El concepto de “Estado aparente” nos sirvió para describir la anatomía estatal que produce la “colonialidad del poder” en el diseño geopolítico centro-periferia; esto significa que, por tributación de soberanía, los Estados periféricos transfieren, de modo exponencial, poder neto al centro. De ese modo se produce una dialéctica de realización unilateral del centro vía des-realización de la periferia.

Lo colonial del poder periférico no es el “colonialismo interno” (determinación política de las “formas aparentes” o sociales) sino la tributación de soberanía que naturaliza su “condición satelital”. Los Estados periféricos, son incluidos y admitidos como tributarios de soberanía, es decir, de poder formal y material; cuya transferencia administran los poderes fácticos como producción de poder real. Eso significa que, en última instancia, la periferia tributa, al centro, voluntad de vida. De esta tributación de vida se nutre la vida, la realización del centro, que no es sino, la continua des-realización de la periferia. Esto es lo que reafirma la reinante clasificación antropológica mundial, que mantiene estable la desigualdad humana congénita y estructural del mundo moderno, como presupuesto de la división internacional del trabajo, de roles y funciones.

Ese fue el patrón colonial mientras el diseño centro-periferia configuraba la fisonomía “normal” del sistema-mundo-moderno-occidental. Pero el reciente golpe promovido en Bolivia –más allá de la confluencia entre oligarquía local y dominio imperial– está manifestando una potencial reconfiguración, mucho más peligrosa, de ese diseño.

Veamos. Con el desplazamiento geopolítico de Occidente por parte de las superpotencias emergentes (China y Rusia) y la instauración precaria de un equilibrio tripolar; el orden unipolar ya no reúne las condiciones de ser repuesto y el Imperio tampoco cuenta con posibilidades recurrentes de restauración hegemónica. Por eso apuesta últimamente por la pura dominación, lo cual genera, de modo creciente, el desconocimiento del derecho internacional. Eso está en el fondo de la promoción del “caos constructivo” (que, del Medio Oriente, se pretende trasladar a Latinoamérica), como fisonomía de un mundo de inestabilidad continua; y esto es sólo posible desplomando definitivamente la soberanía nacional de los Estados periféricos y, en consecuencia, acabar con el derecho internacional y el multilateralismo.

De ese modo, el “backyard” del Imperio, en la nueva geopolítica post-imperial, queda sumido en un desangramiento sistemático que postergue definitivamente cualquier aspiración de desacoplamiento de la geoeconomía de la moneda imperial (el último y único baluarte de su decadencia crónica). Mientras toda la economía global del siglo XXI se dirige al pacífico, secuestrar a Sudamérica es vital para mantener al dólar, porque administrando nuestro aislamiento sistemático, repone las garantías de su poder disuasivo como contrapeso a la expansión oriental (en el Medio Oriente vemos las opciones que baraja la geopolítica post-imperial: si ya no puede apoderarse del petróleo, ahora apuesta por el control de su distribución global).

Con el golpe en Bolivia, que es, en realidad, el inicio de un golpe continental, las “formas aparentes” transitan a una reconfiguración del diseño centro-periferia: el nuevo mapamundi del Pentágono, es decir, partir el mundo en dos, el orden y el caos, o sea, en lenguaje evangélico, el cielo y el infierno, pero, en la tierra. Por eso no es ilógico la implantación, vía golpe, de un régimen inconstitucional en Bolivia; porque esa es la antesala de la “anomia estatal” que se precisa para socavar la soberanía nacional y provocar, sin alternativa posible, la feudalización de los Estados periféricos. El laboratorio de aquello se lo estaría promoviendo en Bolivia, desde el golpe orquestado con la complicidad de la propia OEA.

El “Estado aparente” daría lugar a la amenazante nueva figura estatal que, de la transferencia de soberanía, a su renuncia definitivamente, apostaría al literal sacrificio de la periferia para reponer la centralidad imperial; la “anomia estatal” constituiría entidades feudalizadas sin capacidad de soberanía ni siquiera formal, o sea, la balcanización extendida. En ese sentido, cabe hacer notar que, la renuncia del horizonte alternativo indígena del gobierno del MAS, no fue precisamente producto de algún oportunismo político, sino del encapsulamiento paulatino que significó subordinarse al horizonte normativo del derecho liberal; hecho por el centro para, precisamente, asegurar la colonialidad de los “Estados aparentes” o periféricos (por otro lado, el anarquismo de izquierda siempre ha confundido ser radical con un radicalismo ingenuo, esto es, arrojar y negar el tablero global en vez de comprenderlo, para superarlo). La trampa consistió siempre en un espejismo, que conduce al suicidio de gobiernos “progresistas” en un mundo hecho por y para los fuertes: su posible inclusión fabrica la ilusión de un fortalecimiento también aparente. La modernización siempre tuve ese precio: la “admisión” consiste en la renuncia a ser uno mismo.

China triunfa en la competencia hegemónica porque parte de sí, de su historia y civilización, por eso puede incluso funcionalizar al mismo capitalismo como mediación de un proyecto nacional. En ese sentido, la tentación de los gobiernos “progresistas” es posible porque no advierten en qué consiste la verdadera dependencia. En el caso boliviano, esto condujo a mantener la dependencia estructural y la concomitante colonialidad reinante para, de ese modo, incluso posibilitar la insurgencia fascista señorial. De ese modo, los intentos precarios de constitución de soberanía estatal (cosa que nunca había experimentado Bolivia), ahora, por comedimiento golpista, quedan completamente aplazados y, lo que es peor, se apuesta por una nueva fisonomía estatal que minaría por completo toda soberanía futura. Esto significa la “anomia estatal”.

Todo lo que viene realizando la dictadura actual es no sólo inconstitucional (ni cabe en algún peregrino post-constitucionalismo), sino desconocimiento sistemático de toda juridicidad básica. Ni la autonombrada ni sus ministros saben por qué están allí, ni por qué manifiestan la insensatez misma de una promovida fisonomía del no-derecho. Son sólo piezas dispensables de un ajedrez geopolítico que están desplegando los elementos más siniestros del Estado profundo (por eso vuelve la USAID y la CIA y todo el aparato de inteligencia gringo y hasta sionista). La cooptación de casi todo el espectro opositor boliviano, subyugando hasta sus rivalidades y discrepancias, manifiesta ya no sólo una logística bastante eficaz (incapaz en la derecha boliviana) sino un despliegue estratégico que toma a Bolivia como foco de irradiación de algo mayor.

En la guerra hibrida, la diseminación mediática y cibernética de las fake-news tienen como fin el desplome de la cohesión social y política. Si antes políticamente nos permitíamos acuerdos mínimos, era porque los parámetros morales, fueran ciertos o no, eran aceptados; pero el reino de la posverdad destruye sistemáticamente todo posible consenso porque su objetivo es la demolición planificada de todo acuerdo. Lo que se instala es un estado latente de beligerancia creciente. Una “revolución de colores” (bautizada en Bolivia como “resistencia pacífica de las pititas”) tiene ese objetivo: provoca una insurrección fascista con cara de revolución democrática, que acaba en un golpe de Estado suave y la implantación de una dictadura intensiva; de ese modo socava toda la institucionalidad que dice defender para imponerse definitivamente como un des-orden de “anomia estatal”.

Por eso, el autonombramiento de la senadora Añez, que salta o evade todo procedimiento constitucional, sin quorum parlamentario y sin la debida sucesión constitucional (ya que hacen renunciar a todos los habilitados bajo coacción), desemboca en la anomia jurídica de todo este gobierno de facto. Develaciones recientes del propio rector de la UMSA y miembro del CONADE, develan que la cabeza del gobierno de facto surgió de un aquelarre de machos (recaderos de Mesa, Camacho, Iglesia Católica, Embajada de Brasil, Unión Europea, el mismo Albarracín) que pactaron y negociaron los detalles del golpe, vendido como “sucesión democrática”. La apuesta por Añez era lo único que les aseguraba anular al MAS de toda legítima sucesión constitucional. Por eso los grupos de choque, en connivencia con la policía y el ejército, se dedicaron a perseguir, amedrentar y eliminar a todos aquellos que podían acceder legalmente a la presidencia, una vez que el jefe de Estado había sido obligado a renunciar, cuando las FF.AA. le retiran el apoyo que le debían por mandato constitucional (cumpliendo así el pacto prebendal previo que acordaron con los cívicos de Santa Cruz).

La “anomia estatal” no es lo que se producirá el 22 de enero; se produjo el 12 de noviembre, vía autoproclamación y sin quorum parlamentario, por eso la investidura de la banda presidencial la hacen los militares. No solo la ilegalidad sino la ilegitimidad se constatan cuando la autoproclamada se presenta en balcón de palacio frente a ningún pueblo, sólo frente a periodistas nacionales, quienes, en su totalidad, ni siquiera se dieron la molestia de mostrar en cámaras la ausencia absoluta de pueblo en aquella pantomima política.

La propia ingenuidad y las traiciones internas determinaron que el gobierno anterior quedara sin posibilidad de revertir constitucionalmente una situación de facto. La policía y el ejército fueron los garantes para que se haga imposible cualquier salida democrática. Su amotinamiento también resulta de una violación flagrante a sus propios juramentos constitucionales. De ese modo, el golpe fue planificado con una eficiencia que no es característica de la mezquindad imaginativa de la oligarquía nacional.

Si la famosa y presunta resistencia democrática hubiese sido eso, jamás se hubiese prestado al juego de patrocinar un gobierno totalmente ilegítimo. Pero eso no estaba en los planes que se planificaron anticipadamente y no precisamente en Bolivia.

Desde la espuria autoproclamación, todo lo que ha hecho y está haciendo el gobierno de facto está no solo viciado de inconstitucionalidad, sino que nos está conduciendo a un desmantelamiento jurídico que sólo se está definiendo por la “razón de fuerza”. Lo cual lleva a que la propia estabilidad social se vea amenazada por la presencia de contingentes armados (que los vienen articulando grupos paramilitares fascistas como la “Unión Juvenil Cruceñista” y la “Resistencia Juvenil Kochala” en todo el país). Es el principio de la “anomia estatal” que, violando todo Estado de derecho, tiene como fin premeditado, el desmoronamiento sistemático de la paz social, que lo va produciendo el propio gobierno de facto. El propio desprestigio de la policía amotinada por pura prebenda, viene a configurar una creciente militarización del país.

El gobierno de facto, mediante su ministra de comunicaciones, viene atizado aún más esta probabilidad, limitando literalmente la libertad de expresión, mediante el cierre de radios comunitarias campesinas y toda disidencia democrática. El ministro de gobierno y de defensa, hacen lo propio, hostigando públicamente a todo un país en creciente estado de incertidumbre. Todas las medidas que está asumiendo el supuesto “gobierno de transición” muestra, de ese modo, un premeditado encargo de derrumbar todas las conquistas sociales (que destruyan, a combazos, la efigie de Evo en un escenario deportivo, muestra gráficamente lo que se pretende). La anunciada privatización de todas las empresas estatales (que ya empezó con la línea área estatal BOA), el ingreso de USAID, como “garante” de las nuevas elecciones, la liberación de las cuotas de exportación, la sugerida nivelación del precio de los carburantes al nivel internacional, la revisión de la política del litio, etc., no son atribuciones de un “gobierno de transición” y tienen por fin incendiar un país en estado de creciente convulsión social.

Para realizar todo aquello, el gobierno tiene que gozar de atribuciones especiales y eso es lo que se viene sugiriendo en un escenario post 22 de enero (cuando debiera fenecer la supuesta “transición”). Es cuando la “anomia estatal” se haría realidad política de facto, en un país militarizado en un no declarado estado de sitio. O sea, no es que cuando fenezca funciones el ejecutivo y el legislativo se produzca una situación de inconstitucionalidad. Esta situación se inició, como ya dijimos, el 12 de noviembre. Todo acto y medida gubernamental desde entonces está sujeta a la impugnación y sus ejecutores, pasibles a juicio de responsabilidades (y en el caso de policías y militares, hasta de traición a la patria). Por ello no se trata de un “gobierno de transición” constitucional sino de uno de facto que, amparado por los aparatos coercitivos estatales, se mantiene en condiciones ilegítimas e ilegales para desmantelar al mismo Estado.

Pero la cuestión va más allá. Una “anomia estatal” no es sólo la suspensión de todo derecho, sino la implantación sistemática del “caos constructivo” a nivel regional. No es sólo la promoción del desorden sino la demolición planificada del Estado como “tierra de nadie”. En tal situación nació la experiencia del far-west como contexto de anexión de gran parte de México por parte de USA. Esto significa que, la “anomia estatal” es promovida como fase preliminar de una feudalización de los Estados nacionales. Por eso, pese a las vergüenzas que despierten Camacho y Pumari, son las fichas imperiales que simbolizan el federalismo, como el caballo de Troya implantado para producir la posterior feudalización/balcanización de Bolivia.

Ambos representan a los intereses no sólo empresariales sino separatistas que, tanto en Potosí como en Santa Cruz, en relación al gas y al litio, confluyen con la oligarquía fascista que, bajo patrocinio hasta gubernamental, hace retornar a personajes que huyeron después del fracasado golpe cívico-prefectural del 2008 (los mismos que también están implicados en la planificación del golpe reciente). Todo ello en medio de un empoderamiento racista de la sociedad urbana que, con la implantación de leyendas urbanas antipopulares, están politizando a la clase media del peor modo posible, es decir, buscar un chivo expiatorio en el cual descargar el odio sembrado.

Si en Bolivia tuviese éxito esta apuesta imperial y oligárquico-local, no tardaría en hacerse extensivo al arco sudamericano; por eso la violencia, aun revestida de resistencia revolucionaria, como en Chile, no es garantía de optimismo. Con la promoción del concepto de “guerras híbridas”, ahora sabemos que la hibridez sustantiva de las nuevas guerras, funcionaliza muy bien el conflicto como la normalidad misma de una sociedad sumida en el caos indefinido, como preludio de la intervención externa. Por eso las nuevas apuestas imperiales no se enmarcan en doctrinas anteriores, como el “Plan Cóndor” o las “Dictaduras de Seguridad Nacional”, sino en la irradiación definitiva de una nueva doctrina que tiene, en el nuevo mapa del Pentágono, la imagen de un mundo partido en dos: “core and the gap” o el mundo del orden y el desorden.

La balcanización de Bolivia siempre fue de sumo interés para las oligarquías de Chile, Brasil y Argentina. Desde la confederación peruano-boliviana, el Estado chileno siempre vio nuestra existencia como un escollo de su expansión. Por eso nos anuló geopolíticamente con la invasión al Litoral boliviano en 1879, y en tiempos neoliberales penetró su influencia en la derecha boliviana para garantizar, por ejemplo, el aprovechamiento del gas boliviano. El estrés acuífero que se le presenta en lo venidero también hace que las aguas del Silala boliviano sean de interés estratégico de su economía. Lo mismo pasa con el litio.

Postergar a Bolivia es fundamental para las aspiraciones estratégicas de sobrevivencia geopolítica de Chile. Por eso su interés en el aplazamiento del corredor bioceánico que tiene a Bolivia como corredor geoestratégico de unión de Sudamérica con el pacífico. Las oligarquías de Brasil, Argentina y Chile preferirían, para beneplácito del Imperio, hacerse de un corredor alternativo o administrar ellas mismas el proyecto existente por Bolivia (siendo además el más rentable). Brasil gana mucho con el desmantelamiento de la soberanía boliviana (Brasil y USA fueron los primeros en reconocer al gobierno de facto), de ese modo expande su capital agroindustrial, además que PETROBRAS recupera su influencia regional y se hace más atractiva para la geoeconomía del dólar.

En el mundo del “core and the gap”, del mundo partido entre el cielo y el infierno, la periferia sumida en el caos indefinido, constituye una literal arena global, donde el circo romano adquiere niveles de espectáculo global. Por eso lo que empezó en Bolivia no es algo particular sino de incumbencia regional y de todos los movimientos populares, de izquierda, partidos democráticos y de gobiernos “progresistas”; tomando consciencia de qué es lo que se está generando sigilosamente como la nueva fisonomía de Sudamérica. No en vano Bolivia constituye el centro del continente. Lo que pase aquí repercutirá inevitablemente más allá de nuestras fronteras.

Ya lo dijimos: no es que en Bolivia haya mucha política. Bolivia es la política. Lo que sucede en otras latitudes de modo aparente, en Bolivia sucede de modo esencial. Por eso nuestra lucha siempre se manifestó en términos universales. El “vivir bien” constituía eso: la alternativa utópica que el horizonte indígena le ofrecía a un mundo en decadencia civilizatoria. El Imperio se dio cuenta de eso. Los pueblos también deben darse cuenta de aquello, de la última apuesta imperial: aniquilar definitivamente al sujeto proyector de esa alternativa. Por eso nuestra lucha la definimos como: “capital versus vida”.

 La Paz, Chuquiago Marka, Bolivia, 19 de enero de 2020

Rafael Bautista S.
Auutor de: “El tablero del siglo XXI: geopolítica des-colonial de un nuevo orden post-occidental”,

Yo soy si Tú eres ediciones, 2019

Dirige “el taller de la descolonización”
rafaelcorso@yahoo.com