Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, semanas antes de concluir su tercer período de gobierno constitucional, fue obligado a renunciar por los grupos violentos de la oposición política y ante la insubordinación policial y militar que le quitaron incluso la seguridad institucional en la ciudad sede de gobierno.

Las protestas callejeras comenzaron incluso antes del anuncio de los cuestionados resultados electorales del 20 de octubre último. Y, en la medida que pasaban los días, las mismas se tornaron altamente violentas contra personas de facciones indígenas, en diferentes ciudades del país.

Simultánea a las violentas protestas sociales (expresamente racistas que torturaron incluso públicamente a autoridades locales, ex funcionarios del ejecutivo y periodistas), la oposición política (junto a los medios de información corporativa) emprendió una campaña viral de estigmatización contra Morales en las redes sociales hasta instalar en el imaginario social boliviano la fijación de: “Evo Morales es el enemigo de la democracia boliviana, debemos destituirlo”.

A la idea de “Evo enemigo de la democracia” se sumaron mensajes religiosos como: “debemos rescatar Bolivia para Cristo”. “La Biblia debe volver al Palacio de gobierno”.

Con las acciones callejeras violentas en contra de los funcionarios públicos (ante la pasividad o permisividad policial), viralizadas en las redes sociales, adornadas con invocaciones religiosas, lograron desmoralizar al gobierno en pocos días.

El factor OEA fue otro de los elementos determinantes para la consumación del golpe de Estado. Este desprestigiado organismo internacional recomendó “nuevas elecciones en Bolivia”.

De inmediato, Morales anunció convocar a nuevas elecciones, con nuevos integrantes del organismo electoral. Pero, ni las protestas urbanas dirigidas por sector de la oposición, ni la Policía Nacional, ni las fuerzas armadas, aceptaron ello. Y así, el 10 de noviembre, Morales fue obligado a renunciar para “resguardar la paz social”, pidiendo a sus oponentes políticos el cese de la violencia contra los humildes e indígenas del país”.

Muy a pesar de la renuncia del Presidente Evo Morales, y del Vicepresidente Álvaro García Linera, las amenazas y acciones violentas contra familiares y viviendas de los funcionarios públicos oficialistas no pararon. Algunos ministros, legisladores, concejales, fueron obligados a renunciar bajo amenaza de castigar a sus familiares.

Las consignas racistas contra Morales y sus correligionarios indígenas continuaron aún con mayor potencia en las calles y en las acciones vandálicas. Quemaron públicamente la bandera oficial de Bolivia que representa a los pueblos indígenas, y colocaron la Biblia en el Palacio de Gobierno. Elementos de la Policía Nacional  y del Ejército, públicamente entre cánticos religiosos “se entregaban a Cristo” y se desprendían de toda insignia oficial que representase al Estado Plurinacional.

Desde la media tarde de, ayer 10 de noviembre, Bolivia subsiste en un limbo político. Los saqueos y protestas en las calles contra el Golpe de Estado se acrecentaron en la ciudad de La Paz, El Alto y Cochabamba. Presidentes de ambas Cámaras legislativas también fueron forzadas a renunciar bajo amenazas contra sus familiares.

La Constitución Política, en su Art. 169º,  establece que ante la ausencia o renuncia del Presidente del Estado, en última instancia, le corresponde asumir esta responsabilidad al Presidente/a de  la Cámara de Diputados. Pero, al momento también esta autoridad fue forzada a renunciar a su cargo. Además, la misma Constitución, en su Art. 161º, establece que la Asamblea Legislativa debe conocer y aceptar la renuncia escrita del Presidente. Situación que tampoco ocurrió aún.

De esta manera, el caos sociopolítico se apodera de Bolivia anunciado quizás el pronto retorno de la intervención norteamericana para restablecer la democracia neoliberal que hace 14 años había sido expulsada de Bolivia por indígenas y campesinos sublevados. Aunque éstos, al momento, aún no determinaron de cómo epilogarán aquella apoteósica sublevación plebeya. 

Ollantay Itzamná

Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos

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@JubenalQ