Rostros diversos encarnan el mismo común denominador que viven millares de colombianos:  la disyuntiva de morirse de hambre o contaminarse con el Covid-19. Inevitable. Una realidad que no se puede ocultar.

Una veintena de niños y adolescentes del Medio Baudó, en el Chocó, camina por espacio de una hora por una empinada montaña—salpicada de barro-- hasta el punto más alto para captar la señal de internet. Se turnan un teléfono móvil y un computador. ¡No quieren dejarse arrastrar por las circunstancias y dejarse enredar por la falta de conocimientos!

En Bogotá, Néstor es un sexagenario que vende dulces en una caja de madera. Sin embargo, la fuerza pública le recrimina estar en la calle y lo ayuda a “entrar en razón”. ¿De qué manera? Golpeándolo y llevándolo esposado a la estación de policía más próxima. Las personas alrededor gritaron con rabia e impotencia ante tremenda injusticia.

En el Pacífico una negra grande y de voz ronca y penetrante, rompe en llanto: “¿Qué puedo hacer sino estar en la calle si no tengo trabajo?”. Su gesto desesperado fue captado por un curioso desde el teléfono móvil e hizo viral el vídeo. Una radiografía de lo que están viviendo muchos colombianos.

La situación que vive el país tiene rostros. Son la infinidad de imágenes de hombres, mujeres, adolescentes y niños que están viviendo las secuelas de la pandemia en todas las áreas: la salud, el estado anímico, las consecuencias derivadas del confinamiento y, por supuesto, la desnutrición.

“El hambre nos está matando”, le dijo Jonathan Rodríguez, trabajador informal a uno de los noticiarios de televisión adeptos al gobierno nacional y que, ante lo contundente de la declaración delante de varios testigos, no pudo censurarla. La grabación se hizo en el Distrito de Aguablanca, en Cali, que concentra más del 60% de la población de la ciudad y que, no se puede ocultar, constituye el mayor segmento de quienes viven del rebusque.

Quedó claro que el país, sometido por una larga historia de politiquería, no estaba preparado para esta contingencia y que el reducido grupo que concentra el poder y la economía, quiere que sea la base la que pague los costos. En pocas palabras, compartir las pérdidas, pero, cuando hay períodos de “vacas gordas” no socializan los beneficios económicos. La ley del embudo.

Crecimiento del desempleo

Los índices de desempleo se multiplicaron con motivo de la pandemia. Las centrales obreras coinciden en un punto: rebasa el 20% y su alcance es indeterminado y no se circunscribe al 19.8% del que habla el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

En las principales ciudades, la desocupación está por encima del 23%, es decir, se aumentó en menos de dos meses. Probó que la base de la economía la compone Juan Pueblo, y fue a Juan Pueblo al que extorsionaron a comienzos del 2020 cuando el ajuste salarial del 6% quedó desmoronado ante la escalada alcista.

Un caso emblemático de las acciones desmedidas, tiene su representación en el despido de 20 médicos del Hospital San Vicente, de Medellín.  Como reza el dicho latinoamericano: “En la que estamos Pedro, y tú cortando orejas”. En otras palabras, lo que más se requiere es personal de salud, pero ni siquiera con ellos hay consideración pese a la contingencia.

Una modalidad que se ha generalizado, es la suspensión de contratos de trabajo. Quienes padecen ese drama, se encuentran en el limbo. No están trabajando, pero se encuentran amarrados con la promesa de: “Apenas pase esta situación, vuelven a sus puestos.” Entre tanto a endeudarse o aguantar hambre, porque no hay ahorro que aguante.

Golpear a la clase trabajadora

A lo anterior se sumó la propuesta del Consejo Gremial de Colombia de introducir cambios en el sistema laboral, el detrimento de la clase trabajadora. Entre la “genialidad” de sus iniciativas, se encontraba la reducción de salarios de manera concertada, pagar la prima semestral de forma diferida o aplazar su cancelación, suspender el reconocimiento por horas extras o trabajo nocturno para mencionar solo algunos de los puntos que afloraron en las mentes de los empresarios que han salido al paso para defender sus intereses.

La exministra del Trabajo y hoy diputada del Valle del Cauca, Griselda Yaneth Restrepo, cuestionó tales planteamientos aduciendo que “van en contravía de empleados y trabajadores”. Con esta posición coincidió Francisco Maltés Tello, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores tras advertir que va en contra de la Constitución Nacional y de los Convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo.

Se disparó el carrusel de la corrupción

En medio de la crisis, Colombia mostró la cara oculta de una realidad que ha estado latente por años, a todas luces reprochable: politiqueros y gobernantes aprovecharon la ocasión para aceitar y hacer girar con celeridad el carrusel de la corrupción. La situación es grave y quedó consignado en un informe de la Procuraduría General de la Nación.

Este mes la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones y 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías ya que realizaron contratos irregulares con motivo de la emergencia sanitaria por covid-19.

En el caso del Valle del Cauca, se investiga a la gobernadora, Clara Luz Roldán González, y a la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la covid-19. La investigación busca establecer presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato, que fue adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta.

En un segundo proceso se investiga al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca de la gobernación de Valle, Andrés Murillo, por presuntas irregularidades en el contrato de compraventa Nro. 1.340-59.9-3340, suscrito el 31 de marzo de 2020 con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Valle.

El órgano de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la ejecución del negocio jurídico y la metodología empleada por la secretaría para proveer ayudas alimentarias a la población vulnerable del departamento, afectada por emergencia generada por el covid-19.

La ex ministra del Trabajo y diputada vallecaucana. Griselda Yaneth Restrepo, pidió a los entes de control celeridad en las investigaciones, al tiempo que dijo, no se justifica que se presenten este tipo de situaciones en momentos en que se concita solidaridad.

Presiones del sector económico por la reapertura

Mientras que en varios países que han venido sobreponiéndose a la pandemia, la reapertura se produjo doce semanas después de declarar la cuarentena, en Colombia las compuertas se abrieron a las ocho semanas como consecuencia de la fuerte presión que ha ejercido el sector económico.

Dos ciudades están pagando las consecuencias: Cali y Bogotá. Lo complejo del asunto es que se produjo un rebrote de la enfermedad y las señales de alerta se encendieron porque las Unidas de Cuidados Intensivos tienen alta ocupación.

Lo que vive hoy Colombia es una encrucijada. La clase trabajadora, que es la inmensa mayoría: se encuentra en la disyuntiva de salir a trabajar para comprar alimentos, o exponerse al contagio del covid-19. ¿Qué decisión tomar?

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com

@misnotasdeldia