Existe una falsa dicotomía entre salud y economía, tal como interesadamente se la quiere visibilizar en estas horas. El argumento es que está bien el aislamiento, la cuarentena, pero que al mismo tiempo se destruye la economía por efecto de la recesión inducida, la que agrava un trayecto de arrastre de más de dos años. Son argumentos para condicionar la decisión de ampliación de la cuarentena, que, si observamos la breve historia del COVID19, resulta lo adecuado desde la política pública para evitar los contagios, lo que supone aplanar la curva de contagios de la población.

Les preocupa a los grandes empresarios y a sus intelectuales, profesionales, comunicadores o periodistas, la ausencia de ganancias durante la cuarentena. Se escudan en el argumento que no podrán pagar salarios e incluso, reconocen los millones que viven de la diaria, de un trabajo cotidiano informal, en muchos casos no inscriptos por la impunidad empresarial. Es cierto que el aislamiento afecta a buena parte de la economía, pero existen actividades esenciales que continúan su actividad, por caso la industria de la alimentación, de la medicina, o el servicio de traslado y distribución de las mismas y otras mercancías. La actividad productiva de alimentos o de medicamentos no está parada, ni tampoco la actividad de exportación de la producción primaria, que genera actividad en los puertos. ¿Incluso, y no menor, siendo esto así, porque aumentan los precios de los alimentos, cuando los precios están congelados al 6/3?

Hay presión del poder económico porque les preocupa la ganancia, sus ganancias, caso evidente con el grupo Techint despidiendo 1450 trabajadores. Un grande de la economía local y mundial que acumuló a costa del Estado. Ese acumular de cuantiosas ganancias le permitió una expansión más allá del territorio nacional para constituirse en un grupo transnacional con origen en el país, pero con actividad y especialización del primer nivel en varios países del sistema mundial. Si no puede aguantar el costo de esos salarios, la sociedad debe discutir cómo enfrentar estas acciones ante el incumplimiento de las disposiciones y sugerencias relativas a no despedir y a conservar empleo, entre ellos, créditos pre acordados sobre la nómina salarial.

En torno a la crisis del 2001 se generalizaron experiencias de “recuperación de empresas” y la autogestión por las trabajadoras y los trabajadores pasó a ser una respuesta de los afectados por la recesión y la crisis. Habrá que pensar, en la coyuntura, los cursos de acción a tomar desde la sociedad e incluso desde el Estado, para inducir una nueva institucionalidad en el orden económico.

¿Salud versus economía?

No se puede dividir el razonamiento entre salud y economía. Qué habría ocurrido si la inversión pública por años se hubiera orientado a consolidar y fortalecer integralmente la salud, a contramano de una lógica ideológica de retirada del Estado de la inversión, donde lo único que valía era la iniciativa privada, el estímulo a la inversión privada, incluso externa. En el mismo sentido y extendido a la situación de la economía mundial, imaginemos un mundo donde el gasto en salud (también en educación) fuera similar al gasto militar o a las inmensas remesas destinadas a cancelar deudas públicas externas, en muchos casos ilegitimas u odiosas, caso de la Argentina.

No sorprende la dinámica militar en sus desplazamientos por el mundo y lo que podría generarse si la previsión de los Estados estuviera puesta en la salud de la población. Si el eje fueran los derechos humanos, el mundo podría tener brigadas internacionales de solidaridad, tal como lo hace Cuba, que a propósito del coronavirus ofrece asistencia a 13 países que demandaron la efectiva participación sanitaria de la Isla. Qué curioso, los países hegemónicos del sistema mundial pueden desplazar contingentes militares y sus equipos con eficiencia, e incluso desarrollar tecnología de guerra que actúa sobre el planeta como si fuera un solo territorio. El despliegue de bases y tropas suponen un gasto enorme, que, aplicado a salud, más la cooperación internacional, aseguraría el combate a cualquier pandemia. La política nacionalista, de America First, impide la cooperación de los países que mejor resolvieron la situación, por caso China. La realidad es que Trump estigmatiza a su competidor global designando al coronavirus con la identificación de “virus chino”. La impotencia o la soberbia puede ser grave para un país que lidera el número de contagiados, superando los 143.000 afectados y sumando más de 2.500 fallecidos.

Los países que hoy constituyen el foco de contagio debieran promover la cooperación internacional y no la competencia entre ellos para ver quien resuelve la vacuna antes de tiempo. Es momento de cooperación y no de competencia. Es tiempo de aprender de quienes anticiparon propuestas que a ojo vista han resultado adecuadas. Mientras antes se resuelva la pandemia más rápido se recuperará la actividad económica, pero claro, ¿habrá que discutir si se pretende volver a una “normalidad” sustentada en la súper explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza? Es grave que hace pocos días se reuniera virtualmente el G20, para no resolver más que diplomáticas declaraciones. En el mismo sentido se pronuncia el FMI, que solicita tener en cuenta las necesidades de los países con sectores sociales vulnerables, al tiempo que aconseja el ajuste y las regresivas reestructuraciones de la economía. Resulta interesante el mensaje del presidente argentino al G20, pero desoído por la hegemonía del capitalismo global.

Argentina

Respecto de la Argentina se destaca el accionar preventivo en materia de salud e incluso diferentes medidas con el ojo puesto en sectores muy necesitados, y claro que eso no alcanza, pero es el rumbo que debe enfatizarse. El abastecimiento básico no está asegurado en los territorios de la pobreza y de la indigencia. Es más, los precios de la carne, frutas y verduras suben, ni hablar de otros bienes en circulación que hacen a la vida cotidiana. Estos bolsones de pobreza son consecuencia del orden capitalista, en Argentina y en el mundo, más aún con la lógica neoliberal impuesta desde el 1975/76 en adelante, con los matices defensivos en el periodo. La pobreza es un crimen, como el deterioro de la salud pública. Mercantilizar la salud fue un crimen y hay que revertir el proceso, centralizando en la gestión pública el derecho a la salud.

Por eso, es que insistimos que todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, en primer lugar, la salud, claro que también la educación e incluso otros, pero en la pandemia, la salud es el privilegio. No se debe destinar un solo peso o dólar a la cancelación de la deuda si previamente no se realiza una auditoria con participación popular y se define que parte es legal, legitima y en esa condición establecer el calendario de afectación de recursos, insistamos, con privilegio en la salud. Eso es: infraestructura hospitalaria, camas, respiradores, insumos, seguridad de las/os trabajadoras/es. Es común en estos tiempos la realización de asambleas de trabajadores reclamando medidas urgentes sobre equipamiento, ni hablar de salarios, de profesionales, enfermeras/os, camilleras/os, administrativas/os, etc. No alcanza con el aplauso colectivo, hace falta presupuesto y centralidad del Estado, en el país y en el mundo.

Salud es economía, y debemos constatar que existen millones que no pueden hacer cuarentena porque hay hacinamiento, ausencia de ingresos y por tanto deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Hay imposibilidad de asumir el aislamiento para millones de personas empobrecidas, esos que el INDEC cuenta por encima del 35% de la población en nuestro país. El mismo INDEC alude a casi 400.000 millones de activos de argentinos en el exterior, el 84% del sector privado, con una deuda de 330.000 millones de dólares. La repatriación de esos capitales o la aplicación de un impuesto de emergencia es una necesidad inmediata.

Está bien preocuparse por la economía, la inflación actual y la recesión, sí, pero no por el camino del lobby “gran empresario” y sus voces ampliadoras, inspirados en las diatribas de los Trump o los Bolsonaro. Hay que actuar rápido para sostener la economía popular, por lo que no debe haber despidos e incluso sustentar las paritarias virtualmente, como se promueve para las clases en el sector educativo. Los docentes deben adecuarse a las nuevas modalidades a distancia, bueno, los convenios colectivos de trabajo pueden discutirse también virtualmente.

No hay excusa, la economía importa e interesa y hay que pensar en el sector más empobrecido. Resulta imprescindible articular una política conjunta entre autoridades, movimientos populares, sindicales, territoriales, de jubilados, para estimular la autogestión entre trabajadoras/es y el Estado, incluso el sector cooperativo y las pequeñas y medianas empresas. En el eje de este comentario está asegurar la alimentación para el conjunto de la sociedad. En el país no debería haber hambre.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2020

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com