A propósito de la pandemia del coronavirus, con su secuela de aislamiento social, entre muchos de los efectos que ha producido, ha sido la revalorización del papel e importancia del campesinado como productor de alimentos, en la medida en que se ha puesto en evidencia el extraordinario rol que históricamente ha cumplido en el abastecimiento de alimentos para el consumo nacional.

El reconocimiento del rol protagónico del campesinado no sólo lo sitúa como un actor social relevante durante un largo trecho de nuestra historia, porque adelantó y continúa adelantando luchas sociales fundamentales. Desde los años 20s del siglo anterior abanderó la reivindicación de sus derechos de posesión y propiedad, a la siembra del café, por el valor justo del jornal. Luego será igualmente el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en la nueva violencia del conflicto armado en el que ha aportado el mayor número de personas victimizadas –desplazados y despojados de sus tierras y violados sus derechos humanos-

En la década de los 60s del siglo anterior, se vislumbró la posibilidad de la reforma agraria, que pudiera beneficiarlos al darles tierra, fundamental para su actividad productiva, pero esta expectativa se frustró de nuevo, aunque quedaron algunas experiencias organizativas como las empresas comunitarias y cooperativas. En la década siguiente, agrupados en la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) llevaron a cabo luchas por obtener tierras y reivindicar otros derechos. Al final de este decenio se desarrolló uno de los pocos programas, el DRI (Desarrollo Rural Integrado) que parcialmente apoyó a los campesinos medianos y pequeños para potenciar su capacidad productiva de alimentos, aunque la variable tierra no fue tocada. Esto evidenció que los pequeños y medianos campesinos, pese a poseer sólo un pequeño porcentaje de las tierras, producían la mayor cantidad de alimentos; los grandes propietarios se orientaron a la ganadería y a producir materias primas para la industria.

Los campesinos, siguieron luchando de diversas formas por sus derechos, en medio del conflicto armado que se intensificaba en el mundo rural; dentro de estas formas hay que destacar la organización de las ‘zonas de reserva campesina’, pero igualmente la conformación de diversas coordinadoras agrarias para defender sus derechos.

¿Y las políticas estatales? Desde el llamado Pacto de Chicoral a comienzos de los 70s, en el gobierno de Misael Pastrana, se orientaron prioritariamente a apoyar a los grandes propietarios de tierra, a los empresarios del sector agrario y al tiempo, los pequeños y medianos campesinos, productores de alimentos siempre fueron excluidos, marginados y perseguidos; fueron estigmatizados como simpatizantes de las distintas guerrillas. Pese a ese ambiente negativo, allí se han mantenido los campesinos produciendo en condiciones muy difíciles para ellos, con sistemas de comercialización que encarecen excesivamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, no es extraño que en la actual epidemia del coronavirus, tampoco haya un apoyo claro para los campesinos, en lo cual se equivocan las decisiones del gobierno, porque si hay algo estratégico para el período que dure la situación de aislamiento social y en el inmediatamente posterior, es contar con disponibilidad de abastecimiento de productos agropecuarios; las líneas y disponibilidades de crédito se han orientado a apoyar a los grandes productores; pero lo que se esperaría por parte del Estado es el diseño e implementación, no sólo de líneas de apoyo crediticio para los productores campesinos, sino los procedimientos, por ejemplo a través de mecanismos como el Banco Agrario, igualmente un sistema de comercialización de la producción campesina ágil y directo.

No podemos hacernos muchas ilusiones, aunque todavía están a tiempo de rectificar.