se han desplegado desde 2005. El primer intento de derrocar a Morales se produjo a principios del período 2006-2009; el segundo entre diciembre de 2015 y febrero de 2016; y el tercero en 2018.

Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en Bolivia como Mariane Scott y Rolf Olson mantuvieron reuniones con altos funcionarios diplomáticos de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile para que colaboraran en la organización de las acciones de desestabilización contra el gobierno y lideraran las denuncias de fraude en las elecciones, lo cual sería más creíble y genuino que si lo hace directamente EU o la Organización de Estados Americanos (OEA).

Poco antes de las elecciones, Evo Morales dijo tener pruebas de que algunos grupos de dirigentes cívicos y exmilitares preparaban un golpe de Estado, para bloquear el proyecto de continuidad político-electoral del Movimiento al Socialismo e interrumpir el proceso de cambio, lo cual deja al descubierto la profunda debilidad de la oposición interna, que no pudo recapturar el poder por los votos.

Una de las metas del plan diseñado por EU era fragmentar las instituciones armadas del Estado, principalmente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que al final lograron. La tercera fase del plan, tras el golpe y la para llamar a nuevas elecciones, prescribiendo al MAS. Ni Carlos Mesa ni Oscar Ortiz, los contendores de Evo Morales en las elecciones, son quienes tienen la batuta.

La cruz y la espada

El líder cruceño Luis Fernando Camacho se presentó en la Casa de Gobierno, y ante la ausencia de Evo colocó su escrito sobre una biblia y la bandera boliviana arrodillándose en el piso. Es el mascarón de proa de una oposición financiada y estimulada por Estados Unidos, que no disimula lo que hará si gobierna.

Camacho se siente protagonista: citó en público a Pablo Escobar como sinónimo de lo que debería hacerse en Bolivia – sugirió anotar en una libreta a los traidores al estilo del narcotraficante – y corrió a Carlos Mesa, el principal candidato presidencial opositor, del escenario combustible que se está armando en el país.

Luis Fernando, quien forma parte de Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias de Santa Cruz, el bastión de la derecha más radicalizada, es hijo de José Luis Camacho Parada, quién también dirigió al Frente Cívico en la década de los ochenta. En 1981 organizó el primer paro de carácter departamental en la historia de esa institución, exigiendo que no se concretara el Proyecto azucarero de San Buena Ventura, en el norte de La Paz.

Los Camacho tienen lazos políticos con el fugitivo Branko Marinkovic, quien se refugió en Brasil en 2010, tras recibir acusaciones de sedición y separatismo en Santa Cruz por haber organizado y financiado una banda armada que pretendía la independencia de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que era comandada por otro croata-boliviano: Eduardo Rózsa Flores, con varias cuentas offshore denunciadas en los Panamá Papers.

Para apuntalar las campañas sucia por las redes, el gobierno de Trump asignó cien mil dólares a la consultora CLS Estrategies, sediada en Washington, que cuenta con la mayor base de datos de bolivianos dentro y fuera del país. Informes de inteligencia, señalan, además, que la estación de la CIA en La Paz tomó el control de redes de Whatsapp en el país, conectándolos con grupos de análisis político, filtrando falsa información y conduciendo los debates de acuerdo a sus intereses.

No fue un golpe blando lo que se concretó. No se resolvió en el Congreso como pasó en Paraguay y Brasil, cuando se destituyó a Fernando Lugo y a Dilma Rousseff. Se acaba de decidir en embajadas extranjeras y en los cuarteles, desde donde se emplazó al presidente Evo Morales a abandonar el gobierno.

El argumento de la oposición que subyace es el de la defensa de una sociedad occidental y cristiana en una cruzada de la fe, con reminiscencias de la conquista española, por la cruz y la espada. Se apoya en el fantasma del comunismo como en la peor época de la Guerra Fría y pone en evidencia el racismo y el odio a los indígenas.

Pero sus mandantes van por el litio, van por la reprivatización de los hidrocarburos. Van por los recursos bolivianos…

Álvaro Verzi Rangel

Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)