9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Podríamos pensar que es un día más de esos que las Naciones Unidas han ido tratando de implantar a lo largo del año y que contienen una diversidad, a veces un tanto fantasmagórica, de celebraciones variadas.

Sin embargo, los pueblos indígenas no son fantasmas. Por el contrario, hoy suman unos 400 millones de personas. Un poco más del 5% de la población mundial, aunque al mismo tiempo engrosen en un 15% las cifras globales del empobrecimiento. Y a pesar de ello, en sus escasos territorios (11%) han sabido conservar el 80% de biodiversidad del planeta. Esto cuando la crisis climática que ya nos afecta pone en cuestión y evidencia de forma radical que el modelo de desarrollo en el capitalismo no solo es inviable sino peligroso para la propia existencia humana y del planeta. Creemos por ello, que merece la pena que el mundo se pare por un día a pensar en la enorme riqueza de conocimientos, manejo de la naturaleza, culturas, formas de vida que estos pueblos aportan al planeta, pero también reflexionar sobre la sistemática violación de derechos en que viven, la cual se produce no solo un día sino los 365 del año hasta acumular décadas y siglos de todo tipo de injusticias, persecuciones y muertes. Y ahora, todo esto se agrava con la incidencia de la pandemia de la COVID-19 que les está golpeando de forma brutal ante la dejación y abandono, consciente en muchos casos, de diferentes gobiernos.

El pasado mes de mayo más de 45 organizaciones, coordinadoras y redes de cooperación del estado español hicimos público un documento bajo el título “Pandemia, Derechos y Pueblos Indígenas”. En el mismo expresábamos nuestra preocupación por la afección de esta epidemia en América Latina, con especial referencia a los pueblos indígenas. Nos hacíamos eco de las noticias que llegan diariamente a través de los medios de comunicación y de las propias organizaciones indígenas. Unas y otras reafirman el hecho innegable de que el coronavirus está poniendo en riesgo ya no solo la vida de las personas sino, en algunos casos, la propia existencia de diferentes pueblos en ese continente. Es bien sabido que hoy toda América se ha convertido en el epicentro de la pandemia a nivel mundial y, dentro de la misma, por ejemplo, en la cuenca amazónica, la enfermedad está totalmente descontrolada.

Insistíamos en un hecho que el propio sistema internacional reconoce desde hace décadas, aunque lo incumple de manera sistemática. Como pueblos poseen derechos individuales y derechos colectivos y esta es una premisa que debería marcar la visión y relación con ellos también al momento de enfrentar la actual pandemia. Los unos y los otros no pueden quedar postergados o sustituidos por medidas urgentes de simple ayuda humanitaria, a las que se está empezando a reducir la cooperación. La solidaridad no es efectiva si no va recargada, avalada, por el marco del ejercicio de los derechos que como pueblos les corresponden. En las últimas décadas, como sujetos políticos, los pueblos indígenas han alcanzado importantes avances ante las diferentes sociedades y frente a las instituciones estatales e internacionales respecto al reconocimiento de sus derechos. Avances constitucionales, desarrollos legislativos, instrumentos internacionales de derechos humanos, estrategias específicas de cooperación, son prueba de ello. Pero señalábamos también que la gravedad de estos tiempos pone en cuestión todos esos avances si no se articulan las políticas y medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos conseguidos y enfrentar la amenaza de la pandemia. Se ha asumido en gran medida la consigna de no dejar a nadie atrás, pero esperamos que esa decisión incluya no solo a las personas sino también a sus derechos; éstos no pueden quedar relegados en un segundo plano.

No haremos un repaso de la situación de América Latina, pero sí queremos subrayar que se trata de una de las regiones del mundo con los mayores niveles de desigualdad e injusticia social, los cuales se ven ahora acrecentados por la pandemia. En ese escenario los pueblos indígenas están siendo doblemente afectados, incluso con crecientes muestras de racismo y machismo por parte de determinadas élites y autoridades, como ejemplifica el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que acaba de ser denunciado ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad y genocidio por su negligencia consciente ante la pandemia y la crisis sanitaria. O la inacción absoluta del gobierno colombiano pese a saber que el confinamiento de la población, indígena en particular, está poniendo a sus liderazgos en la mira de los actores armados. O el abandono del gobierno golpista de Bolivia que, causando una subida incontrolada de contagios, usa la pandemia y su incidencia como nuevo pretexto para retrasar, una vez más, las elecciones y mantenerse en el poder hasta conseguir el desmantelamiento de los grandes avances en derechos y condiciones de vida de los últimos catorce años.

Frente a toda esta situación, hay que reiterar el convencimiento práctico, normativo y de derecho de que hay que redoblar el trabajo de forma especial por las demandas de estos pueblos. Práctico, porque hay que ir más allá de las palabras y son muchos los años de cooperación y solidaridad que nos muestran que este es el camino; normativo, porque así lo reconocen los instrumentos internacionales de derechos y estrategias de acción y cooperación. De derecho, evidentemente, porque como sujetos políticos, los pueblos indígenas deben ser los protagonistas de su presente y su futuro. En suma, menos declaraciones y más acciones reales en la defensa y ejercicio de los derechos.

Y el escenario en el que nos coloca a unos y a otros la pandemia solo nos reafirma en todo lo anteriormente señalado, así como en la urgencia de su abordaje. No puede ser que un día internacional de los pueblos indígenas pase con alguna declaración o referencia perdida en la vida política de este planeta. Hay responsabilidades diversas y múltiples. De los pueblos indígenas, por dar continuidad a la lucha de décadas por hacer efectivos sus derechos. De la solidaridad internacional por seguir apoyando, difundiendo y fortaleciendo sus luchas. De empresas transnacionales y oligarquías una retirada de proyectos que esquilman y destruyen los territorios hasta su destrucción, provocando nuevas realidades en la profundización de la crisis climática. De las instituciones, sociedades y clase política por hacer efectivo el respeto a los derechos de estos pueblos y a los de la naturaleza, y por supuesto dentro de éstos, por el derecho a definir su presente y su futuro desde y en sus propios territorios. Recordemos nuevamente un dato esencial: han sabido conservar mejor que el sistema capitalista dominante el 80% de la biodiversidad del mundo, luego igual el mundo que se dice desarrollado en este ámbito tiene mucho que aprender y poco que enseñar.

2020/08/04

Jesús González Pazos

Miembro de Mugarik Gabe