“Banadesa, es el banco de los descamisados, campesinos de tierra adentro; su única protección es la bandera nacional que izan en el centro del terreno recuperado para alimentarse”.

Gautama Fonseca

La llamada banca de desarrollo, aquella liderada por el Estado, que no se orienta por criterios mercantiles para otorgar créditos, ni tiene como objetivo fundamental el lucro de un grupo de personas, ya que su fin último es utilizar recursos ociosos como la tierra, aumentar la producción y consumo de alimentos y los ingresos monetarios de las familias campesinas, enfrenta de nuevo una dura prueba con la remisión por la presidencia de República del decreto ejecutivo al Congreso Nacional para la liquidación y cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

Este banco fue creado mediante decreto N 903 del 24 de marzo de 1980, pero estaba vigente desde el 16 de febrero de 1950 con la creación del Banco Nacional de Fomento (BANAFOM), orientado a canalizar recursos financieros a pequeños y medianos productos del agro nacional, en especial aquellos dedicados a la producción de granos básicos, hortalizas y legumbres, e incluso, productores de carne, quesos, mantequilla y leche.

La justificación es la situación financiera que enfrenta el banco, ya que, según la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), es crítica y no sostenible, por lo que la única solución es el cierre. El informe de la CNBS destaca que, de 6,000 millones de lempiras en activos, solo 53% tienen valor, arrojando una pérdida patrimonial de 3,100 millones de lempiras; además, una cartera en mora de 1,900 millones de lempiras, y opera con solo 30 millones de lempiras. Las condonaciones a grandes productores, políticos y campesinos superan los 401 millones de lempiras, recursos que, según esta comisión, estuvieran rendiendo un beneficio mayor a los 6,600 millones de lempiras.

La CNBS habla que no puede dar nombres de las personas beneficiadas con las condonaciones de la deuda con el banco, ya que los registros se perdieron y no se sabe quienes recibieron este beneficio, aun cuando los decretos de condonación han sido publicados en el diario oficial la Gaceta. Se sabe, según denuncias de directivos del Programa Nacional de Granos Básicas (PROGRANO) y diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que parte de los recursos sirvieron para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández (JOH) y miembros del Partido Nacional en 2013, ya que se cambiaron cheques a favor de dicho partido utilizando fondos de Banadesa. Esta era una línea de investigación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), cancelada por el gobierno/OEA, pero que la Fiscalía y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) deberían continuar.

Esta práctica corrupta se repitió en 2016 y 2017, donde 88 grandes productores y políticos recibieren de Bandesa 648 millones de lempiras, incluso violando las mismas reglas y decisión de las autoridades del Banco. Es decir, los beneficiarios no han sido pequeños productores y campesinos de la reforma agraria, sino que los grandes productores y políticos corruptos. En tal sentido, debería procederse contra estos grandes deudores, exigir el pago y rematar las garantías, ya que más de 11,800 pequeños productores y campesinos han sido perjudicados con esta práctica corrupta que en el gobierno de JOH se masificò. El cierre del banco esconde deudas y deudores, varios de los cuales son miembros del partido nacional y liberal.

A este factor causal de la crisis que enfrenta Banadesa, se suman dos (2) más. El primero es que el gobierno de la República, sobre todo JOH, apoyó la creación de Banrural en Honduras, tal como existe en Guatemala; de allí que otra línea de investigación de la MACCIH era documentar y demostrar que funcionarios del gobierno participaron como socios del mismo. Las denuncias de diputados de LIBRE es que la cartera buena de Banadesa fue trasladada a Banrrural, en especial los fondos del café, con lo cual se profundizó dicha crisis; así también, se procedió al cierre de la mayor parte de las agencias de banco frente al aumento de agencias de Banrural en todo el país. El gobierno argumenta que Banrural es un banco de desarrollo, pero el problema es que no presta a los “descamisados” que se encuentran en la central de riesgos y no son sujetos de crédito por dedicarse a la producción de granos basicos utilizando tecnología tradicional.

El segundo, es que las operaciones de Bandesa implican un alto costo para las finanzas del Estado, no solo por el subsidio a la tasa de interés, la orientación del crédito y el tipo de clientes (campesinos con pocas o ninguna garantía), tal como sucede con la ENEE en el caso de la deuda con las empresas de energía, por lo que se recomiende eliminar estas ineficiencias de mercado.

Todo parece indicar que el gobierno, con aval de la CNBS, presione a diputados del Congreso Nacional para que cierren Banadesa, y autorice el funcionamiento de una nueva institución denominada Agencia de Desarrollo Nacional (ADN), dependiente de Casa de Gobierno, aun cuando se necesite mayoría calificada para logar tal propósito. La presión se hará a aquellos diputados del lado oscuro del partido liberal y de los partidos “chingaste”, pero no se descarta igual una presión entre “bastidores” a diputados de LIBRE.

Otra opción frente al cierre por decreto legislativo, es realizar un auditoria internacional al Banco, con apoyo de agencias de cooperación externa, para conocer cómo está la situación financiera, quienes son los grandes deudores y a cuento asciende el monto de los activos reales, conformando un plan de ejecutoria de garantías. Esta opción es avalada por PROGRANO, Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria (FECORAH) y ciertos diputados de la oposición política en el Congreso de la República. A partir de allí, analizar la posibilidad de una recapitalización y ajuste en los reglamentos y políticas internas, para blindar el banco frente a las prácticas corruptas, focalizando sus intervenciones y servicios en los pequeños productores, cooperativas, empresas asociativas, grupos étnicos y MiPymes rurales.

Los productores y diputados de oposición no creen en el informe de la CNBS, ya que consideran que dicha comisión responde a los dictados de casa de gobierno; basta con entrar a su página oficial.

También los productores afiliados a Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) y diputados de la oposición, acuerpan la creación de un banco mixto con capital de los productores, y donde el gobierno solo tenga como máximo el 30% de las acciones; algo parecido a Banrural de Guatemala. El problema es que el sector campesino organizado y los productores minifundistas y empresas del sector informal rural, tienen pocos activos, por lo que las decisiones serán para los mayores aportantes, o sea medianos y grandes productores de leche, avícolas, cafetaleros y palmeros. Ello, además, no garantiza que, en caso de perdidas o carteras en mora, se usen recursos del propio Estado vía fideicomiso manejados por el Banco Nacional de la Producción y Vivienda (BANPROVI), y se vuelta a la espiral de morosidad, donde los solventes sean los grandes productores.

Desde la Academia, al menos desde la carrera de desarrollo local, la pregunta que surge es ¿Qué han hecho otros bancos de desarrollo en Latinoamérica para convertirse en la primera opción de servicios de crédito y asistencia técnica a favor de los pequeños productores? Honduras necesita contar con un banco de desarrollo que apoye a este tipo de productores, más allá de los argumentos neoliberales que es más rentable importar granos básicos y legumbres que producirlos internamente. Las asociaciones de productores y organizaciones campesinas se han manifestado en contra, peor necesitan juntar sus propuestas e identificar una salida a la crisis de Banadesa desde la lógica de reproducción de las economías campesinas, no desde la lógica del mercado.

Tegucigalpa, DC 4 de febrero de 2020