Caracas.- En la sala principal del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran todas las más altas autoridades del estado bolivariano, reunidas en sesión solemne para la apertura del año judicial. Están las directivas de los cinco poderes de la República: legislativo, ejecutivo, judicial, moral (o ciudadano) y electoral, además de representantes del máximo órgano plenipotenciario, la Asamblea Nacional Constituyente, votada por más de 8 millones de ciudadanos el 30 de julio de 2017: el presidente del poder constituyente, Diosdado Cabello, y las dos vicepresidentas, Tania Díaz y Gladys Requena.

Los discursos del presidente del TSJ, Maikel Moreno, y de Yván Darío Bastardo Flores, presidente del Salón de Casación Civil, son lecciones de derecho y soberanía. Destacan el papel fundamental del pueblo en la defensa de las instituciones ante los múltiples ataques desplegados por el imperialismo durante 2019. Reafirman el papel pacífico de la democracia "participativa y protagónica" del socialismo bolivariano y abren el camino para las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro.

"Una democracia sin el pueblo es una farsa, es la democracia de las élites, la democracia burguesa", dice Maduro, destacando la importancia de la dialéctica entre los poderes contemplada en la constitución bolivariana, y rechazando el teatro grotesco del "autoproclamado" por los Estados Unidos, Juan Guaidó.

Entonces, mientras elogia el fuerte impulso emprendido por el proceso bolivariano para salir de las dificultades y reaccionar a la guerra económica con un esfuerzo renovado en la producción nacional, el presidente agrega una queja y una autocrítica: “Fui al 23 enero, había más hoyos que en Bagdad", dice. “Tenemos que admitir que ciertos problemas no se deben al bloqueo de Trump, sino a nosotros mismos".

Entonces lucha contra el descuido, la indolencia y, sobre todo, la corrupción. El excelente trabajo del Fiscal General de la República, Tareck William Saab, dice Maduro, no es suficiente. Necesitamos "una revolución en el campo judicial". Por lo tanto, le pide a la ANC que aborde el tema en toda su importancia, nombrando una "comisión del más alto nivel", presidida por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Una decisión importante, porque las quejas sobre las demoras y la compra y venta en los expedientes judiciales son un problema muy sentido por la población, dentro y fuera de las cárceles. El actual, asegura Maduro, será el año de recuperación en todos los campos.

Un año en el que se llevarán a cabo elecciones parlamentarias, para el cual todas las fuerzas en el campo se están preparando de acuerdo con sus intereses e interlocutores.

La derecha, dividida y pendenciera, teme por su bolsillo y sus prebendas. El estado de "desacato", que ha puesto al parlamento dirigido por la oposición mayoritaria fuera de la legalidad constitucional, se ha convertido en un gran negocio para la pandilla y los compinches de Guaidó, que lo ha aprovechado para confiscar de manera fraudulenta los activos de Venezuela en el extranjero y para embolsar, con fines propios o desestabilizadores, los ríos de dólares proporcionados por los Estados Unidos.

Un escándalo sensacional, admitido por los propios Estados Unidos y también denunciado por esa parte de la oposición que ha aceptado el diálogo propuesto cientos de veces por Maduro. En la última sesión parlamentaria, la nueva junta ejecutiva, encabezada por el parlamentario opositor Luis Parra, votó a favor de una resolución para abrir una investigación sobre el gigantesco robo de dinero realizado por los "autoproclamados". Una resolución aprobada por unanimidad.

Mientras tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el más grande de América Latina, con más de 6 millones de militantes, lleva a cabo cada fin de semana una campaña de carnetización masiva que ya está dando resultados excepcionales, y que pretende lograr dentro de abril más de 9 millones de integrantes. Un proceso altamente mecanizado y rápido, que todos los días registra la muy alta presencia de jóvenes desde los 15 años y mujeres, la piedra angular de esta revolución socialista y feminista, que cumple veintiún años.

Para la Venezuela bolivariana, el mes actual se llama el "febrero rebelde", durante el cual se recuerdan fechas importantes que precedieron y marcaron el camino de este laboratorio del siglo XXI, que está en continuidad ideal y en perspectiva con la historia del movimiento obrero y campesino: la revuelta popular del Caracazo, "el primer grito contra el neoliberalismo", del 27 de febrero de 1989; la rebelión de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, el inicio de la unión cívico-militar, la columna vertebral del socialismo bolivariano.

En la última sesión de la ANC, Diosdado Cabello, que participó activamente en esa rebelión, presentó una propuesta importante que marcará el próximo curso de la República, ilustrada por Euclides Aponte y Francisco Ameliach: la de una nueva doctrina militar para incluir a la milicia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así fortalecer el concepto de defensa integral de la nación, basado en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y la fuerza armada, y contemplado en la constitución.

Vista desde aquí, la gira internacional llevada a cabo por el autoproclamado "presidente interino" de Venezuela, Juan Guaidó y celebrada por los medios de comunicación europeos, aparece como una gigantesca pantomima virtual, una gran operación de "distracción masiva" para el uso y consumo de los poderes fuertes, y a expensas de los contribuyentes. Cubriéndose nuevamente con el ridículo, el presidente colombiano, Iván Duque, llegó al extremo de pedirle a Guaidó, que obviamente no tiene legitimidad constitucional, la extradición de la ex senadora colombiana Aida Merlano, buscada por tráfico de votos.

En su discurso ante el TSJ, Maduro anunció su captura e invitó a "todas las instituciones colombianas que deseen venir y recoger sus declaraciones", y agregó que "todos los periodistas que quieran entrevistarla también serán bienvenidos y a quienes se ofrecerán todas las garantías”: a diferencia de Colombia, que cada día registra el asesinato de una lideresa o de un líder popular, Venezuela respeta los derechos humanos, comenzando por los básicos.

Por esta razón, una campaña internacional en las redes sociales denunció el reclamo de la derecha de enviar una "comisión de derechos humanos" patrocinada por la OEA de Almagro a Venezuela, que el gobierno bolivariano envió al remitente. Durante todo el día del 2 de febrero, el Consejo nacional e internacional de la comunicación popular (CONAICOP) rechazó la maniobra con la etiqueta #OEATraidoraDeSuramerica.

"Nosotros, dijo Diosdado Cabello, tenemos un arma poderosa e invencible, el arma de la dignidad".