La Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue el lugar de nacimiento del sistema económico imperante y que ha provocado las enormes desigualdades que sólo ahora están siendo reconocidas por quienes ejercen el poder.

Dicho poder de la élite dominante ha sido resguardado por la Constitución de 1980, nacida al alero de la Facultad de Derecho también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De allí egresaron los “Chicago Boys” y los “gremialistas” de la actual UDI y del resto de los partidarios del actual gobierno.

El “estallido popular” a partir del 18 de octubre y que se ha mantenido durante dos meses hasta hoy, ha permitido que la élite dominante (confluencia de “Chicago Boys” y “gremialistas” herederos de Jaime Guzmán), se haya visto obligada a reconocer las desigualdades e injusticias que han imperado en Chile y que se han agudizado con la imposición a sangre y fuego del sistema de economía de mercado. Y la misma élite también se ha visto obligada a reconocer (con los dientes apretados) que la Constitución de 1980 ha sido el muro de contención para la realización de transformaciones estructurales que permitan que la gran mayoría de la población pueda tener una vida digna de personas humanas. Dicen no haberse dado cuenta del infierno que construyeron al lado de sus paraísos.

Hans Eben, director de CENCOSUD, ha señalado que “nos enseñaron la teoría económica de Milton Friedman, y uno de sus postulados es que la única responsabilidad social de una empresa es involucrarse en actividades que aumenten la utilidad de la empresa”. Para agregar que “creímos que el crecimiento a cualquier costo era válido”.

Otros empresarios y directores de empresas han dicho haber reflexionado sobre el estallido social, reconociendo “abusos y malas prácticas”, lo cual les estaría enseñando “una renovada ética” (sic), según ha indicado el empresario Nicolás Ibáñez. Por su parte, Cristián Armas, gerente general de Empresas Armas, ha afirmado que “no hay que considerar sólo las variables económicas, sino todas aquellas que afectan la dignidad de la gente”. Se suma al nuevo “nunca más” Claudio Melandri, presidente de Santander, quien sólo ahora se ha dado cuenta de que “muchas de las certezas sobre las que cimentamos nuestras rutinas hasta hace una semana, hoy parecen estar resquebrajadas”. (“El Mercurio”, 27-20-19, B9).

La élite chilena ha estado conectada a las élites de USA y de Europa y no ha visto lo que acontece en Chile. Desde sus condominios cordilleranos se traslada al aeropuerto sin ver su propio país. Ni siquiera se había dado cuenta de los datos de la OCDE que señalan que Chile se sitúa por debajo del promedio del resto de los países integrantes en los temas de ingresos, salud, empleo, salarios, educación, vivienda, calidad de vida y de trabajo, comunidad, seguridad, medio ambiente, bienestar subjetivo y compromiso cívico. Tampoco se habían dado cuenta de que el 9,7% de los empleados tiene jornadas de trabajo que superan las 50 horas semanales de promedio. Ni que la pensión promedio para los ancianos es de $207.000 y el 50% de los pensionados recibe menos de $151.000. No se habían percatado de que el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000, Ni que, según datos de la CEPAL, el 1% de la población es poseedora del 26% de la riqueza nacional.

Lo anterior lo reafirma Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que reúne al gran empresariado, al confesar que “se llegó a este profundo nivel de destrucción porque nos faltó mirar más de frente y solucionar elementos como la incertidumbre en el diario vivir”. Agrega que otro factor es que “no se han enfrentado con decisión las desigualdades injustas y arbitrarias” (sic) porque “en el pasado estuvimos muy encerrados en nuestras empresas”. (“El Mercurio”, 17-11-19, B4).

Richard von Appen, presidente del grupo Ultramar (puertos, minas de carbón, etc…), ha reconocido que “los empresarios hemos tenido una falta de humildad. (…) Dejamos de escuchar, especialmente, a nuestra gente dentro de las empresas” porque “pasó algo donde la codicia tiene algo que ver”. (“El Mercurio” 3-11-19, B5). Esto es cierto, porque hace un año atrás, los estibadores de los puertos de propiedad de von Appen debieron hacer una huelga para que se les concediera media hora para almorzar.

Andrónico Luksic, presidente de Quiñenco, dueño del Banco de Chile, de Canal 13, minas de cobre, entre otros “logros”; y generoso donante de campañas políticas dada su condición de ser uno de los más ricos del mundo, desde su faraónica situación ha dado “el vamos”a sus pares y a sus subordinados al afirmar que “para salir de la crisis se necesitan acciones concretas: fijar correctamente las prioridades y recursos, y que aquellos que podemos, ayudemos a pagar la cuenta”. (“El Mercurio”, 26-10-19, B7). No obstante el aparente reconocimiento de sus responsabilidades, el gran empresariado no ha hecho referencia a dialogar con el pueblo y los dirigentes de organizaciones representativas como son los gremios de la educación y de la salud, el movimiento NO+ AFP, Anef, CUT, feministas, ecologistas, etc…, que han instaurado la Mesa de Unidad Social. Las cúpulas de los partidos políticos de oposición al gobierno continúan en sus juegos de poder. El gobierno ha perdido el rumbo y pretende desligarse del conflicto trasladándolo a los partidos e instalando a algunos ministros con caras amables. En síntesis, las élites se niegan a dialogar con el pueblo, no porque “no entiendan el estallido social, sino porque lo han entendido muy bien y se niegan a dejar sus cuotas de poder y sus privilegios”.

Frente a este panorama de cinismo de las élites, no resulta extraño que se mantengan las manifestaciones de cuestionamiento hacia el gobierno, el gran empresariado y la dirigencia de los partidos políticos. Ellos han continuado en sus respectivos “autismos”. El pueblo no confía ni en los partidos políticos ni en los representantes del gobierno, porque ambas instancias están implicadas con el gran empresariado y las corporaciones transnacionales. Menos confianza existe en el gran empresariado y en sus “guardias pretorianas”. El extendido malestar popular expresa un deseo de cambios radicales y no simples acuerdos de cúpulas presionadas por la ineptitud del poder ejecutivo y la autonomía de las FFAA y Carabineros que, veladamente, muestran su autonomía y amenazan con asumir el poder. Mientras, dejan actuar a saqueadores y narcotraficantes, para así justificar e intensificar la represión en contra de manifestantes conscientes de sus derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado en su reciente Informe (5-12-19) que ha constatado 3.400 heridos en manifestaciones; 352 personas con lesiones oculares; abusos sexuales, uso excesivo de la fuerza; torturas y miles de detenidos. Los rescatistas voluntarios encargados de atender a los heridos en situaciones conflictivas, tampoco han sido respetados por Carabineros. No obstante, el alto mando de la institución policial insiste en afirmar que su personal ha actuado cumpliendo los protocolos establecidos.

Tras el informe de Amnistía Internacional, cuya minuciosa investigación comprobó sistemáticas transgresiones de derechos humanos, el alto mando de las FFAA reaccionó con una virulenta declaración desmintiendo las acusaciones. Curiosamente, días más tarde, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile fue amenazada de muerte.

Human Rights Watch señaló en su respectivo informe que “la forma en que los carabineros han actuado en estas protestas, y también en el pasado, refleja problemas estructurales muy serios que explican su brutalidad e incompetencia”. (“El Mercurio”, 24-11-19, D4).

El pensador español Manuel Castells, en visita a Chile, ha compendiado el estallido social en el término dignidad, señalando que “sin educación, salud, sueldos mínimos, empleos, la dignidad es un concepto vacío. Dignidad es la más profunda referencia a la calidad de ser humano que tenemos las personas”. (“El Mercurio”, 17-11-19, D10).

Dignidad es lo que se grita en las calles de Chile. Pero el gobierno no escucha porque no conoce ese término. Piñera ha declarado la guerra al pueblo de Chile, personificándolo como “enemigo poderoso e implacable”. Posteriormente, ha pedido perdón y ha ofrecido una supuesta “agenda social”, anunciada el 22 de octubre y que hasta hoy no ha sido implementada. Tampoco dicha agenda social solucionará los problemas planteados por el pueblo. Este exige transformaciones sustantivas de la estructura política, social, económica y cultural, para que se garanticen la salud, la educación, las pensiones, el derecho al agua, entre muchos otros. Ello significa terminar con las AFP y los intereses abusivos de los bancos; juzgar y condenar a los personeros públicos y privados corruptos; poner fin a “zonas de sacrificio”; devolver a los chilenos el mar, los recursos mineros y las empresas estatales saqueadas por partidarios de Pinochet; establecer condiciones habitacionales y laborales que permitan a todos vivir como seres humanos.

Es lo que debería haberse realizado desde 1990. Pero la Concertación de Partidos por la Democracia, bajo la tuición de USA, acató el pacto con el gran empresariado y las FFAA de mantener la Constitución de 1980, la economía de mercado y la impunidad de Pinochet. La democracia “en la medida de lo posible”, considerada como mal menor, ha sido el inicio de la posterior tragedia

Oculto a la exposición pública, Piñera ha sido acusado de ser el responsable de las violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros y de las FFAA mientras estas estuvieron en las calles en estado de emergencia. Además, Piñera ha sido acusado del traspaso de US$500 millones a paraísos fiscales sin haber pagado los impuestos correspondientes en Chile. Piñera es egresado de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En el libro “La doctrina del shock”, (Paidós, Buenos Aires, 2008, pág. 159), Naomi Klein plantea que “después del trascendental viaje de Milton Friedman a Chile en 1975, el columnista del “New York Times”, Anthony Lewis formuló una pregunta tan sencilla como incendiaria: “Si la teoría económica ortodoxa de Chicago sólo se puede poner en práctica en Chile mediante el recurso de la represión, ¿tienen sus autores algún tipo de responsabilidad por ello?”.

Santiago de Chile, 7 de diciembre de 2019.

Fuente: EL CIUDADANO online