Carlota Salinas de la ONG Organización Femenina Popular acompañaba a víctimas del conflicto armado y socorría a poblaciones vulnerables ante el COVID-19.

El 24 de marzo pasado fue asesinada la lideresa feminista colombiana Carlota Salinas. Mientras en Argentina las residentes colombianas se sumaban a la campaña de los pañuelos blancos y militaban con los medios a mano por una perspectiva feminista de memoria histórica, en su país había sido baleada una de las máximas referencias del movimiento de mujeres de la Costa Caribe.

Durante diez años Carlota militó en la Organización Femenina Popular (OFP) por los derechos de las mujeres productoras, desempeñándose como coordinadora de las Mujeres del Valle del Río Cimitarra.

La OFP es una organización histórica de la Región Caribe colombiana. Ésta nació en la ciudad petrolera de Barrancabermeja en 1972 confluyendo con algunos sectores provenientes de la teología de la liberación, con los objetivos de eliminar la violencia patriarcal al interior de los hogares laburantes, principalmente de la industria del petróleo, y acompañar a las mujeres afectadas por los maltratos machistas, tanto aquellos referidos a la violencia física como a la económica.

Según la denuncia presentada por la OFP, Carlota fue acribillada a las afueras de su hogar en el municipio de San Pablo (provincia de Córdoba). Gloria Suárez, representante legal de la organización, comentó a la prensa que hasta el momento de su asesinato Carlota estuvo encargada de recolectar suministros para las familias más vulnerables del pueblo en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.

San Pablo es considerado por los organismos de Derechos Humanos uno de los municipios más afectados por la guerra y con mayor número de víctimas por el conflicto armado colombiano. Durante los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC (2012-2016) la presencia de dicho movimiento insurgente en el municipio se disipó. Sin embargo, en la zona se presenta un aumento de la presencia paramilitar de ultraderecha y el rearme constante de grupos ilegales que el gobierno se niega en reconocer como parte de los históricos aparatos represivos del paramilitarismo, en los cuales estarían involucrados altos mandos del ejército y referentes políticos como el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez.

En la actualidad los líderes y lideresas sociales viven bajo amenazas constantes, sobre todo quienes se organizan en función del reordenamiento comunitario de los recursos naturales. La maquinaria extractivista impulsada por los gobiernos uribistas deja a su paso millones de desplazamientos y asesinatos.

En el 2018 Francia Márquez, la máxima referenta medioambiental del país cafetero, reconocida internacionalmente con el premio Goldman Environmental Prize, sobrevivió a un atentado armado mientras se encontraba reunida con otras referentas de las organizaciones campesinas de su región. Según la militante, el país sufre las consecuencias del entronque entre el patriarcado, el capitalismo y el racismo. “El patriarcado junto al racismo y el capitalismo han sido las formas de opresión que han destruido nuestra casa y por eso nuestro planeta está en altos niveles de riesgo”, comentó tras el atentado.

La muerte de Carlota Salinas se suma a los 800 asesinatos de líderes y lideresas sociales después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Según un artículo del diario El Espectador, el aumento de agresiones hacia las mujeres militantes se habría elevado a una tasa cuatrimestral del 3% en el 2019. “En algunos departamentos como el Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vida tiene trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones es Cauca, con 22 para el período analizado”, apuntó el medio de comunicación.

Mientras la cuarentena sirve como telón para cubrir el accionar del terrorismo de Estado, el bloque de gobierno de ultraderecha, con el presidente Iván Duque y el senador Uribe a la cabeza, llama al pueblo colombiano a ser un espectador silencioso de este macabro escenario. El jefe de Estado se limita a pedir por todos los medios que la crisis humanitaria y sanitaria no sea abordada con “fines ideológicos”.

La respuesta del feminismo en Argentina es inclemente ante el entronque patriarcal, racista y capitalista. En postrimerías al 24 de marzo, día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, tanto locales como residentes colombianas piden justicia y reclaman al Estado colombiano que asuma la responsabilidad política de la crisis humanitaria y el avance del paramilitarismo.

Diana Carolina Alfonso

Militante de la Cátedra de Feminismos Populares y Latinoamericanos La Martina Chapanay

https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/31/asesinan-lideresa-feminista-colombia/