Muchas muestras de insensibilidad nos ha dado el segmento social que atesora el 90% de la riqueza nacional y que tiene en sus manos desde siempre los resortes del poder en nuestro país. La crisis sanitaria que hoy abate a la república, ha servido para poner en evidencia ese rasgo que algunos no percibieron nunca, y otros ocultaron con disimulo para no enfrentar la vida, ni llamar a las cosas por su nombre.

El tema del impuesto solidario a los más altos ingresos fue el primer campanazo. Anunciado con escepticismo por el Presidente del Consejo de Ministros, fue recibido en frío por los medios de comunicación al servicio de la clase dominante. Inmediatamente después, se inició una campaña por viciarlo.

Primero fueron las declaraciones del Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva, el señor Velarde, quien consideró errada la propuesta, y, además, impracticable. Dijo, aleatoriamente, que era un planteamiento populista.

Populistas se han considerado todas las iniciativas orientadas a ayudar a la población más necesitada: conceder un bono para las gentes con menores ingresos, o sin ellos; combatir la especulación con los artículos de primera necesidad; controlar los precios; exigir pagos tributarios a las empresas; poner resistencia a los despidos de trabajadores.

Todo, ha sido considerado “populista”, y, por lo tanto, rechazado como si fuera palabra del infierno.

La campaña contra ese impuesto y la presión ejercida por la CONFIEP -que asume el papel de fiero lebrel en custodia de bienes de los más privilegiados- ha bloqueado hasta hoy ese impuesto, que podría quedar en nada.

Pero luego vinieron otras expresiones del mismo signo. Bajo el pretexto de “salvar la economía”, los grandes empresarios exigieron “apoyo del Estado”, ese mismo Estado al que denigran siempre, y consideran subsidiario y ornamental; ese Estado que de pronto se convirtió en la ubre más deseada por el gran capital.

A él, le exigieron un “programa reactivador”, apoyo para el pago de las planillas de sus trabajadores, facilidades tributarias y hasta créditos para la inversión. Pidieron, incluso, un “trato especial” para el sector minero, y les fue otorgado, razón por la que hoy hay medio millar de trabajadores mineros infectados por el COVID-19.

Adicionalmente, exigieron al Estado un aporte financiero avaluado en 31 mil millones de soles, y el derecho a despedir trabajadores de manera   “perfecta”, haciendo uso de un recurso ideado en los años de Fujimori por quien fuera entonces su ministro, el economista Jorge Gonzales Izquierdo

El gobierno aceptó una a una, todas esas exigencias.  Incluso, la facultad para rescindir contratos a sus trabajadores, con la condición de que fuera “el recurso extremo”. Extremo, o no, en pocos días se presentaron más de cincuenta mil solicitudes para el acogimiento a la norma. Los empresarios no estaban dispuestos a “perjudicar sus ingresos” por ningún concepto.

Y ahora, cuando de lo que se trata es de reanudar la actividad económica y el gobierno quiere hacerlo disponiendo elementales medidas de seguridad y protección para los trabajadores, la presidenta de CONFIEP rechaza los protocolos planteados arguyendo que son “excesivos”, propios de Europa.

Es curioso, ellos que plantearon tanto la necesidad de “ajustar la economía” para “promover el desarrollo” y convertirnos en un país “del primer mundo”, ahora recuerdan que somos apenas un país del tercer mundo en el que no es posible despilfarrar dinero protegiendo a los trabajadores. Hasta Angela Merkel les ha dicho “tacaños”.

Eso mismo ocurre en el plano sectorial. En el área de la educación, donde han hecho los negocios más lucrativos, se niegan a bajar el monto de las pensiones escolares para situarlas al nivel del servicio que prestan a través de la educación virtual.

Y exigen que el Estado pague la diferencia, para que los montos no recaigan sobre los padres de familia, y no se afecten tampoco los ingresos de los colegios privados. Algo así está ocurriendo en el sistema universitario.

Y en la salud la cosa es simplemente desopilante. Hacer un hisopado para constatar la existencia del virus en el organismo, que es gratuita desde la rama del Estado, cuesta entre 150 y 500 dólares en una clínica privada. Y un tratamiento de la enfermedad se sitúa alrededor de los 30 mil dólares ¿Pueden los ciudadanos peruanos de ingresos bajos y aún medios financiar un servicio de salud con esos montos?

Es claro que hay que reactivar la industria.

La construcción, por ejemplo, pero con elementales medidas sanitarias y de seguridad. No se puede permitir que los trabajadores sigan cayendo de los andamios, que no tengan implementos de seguridad, que sufran accidentes cotidianos. Centenares de casos de este tipo se producen en el Perú cada año.

Y en la industria manufacturera, también los trabajadores tienen requerimientos puntuales, pero cuando se pide que una empresa con menos de 20 trabajadores tenga un enfermero que vele por ellos, y otra de 100 un médico; la CONFIEP se horroriza y dice que eso “cuesta mucho”.

Insensibilidad manifiesta, sin duda. Y mezquindad extrema, por cierto .