Hay unos que no entraron en el proceso de finalización de la negociación del conflicto armado con las FARC. Esos son los disidentes. Los que no compartieron los acuerdos firmados, manifestaron su inconformidad y quedaron por fuera de lo pactado. No tienen relación alguna con la JEP, ni beneficio con la implementación. Los disidentes, se separaron de la doctrina y conductas que implicaba el abandono de la lucha armada. En la historia política y social, los disidentes han sido perseguidos y censurados por sus actuaciones contrarias al grupo mayoritario que cierra las negociaciones.

Hay otros que estuvieron en la construcción de los acuerdos, compartieron lo pactado, y cumplieron su palabra empeñada de desarmarse y retornar a la vida civil, pero al final se fueron del proceso, reincidieron en la lucha armada. Ellos ejercieron parcialmente su condición de ciudadanía, pero a la par se vieron incursos en situaciones creadas para obligarlos a afrontar y resistir los embates de la persecución, el estigma y el hostigamiento permanente, por los llamados enemigos de la paz, que representan el horizonte de poder de las elites que emite ordenes no manifiestas sobre lo que debe ocurrir y que termina por ocurrir sin lugar a responsables, como ha sido la recurrente historia de la tragedia, el desastre y la barbarie. Entre el asedio y la resistencia algunos firmantes del acuerdo de paz se esfumaron anunciando su regreso a las armas. Esos son los reincidentes, aunque penalmente no fueron condenados. Reinciden al volver a las armas como instrumento de acción política, rehacer sus conductas anteriores, y seguir un sistema de valores y modos de vida que ya no comparten sus antiguos compañeros. La reincidencia en cuanto concepto jurídico es amplio, tiene una característica de plasticidad y puede ser entendida como una recaída en el delito político y las conductas de rebelión y conexos, lo cual genera una reacción social de rechazo y produce el agravamiento de la pena en térmi­nos punitivos por conductas autónomas que concurren en el delito de rebelión, lo que implicaría para cualquier reincidente que sea detenido una condena que resultaría impagable en vida.

 Y hay otros, que recibieron con entusiasmo los acuerdos, pero se sienten abandonados, inseguros amenazadas e incluso humillados y están pensando en volver a su antiguo modo de vida en armas. Esos bien pueden ser resilientes, aunque el estado se encargará de impedir cualquier otro calificativo distinto al de reincidentes. Ellos organizaron su modo de vida ya no alrededor de un comandante, una estrategia, una doctrina y un fusil, si no de proyectos de vida civil, sin armas y en democracia, pero paulatinamente han perdido la esperanza. La sociedad les impide reintegrarse y el estado se niega a cumplir sus compromisos de protección, respeto y garantías a sus derechos. En Ituango donde han asesinado a 12 excombatientes (dos en la última semana), el responsable por parte del Estado les ha informado que solo puede dar respuesta a sus demandas de protección dentro de seis meses. Para muchos se han ido desmoronando sus ilusiones colectivas y ante la marginación y el olvido hay quienes dicen preferir desandar el camino y regresar al levantamiento en armas, donde saben moverse y creen que les resulta más segura su vida y sueños de futuro con garantías y dignidad. 

 Los resilientes, una vez consumen el alzamiento, pasarán a ser reincidentes y seguramente a reencontrarse con los disidentes y para todos ellos hablar de lo justo y lo injusto desaparecerá del panorama y serán tratados como delincuentes. La sociedad sin embargo estará llamada a tener en cuenta que ninguna explicación puede buscarse en la simple repetición de hechos de guerra, sino que también en las responsabilidades políticas en el estado y seguramente otros terceros, quienes usando el poder han obstaculizado la construcción de la paz estable y duradera pactada. 

 Nunca se sabrá con exactitud cuántos insurgentes se quedaron en la disidencia. Se calculan más de 400 presos aún encarcelados que hace tiempo deberían haber sido amnistiados e indultados. De la reincidencia se conoce que en agosto de 2019, Iván Márquez, segundo al mando de las FARC y jefe negociador, junto a Santrich, Romaña, el Paisa, Morantes y otros en número superior a 40, anunciaron su retorno a las armas para “luchar por la paz traicionada”, pero además para disputar el nombre original político-militar forjado por Marulanda. De los resilientes, en tránsito de regreso a las armas, nada se sabrá hasta que lo anuncien, como acaba de ocurrir este primero de febrero del 2020, en que el comandante Martin anuncio públicamente que 158 antiguos combatientes, retomarán la lucha armada en el departamento del Tolima. En su sospechas por su inseguridad jurídica y material, los excombatientes llevan las cuentas de la venganza y el odio con 185 excombatientes asesinados en indefensión, en la oscuridad y a la luz del día en inmediaciones a sus zonas de refugio en las que han permanecido condenados a permanecer allí, inmóviles, a riesgo de ser ciudadanos solo allí. 

El contexto en el que actúan las disidencias y crecen las reincidencias, es el de un país, que no pierde la esperanza de que la paz es la única salida para acabar la tragedia, la barbarie y el amor a la muerte. No importa que los hechos muestren que el partido de gobierno volvió a implantar la guerra antes que implementar la paz, lo que ha favorecido violencias y destrucción con masivas violaciones a derechos, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, matanzas delincuenciales, robos, atracos, abusos de todo tipo y corrupción imparable, mas debilitamiento de instituciones, por ejemplo ya poco se habla de la consejería de derechos humanos y se recalcan más bien las relaciones internacionales; la memoria histórica fue borrada y; la protesta social vuelve a ser estigmatizada.