“... No podemos permanecer en silencio cuando los migrantes son deshumanizados y encerrados en prisiones con fines de lucro; cuando los niños son puestos en jaulas y denegado el acceso a jabón, cepillos de dientes, e incluso pañales; y cuando nuestros colegas y los trabajadores de derechos humanos son procesados ​​en tribunales federales (estadounidenses) por proporcionar alimentos, agua y refugio a personas necesitadas… (Swanson, 2019)”.

En memoria de Carlos Gregorio Hernández Vázquez, quien falleció en mayo de 2019, en un centro de detención migratoria en Texas, Estados Unidos. A él, como a muchos otros migrantes, los mató el desprecio y la violencia de un gobierno racista.

Violencia, migración y racismo

En el actual contexto de migración irregular hacia Estados Unidos (EU), el racismo como política migratoria promueve la criminalización (social y legal) de los migrantes forzados (principalmente centroamericanos y mexicanos), y esto funciona como motor y justificación de serias y generalizadas violaciones de los derechos humanos de los migrantes; en especial esto acontece en los centros de detención de la border patroll y de ICE. En dichos centros de detención la situación es tan grave y hay una violencia generalizada y estructural tan acentuada, que varios migrantes menores de edad han perdido la vida en dichos lugares.

El racismo, caracterizado por ser un proceso de exclusión y violencia (por tipo físico y origen étnico nacional), se ha vuelto el eje de varias decisiones en materia migratoria. A esto hay que añadir que la violencia no sólo tiene un carácter extralegal y fáctico, sino también que la ley se ha vuelto un dispositivo de discriminación utilizado para institucionalizar la criminalización del migrante. Esto se da en el marco de la política de tolerancia cero del actual presidente de EU, que se ha distinguido en los últimos años por una creciente embestida caracterizada, entre otras medidas, por los intentos reiterados de construir/expandir el muro fronterizo, el crecimiento de ICE y la border patrol, la criminalización mediática y legal de los migrantes y el aumento de las detenciones al interior de EU.

Violaciones de derechos humanos en centros de detención en EU

Para el presente año, hubo un récord en el número de migrantes detenidos durante el actual gobierno de EU. De acuerdo con datos de la ONU, para el 2019 se registraron más de 100 mil menores migrantes detenidos en EU (la mayoría de ellos centroamericanos). Y a la fecha han sido separados de sus familias más de 5,400 niños migrantes, en el contexto de los más de 200 centros de detención migratoria que hay en EU. Las violaciones a los derechos humanos en dichos centros son variadas y pueden comprender desde la alimentación precaria (con frecuencia comida rancia y echada a perder), hasta la carencia de condiciones de higiene y aseo (no hay jabón, ni pañales, las duchas no son frecuentes, en muchos centros no hay no camas y son lugares muy fríos). Tampoco cuentan los migrantes detenidos con acceso a servicios médicos, ni son atendidas sus enfermedades previas o las ocasionadas ahí debido a las adversas condiciones de vida. Asimismo, se ha documentado que los migrantes no tienen acceso al procedimiento de petición de asilo, ni a asesoría jurídica.

No obstante, las agresiones más graves son las que tienen que ver con el abuso y maltrato físico, la separación de familias, la detención de niños y menores, y sobre todo la muerte de migrantes y niños migrantes en centros de detención, derivado de la falta de atención médica. Esto es resultado del desprecio generalizado y las agresiones hacia los migrantes.

Construcción sociopolítica de la violencia

Lo previamente descrito se produce debido a varias causas. Como lo han señalado autores como Hansen (2019), los centros de detención son y funcionan como cárceles de facto, y se distinguen por unas pésimas condiciones de vida para los detenidos. Eso es debido y justificado por la condición irregular de los migrantes. Lo anterior se deriva de una percepción estigmatizada de migrantes indocumentados (estimulada por el racismo y la desinformación), percepción que contribuye a la criminalización y a volver más rígidas/punitivas las leyes.

Además, esto acontece en contextos económico/políticos de privatización de los centros de detención, que últimamente se han distinguido por severas y estructurales deficiencias en el funcionamiento (esto con la finalidad de abaratar costos). Continuando con la línea de reflexión de Hansen (2019), a esto se suman las cuestionables políticas internas y externas de los centros de detención, que se caracterizan por no cumplir los estándares normativos básicos/indispensables, la no supervisión, la no transparencia y por estar sobrepoblados. Finalmente, tampoco garantizan las condiciones para la defensa legal y el reconocimiento de los derechos de los detenidos

Todo lo anterior, tiene impactos en las condiciones de vida de los detenidos. En el rubro de la salud, la situación física y mental de los detenidos es alarmante y deplorable, no hay atención médica, tienen malos alimentos y habitan en contextos antihigiénicos e insalubres. Las enfermedades y muertes de los migrantes han sido una prueba de ello. En lo psicosocial, la separación de las familias y los menores aislados y detenidos, detonan condiciones y daños psicológicos muy graves, que pueden tener repercusiones permanentes. Y en lo económico, buena parte de los detenidos son el principal sustento económico de sus familias en sus países de origen.  

Medidas para reducir la violación de los derechos humanos

Frente a esta situación, es indispensable que:

1) Los centros de detención deben ceñirse a los marcos jurídicos y estándares prescritos por la ley. Esto implica de manera urgente y obligatoria el mejoramiento de las condiciones de vida de los detenidos.

2) Se debe disminuir la detención como política migratoria y fronteriza, hay otras alternativas para los migrantes irregulares.

3) Hay que detener la criminalización socio mediática, política y jurídica.

4) Se necesitan políticas migratorias diferentes, no de seguridad nacional y basadas en el racismo, sino políticas con un eje de seguridad humana. 

5) Finalmente hay que reconocer el carácter forzado de la migración irregular. Los migrantes no son criminales, sino personas en precariedad expulsadas de sus países.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez 
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