El Senador Gustavo Petro como líder de la Colombia Humana y de casi 9 millones de colombianos ha hecho un llamado a la desobediencia civil para desconocer el gobierno del señor Iván Duque, quien, de acuerdo a recientes denuncias vinculadas con la denominada “Ñeñepolitica”, fue elegido mediante el inveterado sistema de la compra de votos en la segunda vuelta de la elección presidencial con dineros aportados a manos llenas por las mafias del narcotráfico de Marquitos Figueroa y del cartel de los Gonzales, a través del Ñeñe Hernández (mafia parapolítica y ganadera), en los departamentos del Cesar, la Guajira, Magdalena, Santander y Antioquia.

Las prácticas electorales fraudulentas son algo crónico y estructural en la política colombiana en los años recientes, continuando una vieja tradición de la derecha colombiana; el uribismo ha hecho uso sistemático de tales procedimientos en todos los niveles y ámbitos del sistema electoral. La parapolítica es un caso emblemático de lo que afirmamos acá, misma que continúa arraigada en los principales focos de la movilización de la ultraderecha violenta y corrupta.

Con plata, sobornos, pistola, violencia y miedo el fascismo uribista, de larguísimo anclaje en los sistemas de dominación política, ha entronizado su hegemonía macabra.

En la elección de Iván Duque, todo ese mecanismo se sofistico para impedir el triunfo inminente de Gustavo Petro como candidato popular y exponente de la paz con justicia social.

Como quiera que el apoyo multitudinario de Petro se origina en una profunda inconformidad nacional contra la estructura oligárquica de dominación que favorece los privilegios de una arbitraria plutocracia bancaria, militar, legislativa, mafiosa, global y hacendaria, el líder de la Colombia Humana ha propugnado por el quiebre de tal sistema de prevalencia autoritaria mediante la más activa movilización de la sociedad civil como ocurrió el pasado 21 de noviembre del 2019, en que millones de colombianos, en una acción descomunal sin precedentes en la historia política colombiana, se expresaron de manera multitudinaria en favor de un cambio radical que anule el modelo neoliberal entronizado desde hace casi treinta años como un esquema económico y político que ha significado pobreza, miseria y exclusión de millones de personas.

Al tiempo, el levantamiento ciudadano de tal explosión popular apuntó a exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, sometidos al sabotaje del actual gobierno, y a demandar la suspensión del exterminio de cientos de líderes sociales y de reincorporados de las Farc, que caen ante la indiferencia y hasta celebración en las esferas oficiales y militares que justifican tal genocidio con sofismas repugnantes cuando se sugieren que se matan entre ellos.

De otro lado, el absurdo manejo de la crisis sanitaria, social y económica por la irrupción en nuestra sociedad desde el mes de febrero del coronavirus, ha confirmado con creces el alto grado de ilegitimidad e incompetencia del actual régimen. Se decretaron dos Emergencias constitucionales, se han expedido cientos de decretos y resoluciones y las cosas empeoran todos los días, a lo que se debe sumar el daño hecho al mecanismo democrático del control político desde el poder legislativo, cercenado brutalmente por el estado de excepción utilizado sin contrapesos.

Las propuestas e iniciativas planteadas por Petro y el bloque de la Oposición para abordar la actual crisis, son desconocidas de manera absurda en las esferas gubernamentales y del oficialismo uribista cada vez más envalentonado con su autoritario control de la institucionalidad establecida en la Constitución de 1991.

Queda claro que el país requiere un cambio radical, una acción política extraordinaria en el ámbito político que Petro está nombrando desobediencia civil la misma que John Rawls define como “acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”.

En ese sentido, el Senador de la Colombia humana ha propuesto desobedecer la orden de enviar a clases presenciales a millones de estudiantes que se pondrían en riesgo sanitario en las concentraciones escolares, especialmente públicas; y no pagar los recibos de los servicios públicos dado el colapso social de millones de colombianos por el desempleo rampante y la carencia de un mínimo de seguridad alimentaria.

Sugiero que tal desobediencia se extienda al rechazo de alcaldes y gobernadores corruptos (como los del Quindío, Armenia y Calarca), autores de un descarado robo de los dineros públicos apropiados para atender la emergencia, mediante la contratación fraudulenta.

También debe darse la desobediencia para reflejar la indignación ciudadana con la degradación moral de las Fuerzas Armadas en la que muchas de sus integrantes han sido señalados de la más repugnante violación de menores indígenas, de actos de corrupción que compromete a altos oficiales y de acciones de persecución con procesos de “perfilamiento” ilegal de periodistas y líderes sociales que posteriormente son asesinados.

Es viable y necesaria la iniciativa de adelantar la desobediencia civil contra el caos en que estamos.