El gobierno de la República no tiene claridad de cómo gestionar la pandemia del Covid-19, mucho menos la recesión económica. A falta de un instrumento integrador de actores, acciones, decisiones, medidas de política y recursos, al estilo Matus, se evidencia la ausencia de un liderazgo capaz de sortear la tempestad y avanzar a puerto seguro. Se habla de la reapertura de la economía, pero el número de pacientes contagiados en las principales ciudades del país va en ascenso, con tendencia a aumentar más en los próximos meses. Incluso, esta reapertura va de la mano de un aumento del confinamiento, lo cual se considera una política errática y contradictoria, solo sugerida por Donald Trump, donde el lucro es primero.

Honduras reporta 1,461 personas contagiadas con 99 muertes; una letalidad de 6.7 %, la más alta de la región Centroamericana.  La incidencia en mayor en el departamento de Cortés, donde se localizan las empresas maquiladoras, con 77.4%, seguido de Francisco Morazán (Tegucigalpa) con 16.4% de casos, o sea que en ambos se concentra el 93.8% de casos. Aunque ello demuestra las pocas pruebas de detección del virus que ha realizado el país, lo cierto es que muchos de los pacientes mueren porque llegan a los hospitales cuando ya están muy avanzados, pero refleja también la podredumbre del sistema de salud, donde anualmente se han venido cercenado los recursos para asignarlos a seguridad, defensa e infraestructura.

El fortalecimiento del sector salud es un tema de agenda todavía pendiente. Ya no se trata de comprar hospitales móviles onerosos para las arcas del Estado que llegarán después que la fórmula, protocolo o medina catracha, un compuesto inventado por un médico hondureño en EEUU, está teniendo excelentes resultados para que los contagiados no sean entubados y mueran. Ni de comprar mascarillas y guantes sobrevaluados y de mala calidad. Ni de aumentar el número de pruebas PSR, que siempre serán menores a las que realiza El Salvador. Se trata de reconstruir el sistema de salud desde la base, es decir, desde las comunidades, municipios y regiones de salud.

Se ha denunciado por medios de comunicación que los centros de salud en los municipios del país, lucen abandonados y sin recursos para enfrentar la pandemia y avance del dengue y desnutrición; todos los “huevos” están puestos en la atención hospitalaria, sin evaluar que muchos pacientes pueden perfectamente ser atendidos por los centros de salud, y poder así descongestionar hospitales públicos y Seguro Social.  En tal sentido, hay un clamor para que se fortalezcan los centros de atención de base en salud, y descentralice los recursos y poder en la toma de decisiones, lo que es una cruzada difícil en la coyuntura actual de autoritarismo mediático.

El Departamento de Cortés “es uno de los departamentos más afectados por el dengue, y el año pasado esta enfermedad cobro alrededor de 180 vidas enlutando a igual número de familias hondureñas. (…) A la semana epidemiológica # 17 se reportan 11,665 casos de dengue, 10,596 casos de dengue sin signos y con signos de alarma y 1,069 de dengue grave”. (Salud.gob.hn, 4/5/202).

Un segundo tema de agenda pública, es el problema del hambre. Hay voces desde organizaciones de sociedad civil que el gobierno de la República con la Cúpula del Sector Privado aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha diseño un plan de reapertura de la economía para favorecer de entrada a las grandes empresas, mayormente maquiladoras, localizadas en la zona donde está el epicentro de la pandemia, caso del Departamento de Cortés. No sucede los mismo con las micro y pequeñas empresas-mayormente informales-, donde todo gira en torno a promesas de créditos futuros, cuando lo inmediato es tener ingresos para pagar a los trabajadores que, a lo sumo, les permita adquirir los alimentos básicos y darle de comer a sus familiares.

Un caso extremo, es el llamado sector informal de la economía, en especial los “cuentapropistas”, que esperan la apertura del comercio para poder vender sus productos, y una bonificación salarial para enfrentar la pandemia y el confinamiento. El Saco solidario es historia, y todavía muchas familias en extrema pobreza y afectadas por el Covid-19 se quedaron sin recibirlo. El Ministerio del Trabajo habla de una transferencia monetaria condicionada para los informales equivalente al valor del Saco, lo que es un paliativo, pero hay que trabajar en una estrategia de mayor alcance para beneficio a este sector, desde sus propias organizaciones de base y comunidades.

Ligado a lo anterior, destaca la producción alimentaria y el acceso de la población a los productos básicos (maíz, frijol, arroz,) en todo tiempo.  La mayor parte del maíz y arroz se importan desde fuera de la región, y en el caso del frijol, una gran cantidad del producto proviene de países vecinos como Nicaragua. El TL-RD-CAFTA, tal como sucedió con México, profundizó la dependencia de importaciones de alimentos que, en la mayoría de los casos, compiten con la producción nacional, teniendo los productores “gringos” subsidios por el Estado. 

Se habla de un plan para producir alimentos, pero se piensan que estos rubros son generados por medianos y grandes productores (incluyendo empresas transnacionales), pero no es así. La mayor parte de esta producción sigue siendo responsabilidad de las economías campesinas, caso de pequeñas unidades familiares de producción cuya mayor preocupación no es el lucro, sino garantizar la reproducción material de la familia. Estas economías han resentido los embates de políticas neoliberales de liberalización del comercio agrícola y privatización de los servicios de transferencia de tecnología, capacitación y entrega de insumos. Los recursos de crédito son limitados y llegan en forma esporádica, por lo que se duda que la actual política del gobierno de fondos de garantía para el agro cambie esta realidad. A ello se suma el extractivismo y represión al movimiento campesino, arrinconado en oficinas públicas, cuyos dirigentes y organizaciones subsisten viviendo de las dádivas del gobierno.

El cambio climático sigue afectado el agro hondureño. El régimen de lluvias no va de acuerdo a lo esperado, y muchos productores tienen que vender sus parcelas y migrar. Honduras es de los países que más tierra aporta cada año al “corredor seco”, es decir aquella región que se caracteriza por que sus familias encuentran en una situación de pobreza extrema y riesgo creciente de inseguridad alimentaria y muerte, sin posibilidades de producción, acumulación y acceso efectivo a activos productivos, recursos económicos y fuentes de agua. A inicios de 2019 se hablaba de 275 mil familias en riesgo severo de inseguridad alimentaria, hoy se habla de 350,000 familias y en aumento, localizadas en los municipios del corredor seco de Honduras.

Unas 40,000 has. de tierra de bosque se han quemado en todo el país, y no existe una política deliberada del Estado para el sector forestal y combatir los incendios desde las comunidades y municipios.  El gobierno le apuesta a las FFAA, y parte de los recursos financieros para combatir incendios son captadas por dicha institución, mientras los presupuestos de las alcaldías son raquíticos, por no decir inexistentes. Ese centralismo institucional está afectado la participación de actores locales en la protección y uso racional de los recursos naturales.

El pronóstico del Banco Mundial es que el crecimiento de PIB de Honduras caerá en -2.3 % (-2.4% según el FMI) en 2020, pero la fuerte caída de las remesas en más de un 30%, exportaciones y los ingresos por turismo en 20%, hace prever que la contracción económica mínima será de -4%.  En teoría, el cierre de la brecha interna de gasto, se hace con aumento de impuestos, reducción de gasto público (corriente y de inversión) y endeudamiento. La brecha externa se cierra con más exportaciones, devaluación monetaria, más inversión extranjera y acumulación de reservas. Después del Golpe de Estado (junio de 2009), la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), se aplicó sin condiciones, y los logros fueron aplaudidos por dicha institución. El problema es que, con el Covid-19, esta receta no funciona. La “solución” probable es más deuda, ya que Honduras, según los funcionarios públicos, tiene todavía espacio fiscal para alcanzar una relación deuda/PIB de 60%, lo cual se duda.

El problema es que después de la pandemia, el espacio fiscal para pagar ese mayor endeudamiento se reduce, no solo por el tiempo que lleva la reactivación económica y aumento de las exportaciones, sino por lo difícil que será la recaudación de tributos. Además de ello, habrá gastos rígidos que el gobierno no puede volver a renunciar como ser el presupuesto de salud incrementado por la pandemia que deberá mantenerse, Igual el 6% de la transferencia constitucional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que algunos funcionarios de gobierno y miembros del Consejo Universitario quieren cercenar para justificar despidos masivos de docentes.

El otro problema es la corrupción y la impunidad. Siguen las denuncias de actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero la Fiscalía del Ministerio Público no procede a interpelar y acusar a los funcionarios corruptos identificados, que serán protegidos una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal el 10 de mayo de 2020, con lo cual robar en Honduras se puede institucionalizar como política de Estado y de partido.   

Hay denuncias que la fecha de las elecciones internas previstas para el próximo año se postergue por el Covid-19 y la recesión económica, igual las elecciones generales, lo que puede facilitar la continuidad en el poder del presidente Hernández.  Aunque se ha negado, líderes de la opinión política y del propio partido nacional, se pronuncian en contra de suspender las elecciones internas, aun cuando todavía no existe un censo electoral depurado ni una nueva tarjeta identidad.

Son varias pandemias que, si logran conjuntarse y explotar a la vez, la explosión social será de gran magnitud y la crisis superará a la pandemia del Covid-19 sumado a la recesión económica. De nuevo, urge un Gran Pacto Político-Social, más que mesas de trabajo que diluyen las decisiones entre instituciones y funcionarios públicos   y no integran los aportes de otros actores económicos, políticos y sociales. El presidente JOH ha manifestado públicamente que no se postulará para un nuevo periodo electoral, pero la oposición duda, más aún cuando J.J. Rendon, el destacado asesor político venezolano, apareció de nuevo con sus recetas mágicas que endulzan los oídos del gobernante y allegados.

Tatumbla, Honduras, 7 de mayo de 2020