Si nos dejamos llevar por el periodismo platense, regional y masivo, vamos a introducirnos en una materia estratoférica o galáctica. Sin embargo, trata de usted lector, de mí, de nuestra sociedad, de Occidente...

Desde 2015, cuando ingresó a la Corte Penal Internacional un legajo que acusaba al Estado a Israel de crímenes de guerra contra la población palestina, pasaron casi 5 años, y los jueces de la corte, que cuenta con Fatou Bensouda, una eminencia judicial que ejerce como fiscal de la corte y ha sido considerada entre los cien seres humanos más importantes de nuestro presente, no terminaban su dictamen.

Algunos “signos” preocupaban a EE.UU. e Israel. Que, por ejemplo, se analizara la mera posibilidad de crímenes a sangre fría, como los acontecidos durante las  “Marchas por la tierra” que palestinos llevan a cabo desde el 30 de marzo de 2018, sin armas, sin siquiera piedras, y que los israelíes decidieron disolver con violencia y francotiradores que han arrojado la friolera de cientos de muertos, muchos niños entre ellos, y decenas de miles de heridos, sobre todo tullidos, por la política de balear tobillos.[1] Pero en la medida que los informes y análisis de la CPI durante todos estos años se dedicaban a contrapuntear, por ejemplo, los muertos provocados por ataques mediante bombardeos y artillería de tanques israelíes y los generados por las escuálidas incursiones de algunas organizaciones palestinas como Hamas o Yihad, o pasar revista a los mismos palestinos reprimidos por la ANP,[2] el “desarrollo de los acontecimientos” no alarmaba demasiado al eje Israel-EE.-UU.-R.U.

Pese a que la disparidad del poder de fuego, por ejemplo, o el mero cotejo de víctimas da una aplastante superioridad militar, sanitaria, de infraestructura para Israel en relación con el dañado, asediado, estrangulado, fragmentado, pueblo palestino y pese a que se trata de forcejeos de población ocupada contra ejército ocupante, la CPI ha encarado algunos de sus análisis como lucha entre dos adversarios, contendientes, tácitamente equiparables.

Han llegado incluso a sopesar la suficiencia del sistema jurídico israelí para corregir los posibles excesos de sus militares, algo con lo que no se cuenta del lado palestino.

Eran prolegómenos preocupantes, señalados en un excelente análisis por Maureen Clare Murphy[3] que parecieron culminar cuando ya muy a fines de 2019, la CPI decidió no abrir una investigación sobre al asesinato de tripulantes turcos de una nave que viajaba con vituallas hacia la Franja de Gaza en 2010 y fue violentamente abordada.[4]

Pero finalmente, en enero del corriente año, Fatou Bensouda emitió un dictamen que en sus tramos decisivos reza: “Creo firmemente que hay fundamento razonable para proceder con una investigación en Palestina, de acuerdo con el artículo 53(1) del Estatuto. En resumen, creo sin duda que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en la Margen Occidental, incluyendo Jerusalén y la Franja de Gaza [...] y por último no hay razones de peso para creer que una investigación como la propuesta no vaya a servir los intereses de la justicia.” [5]

Tras cinco años de espera, aguante, dudas, equilibrios imposibles, la Corte Penal Internacional toma en su jurisdicción las atrocidades cometidas contra los palestinos por los gobiernos de Israel y EE.UU.

Y aunque ni nos hayamos enterado, los gobiernos de EE.UU. e Israel han estallado en improperios contra semejante desenlace.

Cuando la situación era inminente, a fines de 2019, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, declaró a través de un comunicado oficial: "Nos oponemos firmemente a ésta y cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente".[6]

Palabra de más. Porque EE.UU., debido a su total dependencia de Israel, se va a oponer a cualquier acción contra Israel, sea ella justa o injusta.

“Naturalmente”, también Israel rechaza dicha investigación.

La posición israelí es la característica de los regímenes totalitarios, que, a diferencia de los regímenes con derecho liberal, en que se presume a toda persona inocente salvo que se demuestre lo contrario, parten de la base opuesta; todos son culpables o pasibles de cargos  (salvo que pudiera demostrarse lo contrario).

Nos “explica” Avigdor Lieberman perteneciente a la cúpula israelí: en Gaza "no hay gente inocente" y "todo el mundo está afiliado a Hamás".[7] Con tales “fundamentos”, los soldados israelíes tienen licencia para matar a cualquier palestino (en realidad a todos, pero cuesta).

Respecto del juego que se hace en la cancha grande, hay un detalle: ni EE.UU. ni Israel constituyen la CPI. Por eso, en enero último, Alemania −desde 1945 tan servicial a los planteos de organizaciones judías para borrar todo lo que pueda entenderse como antisemita− se presenta como amicus curiae de Israel, para plantear en la corte una impugnación contra su derecho a discutir si había crímenes de guerra en los “Territorios Ocupados”, designación que, pese a todo, proviene históricamente de la ONU.

El planteo alemán era, curiosa y penosamente, una invocación a la impunidad. La CPI lo ha desechado.

Y henos aquí, en pleno 2020, con una investigación en marcha para conocer el porqué de tantos muertos palestinos por realizar acciones no violentas: defendiendo su hogar a punto de ser desalojado o derribado, reclamando la tierra robada, sin armas ni piedras, con solo banderas, y tantas otras muertes abusivas por el estilo.

Así ve el The Times of Israel la situación: “La alharaca [sic] de la CPI puede liquidarse en pocos meses con la decisión de la Corte de que no tienen jurisdicción para negociar el conflicto palestino-israelí y simplemente cierran el caso.

No es ninguna sorpresa que los palestinos hayan aplaudido la decisión de la fiscal Fatou Bensouda como si fuera el principio del fin de la impunidad israelí, en tanto el gobierno israelí la denunció como ultrajante, absurda e ilegal de acuerdo con la ley internacional. Netanyahu fue tan lejos como para calificarla de ‘antisemitismo puro’.” [8]

Tengo para mí que la fiscal Fatou Bensouda, gambiana, tomó todos los recaudos imaginables, y algunos más, para decidirse a plantear una demanda contra el omnipresente Estado de Israel. Si mi hipótesis es correcta, el insulto de Netanyahu no hace sino refrendar su precaución.

Ante este revés institucional, en nuestras tierras platenses con gobiernos recién estrenados, tenemos actos que uno no puede dejar de asociar con el traspié en la CPI.

En diciembre 2019 un experto italiano, Emanuele Ottolenghi, italiano residente en EE.UU., integrante de la Fundación para la Defensa de la Democracia, viajó a Argentina para advertir al flamante presidente Alberto Fernández que mantuviera ‘la excelente decisión’ de Mauricio Macri,   que, a mediados del año anterior, antes de terminar su período presidencial, aceptó la sugerencia de ‘ampliar el registro de organizaciones terroristas e incluir entre ellas, a Hezbollah’.

Con la visita de Ottolenghi, el gobierno israelí y sus redes internacionales le recordaron al nuevo presidente argentino la conveniencia de seguir manteniendo en lista de terroristas a Hezbollah.

Porque, además, en filas del nuevo gobierno, peronista, apareció “lo habitual” de “el hecho maldito del país burgués”: la especialista en seguridad, funcionaria en esa área con Alberto Fernández, Sabina Frederic, en declaraciones al diario Ámbito Financiero sostuvo que la creación del registro en el que figura Hezbollah es “una imposición de los EE.UU.” y que el terrorismo “es un problema de la OTAN, no nuestro”.

¡Para qué!

Las agencias diplomáticas israelí y estadounidense, a través de sus voceros mediáticos enaltecieron la importancia de seguir los lineamientos que ya se habían obtenido con Macri.[9] Y el canciller Felipe Solá se apresuró a asegurarle al gobierno israelí que no hay intención de borrar del registro de terroristas al Hezbollah, así tipificado por Macri y sus mandantes. Las cosas “a su sitio” con sincronismo, antes del viaje presidencial a Israel, casi inmediato luego de asumir.[10]

Del lado uruguayo las cosas son más penosas, si cabe.

En los tanteos habituales, de lobby, que los dirigentes de la colectividad israelita del Uruguay suelen hacer al gobierno, a fines de enero se mencionó a Hezbollah y se dijo “situación incambiada”, sin planes para hacer una mudanza de embajada a Jerusalén como es la línea actual del gobierno israelí en su plan de despojo a palestinos. El entonces inminente presidente Lacalle Pou dijo respecto de Hezbollah que el gobierno sigue una lista de la ONU y que, en consecuencia, Uruguay no declararía a Hezbollah organización terrorista. “Pero no lo descartó completamente”.

Hezbollah ha sido declarada organización terrorista por la Unìón Europea, y, claro, por EE.UU. e Israel. Con lo cual resulta casi anómalo que no esté así caracterizado por la ONU. Pero, así las cosas en enero 2020.

Hay que recordar, además, que Uruguay en mayo 2018, en plena cosecha de muerte en la Franja de Gaza del ejército increíblemente llamado de Defensa, de Israel, con gobierno entonces frenteamplista, objetó “la falta de proporcionalidad” israelí ante la protesta palestina. En buen romance, quiere decir que ya ni siquiera piedras, sino gritos son “respondidos” y ahogados en sangre. Directamente.[11]

Pero ahora estamos en 2020 con la Coalición Multicolor. Y el presidente Lacalle Pou participa de una videoconferencia con AJC, Comité Judío Americano y donde “americano” no se refiere a las 3 Américas ni a la América del Sur, ni siquiera a la del Norte, sino pura y exclusivamente a EE.UU.

Luego de la conversación/planteo/consulta/reconvención, vaya uno a saber, el presidente reconoció, literalmente: “Estoy en proceso de cambiar mi opinión”. Y el Semanario Hebreo, de Montevideo lo cita textualmente, así como El País.[12]

No sólo sincera así el lugar preciso de sus callos, sino que desnuda su actitud: “Espero cambiar de opinión […] Hace10 meses dije que no, pero espero cambiar mi opinión.” Una declaración filosóficamente insostenible. Que me hace acordar a los “propósitos de enmienda” de los pecadores. Si defendía lo que defendía porque era ética, políticamente sostenible, por qué cambiar? Y si está ansiando cambiar, ¿acaso defendía lo que defendía sin rigor, sin celo por lo verdadero?

Tal vez me esté vedado comprender esos meandros del alma. Otro ejemplo:

La dirigente de AJC Dina Siegel Vann abordó al presidente Lacalle Pou refiriéndose a la reciente adopción por parte de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA[13] y preguntó qué había motivado a Uruguay para dar ese paso. “Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones, respondió el Presidente”.[14]

Derechos humanos, sin embargo, no son lo que cualquier organización por razones políticas o de poder define como derechos humanos. Pero así estamos hoy: Israel acusa de terrorismo palestino a unos globos incendiarios que los bloqueados, hambreados, gaseados, baleados palestinos arrojan cada tanto sobre territorio ocupado por Israel. Seguramente llevan fuego; sí. Pero mientras se cuentan por miles los palestinos matados, por decenas de miles los heridos con secuelas programadas por los militares israelíes; decenas los pescadores baleados y asesinados, botes requisados para asfixiar la pesca tradicional palestina; centenares de viviendas derribadas con la política de desalojo y expulsión permanente; deshaciendo las instalaciones de todos tipo; de bombeo de agua, de hospitales, escuelas, estrangulando el suministro eléctrico, provisiones… la destrucción y asfixia sistemática israelí no merece siquiera una mención. Mediáticamente, cero.

Los “revoltosos” palestinos tiran un manojo de globos, de ésos que se usan en cumpleaños infantiles, con un trapo incendiado, y ahí sí, gran alharaca…

Los israelíes tienen todo un cuerpo jurídico, militar, mediático, para reprimir a lo palestino. Pero no sienten el menor disgusto interior, asco moral, por tratar como tratan a la población originaria de Palestina, que son −ironía de la historia– los descendientes de la Judea histórica, como bien lo sabían sionistas de la primera hora, como el mismísimo David Ben Gurion.

- Luis E. Sabini Fernández es docente del área de Ecología y DD.HH. de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, periodista y editor de Futuros.  http://revistafuturos.noblogs.org/