Aunque faltan detalles formales, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los grupos de acreedores por la deuda externa. Es una factura muy dudosa en su legitimidad. Será más difícil aún pagarla por los sacrificios que implica.

En la madrugada del 4 de agosto hubo fumata blanca entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de los acreedores, Jennifer O'Neil, de BlackRock. Fue en torno a la renegociación de la deuda externa, por los bonos en poder de esos acreedores, 64.800 millones de dólares.

La negociación se abrochará el 24 de agosto, en la letra chica de los contratos y bonos a emitirse, aunque ya ha ocurrido que fechas anunciadas en el país y ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) debieron correrse.

Los siete meses transcurridos de “tire y afloje” habrían llegado al final. Si bien como en casi todas las negociación ninguno de los bandos se llevó el cien por ciento, varios números indican quién salió ganando más y quién no.

En abril la primera oferta argentina consistía en pagar 38 centavos de cada dólar, pedía un plazo de gracia de tres años, descontaba 62 por ciento de los intereses y 5.2 por ciento del capital. Ante el rechazo del 85 por ciento de los acreedores, hubo nuevas propuestas en mayo y junio, que tampoco atrajeron a los tres bloques de acreedores: Ad Hoc (BlackRock), Exchange Bondholders (Monarch) y Comité de Acreedores ACC (Fintech).

En julio Martín Guzmán hizo lo que llamó la “última oferta”, misma denominación que las tres anteriores, ofreciendo 53,4 centavos por dólar, comenzar a abonar en septiembre de 2021, bajar el recorte de intereses y de capital.

Le volvieron a bajar el pulgar desde los tres grupos de bonistas, excepto dos integrantes del tercero de la lista, Fintech y Greylock, que en minoría abandonaron ACC. La mayoría de esos acreedores, con el liderazgo de BlackRock y en nombre del 50 por ciento de los títulos en negociación, reclamaron 56 centavos por dólar y acortamiento de los plazos de pago en dos cuotas a comenzar en 2021, pago de los intereses devengados, etc. El reclamo fue más fuerte en mantener las condiciones de los contratos de 2005, más favorables para los acreedores que las Cláusulas de Acción Colectiva de 2015.

Los últimos días de julio y primeros de agosto fueron de febril negociación. Por momentos parecía que no habría arreglo y luego algunos componedores volvían a reencauzar las conversaciones, hasta esa última entre Guzmán y O'Neil.

El gobierno, las cámaras empresarias monopólicas y su apéndice CGT, medios oficialistas como Página/12 y los opositores totales Clarín, La Nación e Infobae, etc, coincidieron en que se trataba de un muy buen arreglo. Dirigentes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, Luis Naidenoff y ex ministros macristas como Luis Caputo lo saludaron y felicitaron al presidente y el ministro.

Muchas dudas y sacrificios

Ese espectro mayoritario de opiniones favorables guarda relación con la votación en Diputados de la ley autorizando al gobierno para la reestructuración de la deuda. El 29 de enero pasado el resultado fue 224 votos a favor, 2 en contra del FIT y 1 abstención. Los legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otros bloques votaron juntitos. Esa ley guarda relación directa con el aplauso al fruto recogido el 4 de agosto.

El argumento de quienes se congratulan es que se habrían ahorrado 30.000 millones de dólares, al abonar 54,9 centavos de dólar. Y enfatizan también que los mayores vencimientos vendrán en los próximos años, dejando un valioso tiempo inicial para una recuperación económica.

Otro argumento a favor es que la tasa de interés anual será del 3,5 por ciento en vez del 7 por ciento vigente (no todo lo que desluce es macrista, pues además de los bonos de 2016 también había bonos de 2005, renegociados por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna).

Ahora, enunciemos las objeciones, que no provienen sólo del FIT sino de un arco bastante más amplio: Autoconvocatoria por Auditoría y Suspensión de la deuda (Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas), economistas Alejandro Olmos Gaona, Claudio Lozano y Eduardo Lucita; Partido de la Liberación y otras fuerzas de Izquierda, Jubileo 2000, Economistas de Izquierda (EDI), sectores peronistas referenciados en Julio de Vido y Santiago Cúneo, etc.

Este arco heterogéneo cuestiona que se haya aceptado pagar sin haber realizado antes una auditoría de la deuda, muchos de cuyos componentes son sospechosos de ilegalidad o ilegitimidad, sobre todo los bonos emitidos por la gestión amarilla. Esa sombra de deuda odiosa e ilegal se hace más espesa en el tramo que hasta ahora no se negoció, pero que comenzará muy pronto. Es la contraída con el FMI, por el crédito de 2018 concedido en violación de normas del ministerio de Economía y el Banco Central, y sin pasar por el Congreso.

Los críticos también ponen el acento en algo que el gobierno trata de minimizar al hacer propaganda de los 30.000 millones de dólares que ahorrará con su acuerdo. Aquellos llaman la atención sobre lo que Argentina pagará de más, comparando la primera oferta de abril, de 38 centavos de dólar, con la final de agosto, de 54,9 centavos. Por ese retroceso gubernamental el país oblará 16.500 millones extras. Alfredo Zaiat, defensor de lo actuado por el gobierno, escribió en Página/12 que será una suma algo menor, de 11.800 millones, que de todos modos ilustra la gravedad de la falla.

Con lo firmado con BlackRock y demás acreedores el país se ha cargado una durísima mochila al hombro. Cuando se haya firmado el texto final se podrá precisar mejor cuántas toneladas pesa esa carga, a lo que habrá que sumar el posterior acuerdo con el FMI, lo del resto de los acreedores en el mercado local, las cuotas impagas al Club de París, etc.

Serán necesarios varios miles de millones de dólares al año para pagar esa factura que ambos Fernández (no sólo Alberto sino también Cristina) aceptaron sin el beneficio de inventario de una auditoría como en su momento hicieron gobiernos progresistas de la Alianza País en Ecuador y Sirias en Grecia.

¿Quiénes pondrán el hombro?

La oferta inicial del gobierno suponía empezar a pagar en 2023, pero aceptó que sea en 2021. ¿Acaso la economía argentina estará en condiciones de hacerlo? No. No podrá hacerlo al menos sin un sacrificio extraordinario del pueblo y los sectores más humildes, algo que AF prometió que no habría.

Esta discusión hay que ilustrarla con números y realidades.

La economía viene cayendo mes a mes. La CEPAL y el FMI pronosticaron una merma del PBI del 10 por ciento este año. El Banco Central difundió estudios de consultoras llevan esa disminución al 12,5. Será el tercer año consecutivo de caída, pues la recesión se inició mucho antes del COVID-19. Abarcó 2018 y 2019 con el eterno veraneante hoy en Saint Tropez.

¿Después de tres años de recesión se estará en condiciones de pagar la deuda externa? La respuesta es negativa. Salvo que se pidan nuevos sacrificios a la población, donde el nivel de pobreza ya alcanza el 50 por ciento (62,5 por ciento de los niños son pobres según el Observatorio de la UCA) y se estima que a fines de 2020 se habrá perdido un millón de empleos.

A los trabajadores suspendidos, por acuerdo de la CGT y la Unión Industrial les descuentan el 25 por ciento de los salarios. El recorte quiere ser aumentado por Techint al 50 entre sus suspendidos de cuatro plantas de Tenaris.

Uno de los pocos gremios que consiguió buena una paritaria fue Camioneros, por el 30 por ciento. Es encomiable, pero la inflación prevista para este año es del 39 por ciento y ahora toma impulso por varias razones. Está por anunciarse un aumento de los combustibles del 7 por ciento, luego de meses de congelamiento; las petroleras y distribuidoras se quejan que el retraso es del 12-15 por ciento.

Otra mala señal de lo acordado en deuda externa es que para reunir divisas y afrontar aquellos pagos el gobierno va a profundizar las alianzas con los monopolios de los rubros exportables que podrían liquidar divisas. Las concesiones a Techint, las petroleras, las cerealeras y demás exportadores estarán a la orden del día.

Esos intereses monopolistas ponen sus negocios por sobre todo lo demás, pisando cabezas. Está en su naturaleza, como la del escorpión. Sonríen, sobradores, cuando escuchan al presidente abogar por un capitalismo donde ganen todos. Saben bien que eso no existe.

Esos círculos no van a producir y exportar más, ni van a liquidar sus dólares, si el gobierno no les baja retenciones y no les garantiza que el dólar valga 100 pesos. Eso supondría devaluaciones del peso, con la pérdida del valor adquisitivo del salario y más saltos inflacionarios.

Los monopolios de la UIA, la AEA, Suciedad Rural, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción y Asociación de Bancos saludaron el acuerdo, pero no están dispuestos a poner ni un dólar para pagar esos compromisos con BlackRock y Cía.

Un ejemplo lo que grafica. El impuesto a la riqueza, según Horacio Verbitsky (Cohete a la luna y LA ARENA 28/6), ingresaría a Diputados el 14 de julio. Error. Sergio Massa declaró que el proyecto entrará en noviembre junto con el Presupuesto 2021. O sea, chau impuesto en 2020. Otra vez sopa, la sopa amarga de Vicentín.

Sergio Ortiz
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